domingo, 24 de abril de 2011

El ayuntamiento detalla la ruina del Lluís Sitjar

El informe técnico redactado por Cort no deja lugar a dudas: el estadio Lluís Sitjar sufre graves problemas estructurales en forjados, pórticos y pilares, así como en muros de carga, gradas y foso. Su demolición costaría 324.000 euros y su recuperación y consolidación, sin embellecimiento alguno, 5,2 millones de euros, 2,1 millones más del valor estimado del edificio, lo que permite a los redactores del informe decretar su ruina económica.
El pormenorizado texto ha sido adjuntado a los copropietarios del Lluís Sitjar junto a la notificación del inicio del expediente de ruina que ha iniciado el Ayuntamiento, lo que tras la fase de alegaciones obligará a los copropietarios del edificio a demoler el inmueble y correr con todos los gastos de la obra.
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En el capítulo de forjados, la inspección técnica detecta en el viejo campo de fútbol viguetas que han perdido su recubrimiento cerámico, oxidadas y con considerable merma de su capacidad portante, lo que ha provocado el derrumbe de una franja de ocho metros de la grada que da a la Avenida Doctor Gómez Ulla, además de humedades, armaduras al descubierto y mal estado de las uniones de los forjados.
En pórticos y pilares, el informe observa fisuras y desconchados, así como algún movimiento estructural. Y señala que en uno de los pilares de la grada Oeste la armadura se encuentra a punto de romperse, debido a la gran pérdida de su sección por corrosión.
Los muros de carga del estadio que vio jugar al Mallorca no se encuentran tampoco en mejor estado. Existe una estructura inicial a base de muros de carga de ladrillo macizo que a día de hoy han perdido una parte importante de su resistencia, pues el material cerámico se va disgregando en la base del muro hasta una altura de un metro aproximadamente y queda tan sólo el mortero de las juntas de las piezas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la parte inferior de la grada Oeste, en la que se ha reforzado el forjado inicial a base de perfiles metálicos.
En cuanto al graderío, se puede apreciar su considerable deterioro en la vista general que ofrece el acceso de la plaza Barcelona. Parte de los asientos de plástico dispuestos sobre los peldaños no están fijados. Las gradas se encuentran llenas de escombros de los pretiles que las dividían por zonas y algunas de ellas carecen ya incluso de barandilla de protección.
Por su parte, el foso perimetral que rodea el antiguo terreno de juego, formado por muros de contención de hormigón armado, construido con la reforma del año 1983, manifiesta serios problemas de estabilidad, según se detalla en el informe técnico de Cort. Es otro de los elementos del estadio que precisa una reparación.
El informe solo atiende al estado de conservación del edificio y no se centra en otros aspectos como las condiciones de salubridad en la que se encuentra y cómo éstas afectan a los vecinos.

Los edificios con mayor amenaza de ruina, en Centro y Arganzuela.

La mayoría de los madrileños piensan que su casa es absolutamente segura. Pero la realidad es que casi la mitad de los edificios de más de 30 años de la capital deben ser reparados por la aparición de grietas, de goteras o, incluso, de problemas estructurales que pueden derivar en un derrumbe. Concretamente, el 44,6% de los inmuebles de Madrid no superan la Inspección Técnica de Edificios (ITE), según datos facilitados por el área municipal de Urbanismo.
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Desde 2000, el Ayuntamiento obliga a pasar la ITE a los edificios de más de 30 años. En ese tiempo han pasado este examen 69.430 inmuebles, casi tres cuartas partes de las construcciones de la ciudad. Las mayores deficiencias se han encontrado en Centro, donde el 61% de las inspecciones acaban con resolución desfavorable. Tampoco salen bien parados los pisos de Arganzuela, Chamberí o Tetuán (ver tabla). La ley obliga a los edificios con dictámenes negativos a hacer reformas urgentes para evitar el colapso.
"Apuntalar a diario"
Las zonas del centro con más inmuebles amenazados son "Lavapiés, Malasaña y los Austrias, donde hay edificios de más de dos siglos con entramados de madera que se vienen abajo con el tiempo", explican fuentes del cuerpo municipal de Bomberos. "Allí tenemos que apuntalar viviendas a diario", añaden.
Durante las inspecciones, los técnicos revisan el estado de la estructura y los cimientos para descartar un colapso del edificio. También controlan las cubiertas en busca de goteras, las paredes y las redes de fontanería y saneamiento. Además, vigilan las fachadas, las terrazas y los elementos que pueden caer a la calle y dañar a los peatones.
Las grandes debilidades de los edificios madrileños son "las aguas subterráneas que barren los cimientos y las termitas y humedades que se comen la madera", apunta la decana del Colegio de Arquitectos, Paloma Sobrini. Los vecinos lo empeoran aún más: "Las chapuzas en casa tienen consecuencias desastrosas. Uno tira un tabique, otro cierra la terraza, otro altera las tuberías y el edificio se resiente", advierte Sobrini.

La Junta dará ayudas del 30% para costear la inspección técnica de edificios.

La Junta de Castilla y León impulsará una línea de ayudas dirigida a los propietarios de viviendas con más de 40 años de antigüedad para sufragar los gastos de la inspección técnica de edificios que puede alcanzar el 30 por ciento del coste total del proyecto.
Así lo ha manifestado hoy en Segovia el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, que ha inaugurado la Jornada Técnica sobre Inspección y Rehabilitación de Edificios, en la que se han dado cita profesionales y representantes del sector de la construcción de toda la provincia para conocer las novedades normativas y fiscales relacionadas con la inspección y la rehabilitación.
En declaraciones a los periodistas, el consejero ha manifestado que la normativa que regula la obligatoriedad de la inspección de edificios afecta a cerca de 82.000 inmuebles de 60 municipios de más de 20.000 habitantes en Csatilla y León, y señaló que su puesta en práctica "es una garantía para la habitabilidad y la calidad de las viviendas de la región".
Asimismo, señaló que la rehabilitación de edificios supone "un impulso al desarrollo del sector de la construcción, que vive un momento delicado por la crisis y que puede encontrar una vía de futuro a través de esta normativa".
Además de las ayudas económicas directas, Silván ha precisado que la Consejería de Hacienda ha puesto en marcha incentivos fiscales asociados a la inspección de edificios que bonifica las obras en inmuebles de más de 30 años para garantizar su conservación antes de la revisión obligatoria, y que alcanzan una deducción en el IRPF del 15 por ciento de la cantidad abonada hasta un máximo de 10.000 euros.
Estas jornadas vienen celebrándose de forma itinerante en todas las capitales de provincia de la región, y cuentan con la colaboración de instituciones como los Colegios de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas, así como de la Cámara de Contratistas de Castilla y León y el Instituto de la Construcción.

Medidas para convertir edificios al ecologismo

Mejorar el aspecto estético de una ventana con un toldo está bien, pero si ese elemento se coloca estratégicamente para que la vivienda sea eficiente energéticamente, es mucho mejor. Un grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y otro de la de Industriales de la UMA se encuentran inmersos en un proyecto de rehabilitación sostenible que intentará mejorar los edificios de toda España analizando los malagueños.
Se trata de un proyecto llamado ‘Rehabilitación sostenible de edificios’, aprobado como un Proyecto Integrado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Con un presupuesto de unos 5,4 millones de euros, el objetivo es desarrollar un sistema informático que permita evaluar y seleccionar medidas para rehabilitar los edificios, estudiando la gran masa edificatoria española, fundamentalmente de los años 60 –cuando el boom inmobiliario provocó un crecimiento compulsivo–, para mejorar su eficiencia energética.
Por ejemplo, se investigarán las incorporaciones de fuentes de energía renovables a los mismos y el mejor uso de las energías convencionales ya existentes.
Aunque es un proyecto a nivel nacional y cuyos resultados podrán aplicarse a toda España, se ha elegido Málaga para el estudio por su condición climatológica variada, que permite analizar, por ejemplo, edificios de zonas de interior frías o zonas costeras con temperaturas más suaves, según explicó el director del grupo de Arquitectura, Javier Boned.
En primer lugar, su escuela detectará la eficacia energética de distintos edificios de Málaga elaborando fichas para valorar los aspectos técnicos de las edificaciones, atendiendo a parámetros como el tipo de fachada, los materiales utilizados, la estructura o la fecha de construcción. Una vez realizado este proceso se podrá proceder a la clasificación de los edificios, que se prevé que se componga de más de una docena de tipos.
En el proyecto participan seis profesores del Área de Construcción de la ETSA y dos alumnos becarios de quinto curso coordinados por Boned.
Por su parte, el grupo de Industriales –dos doctores y una persona externa contratada– trabajará en la evaluación de la situación actual de los edificios –averiguando por qué consumen determinada cantidad de energía–, y desarrollarán una evaluación para conocer qué porcentaje de ahorro de energía supondría aplicar distintas medidas de rehabilitación, según informó el responsable, José Manuel Cejudo.
Asimismo, la ETSA elaborará una serie de propuestas para mejorar los recursos energéticos de los edificios rehabilitándolos. Según explicó Boned, es una forma de evitar tener que construirlos íntegramente. Las medidas irían encaminadas a, por ejemplo, colocar elementos en las fachadas como toldos o ventanas con vidrios específicos para conservar el calor en los edificios, aislarlos, evitar humedades, etcétera.
A través del estudio podrán observarse también qué construcciones se repiten más en los edificios que tienen 40 ó 50 años en la provincia, por ejemplo; el tipo de azotea, la forma de las fachadas o la estructura –abierta, cerrada, en forma de ‘H’–. Se lleva trabajando en él aproximadamente un año y se prevé que dure cuatro.
La alternativa
La normativa referida a la construcción de viviendas y los Planes Generales de Ordenación Urbanística cada vez son más restrictivos y cada vez queda menos espacio donde edificar en los grandes núcleos urbanos, lo que podría llevar al gremio de los arquitectos a buscar alternativas laborales como este proyecto de rehabilitación.
El profesor Boned opinó que el futuro de los arquitectos podría pasar por especializarse en detectar patologías de los edificios. «Los arquitectos se tendrán que convertir en una especie de médicos», expresó, en referencia a que, debido a la crisis, no se construye tanto, por lo que los profesionales habrán de trabajar en mejorar las edificaciones ya existentes.
Servirá para otras ciudades
La clave es que con las propuestas de mejoras referidas a la sostenibilidad, las empresas podrán llevarlas a cabo tanto en Málaga como en el resto de edificaciones de todo el territorio nacional gracias a que la tipología de la muestra es representativa por su variedad. El proyecto ha sido financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa operativo Fondo Tecnológico 2007-2013 de la Unión Europea. Participan las empresas FCC Construcción, URSA, OPLAN, Energesis, Metales Extruidos, la Junta de Andalucía, y la UMA junto con la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Eduardo Torroja y la Escuela Técnica Superior de Industriales de Sevilla.

Urbanismo ampliará el plazo para las ITE de 26.000 edificios

La situación económica no invita a pedir más esfuerzos al ciudadano, así que el Ayuntamiento aprobará la ampliación del plazo de presentación de las Inspecciones Técnicas de Edificación (ITE) del caserío de entre 25 y 50 años. En principio, 26.049 edificios tenían que pasar esta revisión antes del próximo 6 de julio. Barrios casi enteros, como Nervión, Rochelambert, Tiro de Línea y San Pablo deben chequearse con el objetivo de evitar el deterioro de las construcciones por el paso del tiempo y, por ello, accidentes o males mayores.
El grupo socialista presentará una moción en el próximo Pleno municipal proponiendo dicha prórroga, mientras que Izquierda Unidad llevará el miércoles a la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo una iniciativa para que dicha moratoria sea de un año.
El objetivo es que las comunidades de vecinos y los propietarios de fincas no tengan que hacer frente a este gasto de forma inmediata y, al tiempo, desatascar la Gerencia de Urbanismo, a la que están llegando inspecciones de forma masiva.
No en vano, a las 26.049 ITE de edificios entre 25 y 50 años hay que sumar las 5.628 fincas que ya debieron haber presentado su informe, positivo o pendiente de arreglos y aún no lo han hecho. A muchos de ellos se les acabó el plazo el pasado 6 de noviembre de 2009, tras varias prórrogas aprobadas por Urbanismo tanto para los edificios de entre 75 y 50 años como para los más antiguos y protegidos.
Por otro lado, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo también aprobó hace unas semanas que los edificios a rehabilitar en el Parque Alcosa estuvieran exentos de realizar ahora esta ITV para bloques y casas, algo que finalmente se extenderá al resto de la ciudad, al menos, durante un año.
IU, por su parte, logró que la Gerencia aprobase para 2011 una partida de 197.000 euros para la ITE solidaria, ayudas destinadas a las comunidades de vecinos con menos ingresos. No obstante, es una cantidad de dinero muy baja para paliar al aluvión de inspecciones pendientes, sobre todo porque afectan a barrios desfavorecidos. Según los técnicos, con ese dinero no llega ni para subvencionar 300 inspecciones.
Durante 2010 se presentaron sólo 1.831 inspecciones, según la Gerencia de Urbanismo. Por falta de información y, sobre todo, porque la crisis no favoreció la redacción de estos informes, que pueden conllevar una reforma a posteriori y, por tanto, otro gasto.
Según el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, una ITE de una vivienda unifamiliar en buen estado de entre 100 y 200 metros cuadrados puede costar 350 euros. Un edificio plurifamiliar de 500 metros cuadrados puede valer 575 euros si todo está correcto, 750 si hay anomalías y 1.000 si hay peligro. Si el bloque de pisos tiene 1.000 metros cuadrados (unos 10 vecinos), los precios oscilan entre los 750 y 1.250 euros. Si tiene 2.000 metros cuadrados, la más barata podría ser de 1.000 euros y las más cara, de 1.500.
Sin embargo, la gran competencia y la alta tasa de paro o inactividad entre los arquitectos y aparejadores desinflaron los precios. En el mercado se piden alrededor de 450 o 600 euros para un bloque de doce vecinos, pero hay quien hace el trabajo por 200 euros, lo que evidentemente rebaja la calidad del mismo.
Según los colegios profesionales, el colapso en la Gerencia de Urbanismo ante la presentación masiva de ITE es tal que han exigido la revisión de muchos informes ante posibles anomalías en la redacción de las inspecciones.
De hecho, los colegios han denunciado que al prescindir de la documentación visada por los colegios correspondientes (algo que recoge la nueva legislación estatal) se pone en peligro la seguridad de los ciudadanos.
No obstante, la fórmula de la declaración responsable debería garantizar el correcto ejercicio profesional siempre que Urbanismo revise y analice la documentación presentada, algo para lo que requiere medios y personal. Y el recorte presupuestario no da para mucho.

El ayuntamiento de Madrid asegura que ha cumplido el 89% de su plan de rehabilitación

El coordinador general de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan José de Gracia, ha asegurado hoy que el consistorio ha cumplido ya el 89% de las 90.000 actuaciones de rehabilitación comprometidas para el periodo 2003-2011.
Han sido en total 80.063 actuaciones, entre ellas 62.323 derivadas de inspecciones técnicas de edificios mediante ayudas exclusivamente municipales y 13.895 realizadas a través de las áreas de Rehabilitación Integral y del Centro Histórico, con aportaciones de las tres administraciones públicas.
De Gracia ha hecho estas afirmaciones en el arranque de la Jornada Franco-Madrileña sobre rehabilitación y construcción sostenible que hoy ha reunido en Madrid a expertos que han compartido las experiencias llevadas a cabo en diferentes ámbitos.

viernes, 22 de abril de 2011

Seguridad entre paredes. Miranda

Más de 9.000 viviendas de la ciudad deberían someterse a un 'chequeo' general para constatar su buen estado de salud o recibir tratamiento. Pero, de momento, ninguna ha pasado revisión con el especialista, en este caso, técnicos en construcción y edificación a los que los ciudadanos que vivan en inmuebles con más de 40 años deberán dirigirse para que les realicen la correspondiente Inspección Técnica y Rehabilitación de Edificios.
Trasladando la situación a otro sector, sería como llevar el coche a la ITV para que una vez que han pasado 4 años se realice un control sobre su situación y, si es necesario, se apunten algunas mejoras. El objetivo de esta medida impulsada por las administraciones es incentivar el mantenimiento en buenas condiciones de uso y habitabilidad de los edificios, algo que, por otra parte, es obligatorio para los propietarios de las promociones que se levantaron hace más de cuatro décadas. De esta forma, la Junta de Castilla y León considera que se va a lograr un doble objetivo: incentivar la seguridad de los edificios y, al mismo tiempo, generar empleo en un sector muy afectado por la crisis económica.
El reglamento regional para regular las inspecciones se aprobó a principios de 2004, pero desde entonces apenas se han realizado actuaciones. De hecho, la mayoría de los ayuntamientos afectados -aquellos con más de 20.000 habitantes o PGOU propio-, no han desarrollado su ordenanza para enmarcar las tareas. El de Miranda es uno de ellos.
Y es que, según apuntaron técnicos del Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), la Consejería de Urbanismo «da potestad a los consistorios para que impulsen las inspecciones con una ordenanza municipal específica».
Con la norma regional en la mano, en estos momentos, aquí tendrían que pasar revisión 1.974 edificios, que suman un total de 9.068 viviendas. La media de pisos por inmueble se sitúa en 4,6. Algo lógico si se tiene en cuenta que antes no eran demasiado habituales las casas con muchas alturas.
De hecho, los bloques con más de medio siglo en pie son mayoría en el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 42% de los inmuebles que deben pasar la inspección fueron levantados antes de 1950. Son, en total, 829 edificios, que acogen el 30% de las viviendas afectadas (2.747). El porcentaje de construcciones es un 12% superior al de pisos.
La medida también coge a otras 573 casas con 2.910 hogares que se construyeron en la década de los 50. Suponen el 29% de los inmuebles afectados y albergan el 32% de las pisos o apartamentos. En el grupo de los más 'jóvenes', pero también incluidos en la regulación están los 572 bloques que se levantaron entre 1961 y 1970, en los que hay registradas 3.411 puertas, el 37,6% del cómputo global.
Pero el número no es inamovible. Varía de modo continuo, tanto por la incorporación de más inmuebles que cruzan la barrera de los 40 como por la desaparición de otros que son derribados para levantar nuevos proyectos.
Cinco exámenes
La Inspección Técnica debe realizarse dentro de los 12 meses siguientes a que se cumpla la edad límite. Es decir, los 40 años de la terminación del edificio o de su rehabilitación integral y también los 10 desde la anterior revisión.
En principio, señalaron desde el Instituto de Construcción de Castilla y León, son 5 los aspectos que se examinarán. Ahí se incluye el estado de la cimentación, de la estructura, de las fachadas, de las instalaciones y de las cubiertas. «Estos son comunes para toda España. Se trata de los elementos principales», señalaron.
La idea es que la inspección dé seguridad al propietario, ya que tendría una garantía sobre la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y mantenimiento de la situación de seguridad y salubridad.
El técnico, apuntaron, debe valorar el edificio «en función de lo que vaya viendo o de pequeñas catas y sondeos». De esos trabajo se derivará un informe que, si es favorable, no conllevará ningún trámite más, salvo el de presentar una copia en el Ayuntamiento y, si no lo es, propondrá las mejoras o las obras que son necesarias para «poner al día» esa vivienda.
Existe, «desde hace años», la obligación de tramitar las inspecciones, pero no se está haciendo. Al menos, no al ritmo deseado. «Hay ciudades que hace tiempo que lo implantaron, pero en Castilla y León nos ha costado un poco más. Además, si lo miramos por provincias, podemos decir que Burgos es de las que está a la cola».
De hecho, que el ICCL tenga constancia, sólo se han realizado inspecciones en la localidad de Belorado, aprovechando el Área de Rehabilitación Integral (ARI), que afecta a 288 de sus edificios.
Pero ¿por qué los ayuntamientos no se han interesado por desarrollar su propia ordenanza? Fundamentalmente, por la obligación de acometer subsidiariamente las inspecciones si no las realizan los propietarios de los inmuebles, aunque luego se les pase el cargo.
Una factura que, según se expuso en la jornada informativa realizada esta misma semana en Burgos por la Junta y el ICCL, puede rondar «entre los 600 y 1.200 euros por edificio», aproximadamente. Y es que cada técnico tiene derecho a marcar su propia tarifa. En la reunión se habló de que en un bloque de viviendas a cada vecino le podría tocar pagar «entre 50 y 60 euros», dependiendo del número de residentes.
Pero podría ser mucho mayor la partida a desembolsar inicialmente por las arcas municipales, ya que si del informe se deriva la necesidad de hacer reformas, el gasto se dispararía. Y cobrar a posteriori no siempre resulta sencillo.
Lo deseable es lograr que los ciudadanos se conciencien de la importancia de vigilar la seguridad y de inculcar el mantenimiento de la vivienda, que en muchos casos, los propietarios ya vienen haciendo de motu propio. «La mayoría trata de adecuar sus casas, pero nos preocupamos menos por las zonas comunes. Es más complicado. No en todas las comunidades se tienen las mismas actitudes», explicaron desde el ICCL.

El Ayuntamiento aprueba las ayudas para rehabilitar 623 viviendas en tres barrios

La junta de gobierno local aprobó ayer la adhesión del Ayuntamiento al convenio que permitirá rehabilitar un total de 623 viviendas en Palavea, Mariñeiros y el Birloque. En total, la actuación dispondrá de un presupuesto de 2,2 millones y estará cofinanciada por la Secretaría de Estado de Vivienda y el Instituto Galego da Vivenda e o Solo, que aportarán 876.000 euros cada uno (el 80% del total), mientras que el Ayuntamiento aportará el 20% restante, 438.000 euros.
Las subvenciones, a fondo perdido, cubrirán hasta un 80% del proyecto de reforma presentado por la comunidad de vecinos de cada edificio, que será visado por los técnicos municipales para determinar si se ajusta a las bases de la convocatoria. El concejal de Rehabilitación, Mario López Rico, subrayó ayer que «o máis habitual é que os proxectos que se presentan incidan na mellora dos elementos comúns dos edificios, na súa edificabilidade e no acondicionamento térmico e acústico». El concejal apuntó que, en el caso de Mariñeiros y Palavea, con 295 y 288 viviendas a rehabilitar, respectivamente, el convenio entrará en su segunda fase, mientras que para los 40 inmuebles del Birloque será la primera oportunidad de acceder a las subvenciones.
Los propietarios que estén interesados en rehabilitar sus bloques pueden solicitar ya las ayudas, explicó ayer López Rico, que subrayó que el Ayuntamiento coruñés «é o único de toda Galicia que vai adiantando os cartos, no resto entréganse ao final da rehabilitación, polo que os particulares non contan só cunha subvención do 80% senón que non teñen que ir aportando cartos».
Junto a la rehabilitación de los inmuebles, las ayudas aprobadas ayer permitirán también reurbanizar los entornos de los tres barrios, con un presupuesto total de 730.000, un tercio del total del convenio. Con todo, esas obras no empezarían hasta el 2013, según la programación detallada ayer por el Ayuntamiento, que reserva este año para preparar los proyectos y estudiar las solicitudes presentadas. En el 2012 se empezarían los trabajos y se adelantaría el 50% de las subvenciones a los particulares, un pago que se completaría junto a la contratación de las obras de urbanización, que finalizarían en el 2014.
López Rico indicó que la elección de estas zonas como objetivos del plan de rehabilitación se produce porque «estes grupos de vivendas cumpren xa máis de 50 anos e os seus propietarios vense xa obrigados a facer reformas polo propio estado do edificio e para pasar a inspección técnica».

Urbanismo ampliará el plazo para las ITE de 26.000 edificios

La situación económica no invita a pedir más esfuerzos al ciudadano, así que el Ayuntamiento aprobará la ampliación del plazo de presentación de las Inspecciones Técnicas de Edificación (ITE) del caserío de entre 25 y 50 años. En principio, 26.049 edificios tenían que pasar esta revisión antes del próximo 6 de julio. Barrios casi enteros, como Nervión, Rochelambert, Tiro de Línea y San Pablo deben chequearse con el objetivo de evitar el deterioro de las construcciones por el paso del tiempo y, por ello, accidentes o males mayores.
El grupo socialista presentará una moción en el próximo Pleno municipal proponiendo dicha prórroga, mientras que Izquierda Unidad llevará el miércoles a la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo una iniciativa para que dicha moratoria sea de un año.
El objetivo es que las comunidades de vecinos y los propietarios de fincas no tengan que hacer frente a este gasto de forma inmediata y, al tiempo, desatascar la Gerencia de Urbanismo, a la que están llegando inspecciones de forma masiva.
No en vano, a las 26.049 ITE de edificios entre 25 y 50 años hay que sumar las 5.628 fincas que ya debieron haber presentado su informe, positivo o pendiente de arreglos y aún no lo han hecho. A muchos de ellos se les acabó el plazo el pasado 6 de noviembre de 2009, tras varias prórrogas aprobadas por Urbanismo tanto para los edificios de entre 75 y 50 años como para los más antiguos y protegidos.
Por otro lado, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo también aprobó hace unas semanas que los edificios a rehabilitar en el Parque Alcosa estuvieran exentos de realizar ahora esta ITV para bloques y casas, algo que finalmente se extenderá al resto de la ciudad, al menos, durante un año.
IU, por su parte, logró que la Gerencia aprobase para 2011 una partida de 197.000 euros para la ITE solidaria, ayudas destinadas a las comunidades de vecinos con menos ingresos. No obstante, es una cantidad de dinero muy baja para paliar al aluvión de inspecciones pendientes, sobre todo porque afectan a barrios desfavorecidos. Según los técnicos, con ese dinero no llega ni para subvencionar 300 inspecciones.
Durante 2010 se presentaron sólo 1.831 inspecciones, según la Gerencia de Urbanismo. Por falta de información y, sobre todo, porque la crisis no favoreció la redacción de estos informes, que pueden conllevar una reforma a posteriori y, por tanto, otro gasto.
Según el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, una ITE de una vivienda unifamiliar en buen estado de entre 100 y 200 metros cuadrados puede costar 350 euros. Un edificio plurifamiliar de 500 metros cuadrados puede valer 575 euros si todo está correcto, 750 si hay anomalías y 1.000 si hay peligro. Si el bloque de pisos tiene 1.000 metros cuadrados (unos 10 vecinos), los precios oscilan entre los 750 y 1.250 euros. Si tiene 2.000 metros cuadrados, la más barata podría ser de 1.000 euros y las más cara, de 1.500.
Sin embargo, la gran competencia y la alta tasa de paro o inactividad entre los arquitectos y aparejadores desinflaron los precios. En el mercado se piden alrededor de 450 o 600 euros para un bloque de doce vecinos, pero hay quien hace el trabajo por 200 euros, lo que evidentemente rebaja la calidad del mismo.
Según los colegios profesionales, el colapso en la Gerencia de Urbanismo ante la presentación masiva de ITE es tal que han exigido la revisión de muchos informes ante posibles anomalías en la redacción de las inspecciones.
De hecho, los colegios han denunciado que al prescindir de la documentación visada por los colegios correspondientes (algo que recoge la nueva legislación estatal) se pone en peligro la seguridad de los ciudadanos.
No obstante, la fórmula de la declaración responsable debería garantizar el correcto ejercicio profesional siempre que Urbanismo revise y analice la documentación presentada, algo para lo que requiere medios y personal. Y el recorte presupuestario no da para mucho.

5.531 viviendas de Aranda deben realizar la Inspección Técnica de Edificios

La Consejería de Fomento ha creado una nueva línea de ayudas dirigida a los propietarios de viviendas que lleven a cabo la Inspección Técnica de Edificios que puede alcanzar hasta el 30% del coste de la rehabilitación.
El objetivo de esta medida es incentivar el mantenimiento en buenas condiciones de uso y habitabilidad de los edificios que por otra parte es obligatoria para los propietarios de las viviendas de más de cuarenta años tal y como se ha señalado anteriormente. De esta forma se incentiva la seguridad de los edificios y al mismo tiempo se genera empleo en un sector muy afectado por la crisis económica.
La Inspección Técnica de Edificios es obligatoria para los propietarios de edificios de más de cuarenta años y en municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos que sin alcanzar esa población disponen de Plan General de Ordenación Urbana. En Aranda 5.531 viviendas de 1.352 edificios tienen obligación realizar la ITC, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Soledad Romeral, procuradora popular en las Cortes de Castilla y León recalca que es una medida que favorece la seguridad de los propietarios de este tipo de edificios.
La Inspección Técnica debe realizarse dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan los cuarenta años de la terminación del edificio o de su rehabilitación integral, en su caso, y dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan diez años desde la anterior inspección.
El propietario debe encargar la Inspección a un técnico competente en materia de construcción. El técnico expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deberán presentar en el Ayuntamiento una copia de ese certificado y del informe anexo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo en el que corresponda realizarla.
El Ayuntamiento puede requerir a los propietarios que acrediten la realización de la inspección técnica dentro de un plazo máximo de tres meses. Si no lo hacen, el Consistorio puede realizar la inspección pero los gastos correrán a cargo de los propietarios.

En marcha el arreglo de 17 de los bloques de Vista Alegre

Han pasado ya casi cinco años desde que se aprobaba la declaración del barrio de Vista Alegre como Área de Rehabilitación Integral. Los trámites administrativos han sido farragosos y las obras han tardado en arrancar, pero el alcalde y la concejala de Rehabilitación, Olga Pedreira, pasaban ayer revista a la reforma, a punto de terminar, del primero de los bloques. El edificio, el número 6 de la rúa Santa Uxía de Ribeira, cuenta ya con un ascensor exterior, en fase de pruebas.
De los cuarenta y siete bloques incluidos en el ARI, diecisiete están ya en proceso de reforma. Además del que ayer visitaron Bugallo y Pedreira, hay otro en obras, el número 2 de la rúa Boiro. Otros nueve tienen en marcha el proyecto técnico y seis están en los trámites iniciales.
La declaración de ARI afecta a las 752 viviendas construidas en el polígono de Vista Alegre entre los años 1970 y 1987. Se edificaron en tres fases, y en las dos primeras, que incluyen 35 bloques con 560 pisos, no se incluyeron ascensores. Este es uno de los elementos que se prioriza en las inversiones previstas en el programa de actuaciones, así como la mejora de escaleras, la cubierta y las fachadas y los servicios básicos, además de actuaciones interiores.
El desarrollo del plan de reformas supone la inversión de 5,39 millones de euros en dos fases, mediante convenios con las administraciones públicas. La primera de estas fases incluye doscientas actuaciones, en las que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrucuras, y el Ministerio de Fomento asumen un 45% de los costes aportando 1,8 millones.
En la primera fase de las actuaciones se contempla también una rehabilitación de espacios públicos, que financiarán Fomento con un 25%, la Xunta, con un 40% y el Ayuntamiento de Santiago, que asumirá el 45% restante, de una inversión de novecientos mil euros.
La segunda fase incluye veinte actuaciones de rehabilitación, también con un presupuesto de 900.000 euros financiados en las mismas proporciones.

Piden un decreto que regule las inspecciones de edificios antiguos

La Comisión parlamentaria de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha aprobado, con los votos a favor de PSE-EE, PP y EB, una enmienda en este sentido que ha rechazado el PNV
EB ha llevado este debate a la Cámara a través de una proposición no de ley en la que reclamaba el desarrollo de las materias reguladas en el artículo 200 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Según ha recordado el parlamentario de EB, Mikel Arana, ese artículo, que no ha sido desarrollado aún, establece la obligación de encomendar a técnicos facultativos la realización de inspecciones para determinar el estado de conservación de edificaciones de uso residencial construidas hace más de 50 años.
Según los datos aportados por Arana, un informe del Departamento vasco de Vivienda asegura que en Euskadi existen unos 80.000 edificios con más de 50 años, es decir, unas 326.000 viviendas, lo que representa casi la mitad del parque inmobiliario actual.
EB y PSE-EE han transaccionado una enmienda, que también ha apoyado el PP en la votación, en la que piden al Ejecutivo vasco que presente este año el borrador de decreto que regule las materias previstas en dicho artículo de la Ley de Suelo y Urbanismo y que para ello se busque el acuerdo de EUDEL ya que el desarrollo legislativo entra en el ámbito competencial municipal.
El PNV ha votado en contra de la iniciativa y ha mantenido su enmienda, que ha sido rechazada, en la que pedía que el borrador de decreto se presentara una vez alcanzado un acuerdo con EUDEL respecto a los aspectos que impliquen una modificación en el ámbito de la competencia municipal en materia de disciplina urbanística.
El parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña ha insistido en que es "imprescindible" que el Gobierno Vasco llegue a un acuerdo con EUDEL antes de presentar el borrador y ha criticado la falta de diálogo del Departamento de Vivienda y su "gusto por la imposición" en materias como el plan de Vivienda y Regeneración Urbana.
También ha recordado que los ayuntamientos "no disponen" de medios materiales y humanos para abordar esta competencia.
El socialista Jesús Loza se ha mostrado a favor del consenso con EUDEL con respecto al contenido del decreto pero ha subrayado que no puede haber un "derecho a veto" de los ayuntamientos en este asunto.
Loza ha avanzado que el Gobierno Vasco se haría cargo de la "inmensa mayoría" de los costes que suponga la regulación de las inspecciones y ha aclarado que el borrador se presentará en la comisión correspondiente del Parlamento para que puedan opinar sobre el texto los grupos.
Por su parte, el PP ha apoyado la iniciativa aunque la parlamentaria Esther Martínez ha lamentado que dicho artículo no se haya desarrollado todavía pese a que la ley se aprobó hace cinco años.
"Es un capítulo más de los incumplimientos de desarrollos legislativos" del Gobierno Vasco, ha sentenciado la representante popular.

Siete municipios de Segovia deberán realizar una inspección técnica en aquellas viviendas que superen los 40 años de antigüedad

Sesenta municipios de la Comunidad deberán realizar una inspección técnica en aquellas viviendas que superen los 40 años de antigüedad para garantizar el mantenimiento de los inmuebles de los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos que se enmarquen dentro de un Plan General de Ordenación Urbana.
Así lo ha manifestado en Burgos el consejero de Fomento, Antonio Silván, quien explicó que, en la actualidad sólo se adecuan a la normativa los municipios de Valladolid, León, Ávila, Segovia, Zamora y Salamanca.
El consejero de Fomento inauguró hoy en la capital burgalesa la Jornada sobre Inspección Técnica y Rehabilitación de Edificios que tendrá su continuación en todas las capitales de provincias de Castilla y León hasta el próximo mes de mayo. Estas jornadas están dirigidas a los profesionales y técnicos del sector de la construcción para impulsar la inspección técnica y la rehabilitación de edificios y dar a conocer las novedades normativas y beneficios fiscales relacionados con la inspección y rehabilitación.
El consejero recordó que esta medida servirá para impulsar la rehabilitación de las viviendas fomentando el mantenimiento y la conservación de los inmuebles de la capital para poder beneficiarse del consecuente ahorro energético. Para ello, la Consejería de Fomento informará a todos los sectores implicados para que conozcan a que ayudas pueden acogerse.
En este sentido, Silván recordó que se han puesto en marcha ayudas que van desde un 30 por ciento del coste de la realización de la inspección técnica y de la que se podrán beneficiar más de 290.000 viviendas en toda la Comunidad, de los 60 municipios en los que es exigible estas ITV’s de las viviendas.

Beneficios fiscales

La rehabilitación y la inspección técnica de edificios constituyen elementos fundamentales para la generación de empleo en nuestra Comunidad. Según el INE, en Castilla y León hay un total de 294.140 viviendas de más de cuarenta años en municipios de más de 20.000 habitantes o en aquellos que sin llegar a esa población disponen de Plan General de Ordenación Urbana. Según la normativa vigente, la Inspección Técnica de Edificios es obligatoria para aquellas viviendas de estas características. En Burgos, según los datos del INE, hay 51.347 viviendas de estas características en los municipios de Burgos, Aranda de Duero, Briviesca, Miranda de Ebro y Sarracín.
Por todo ello, la Consejería de Fomento va a crear una nueva línea de ayudas dirigida a los propietarios de viviendas que lleven a cabo la Inspección Técnica de Edificios que puede alcanzar hasta el 30 por ciento del coste de dicha inspección. El objetivo de esta medida es incentivar el mantenimiento en buenas condiciones de uso y habitabilidad de los edificios que por otra parte es obligatoria para los propietarios de las viviendas de más de cuarenta años tal y como se ha señalado anteriormente. De esta forma se incentiva la seguridad de los edificios y al mismo tiempo se genera empleo en un sector muy afectado por la crisis económica.
Tabla de la noticia
Más de 40 años
La inspección Técnica de Edificios es obligatoria para los propietarios de edificios de más de cuarenta años y en municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos que sin alcanzar esa población disponen de Plan General de Ordenación Urbana.
Se contempla como una garantía para el propietario pues garantiza la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. Además, ahorra costes posteriores favorece la eco-sostenibilidad de las construcciones. Además, la rehabilitación y la inspección técnica de edificios constituyen elementos fundamentales para la generación de empleo en nuestra Comunidad, más aún en estos tiempos de crisis económica en el sector de la construcción
Deberá realizarse dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan los cuarenta años de la terminación del edificio o de su rehabilitación integral, en su caso, y dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan diez años desde la anterior inspección.
El propietario debe encargar la inspección a un técnico competente en materia de construcción. El técnico expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deberán presentar en el Ayuntamiento una copia de ese certificado y del informe anexo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo en el que corresponda realizarla. El Ayuntamiento puede requerir a los propietarios que acrediten la realización de la inspección técnica dentro de un plazo máximo de tres meses. Si no lo hacen, el Consistorio puede realizar la inspección pero los gastos correrán a cargo de los propietarios.

El Molino de San Pedro sufre "grandes daños"

Aragon

Las obras de rehabilitación del Molino de San Pedro, situado en Albarracín, han "afectado gravemente a la belleza del paisaje", según aseguró ayer la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) en un comunicado de protesta. La asociación asegura haber comprobado en el propio lugar los "grandes daños" causados sobre el histórico edificio, fruto de una actuación autorizada por el Gobierno de Aragón. El objetivo inicial de la misma era la reforma del molino, pero según la asociación lejos de ello las obras "han destruido el edificio histórico y han construido un volumen que no responde al tipo original y que sobrepasa sus volúmenes".
Por todo esto, Apudepa remitió sendos escritos al departamento de Educación, Cultura y Deporte y al de Medio Ambiente "exigiendo la apertura de un procedimiento sancionador y la inspección de las obras". La asociación también señalaba en el comunicado su protesta frente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que permitió que no se realizara una evaluación de impacto ambiental antes de acometer esta actuación en "un paraje de tan gran belleza".
Asimismo se quejan de la actuación de la dirección general de Patrimonio Cultural, que "no supo valorar la importancia del lugar, mostrando una gran irresponsabilidad", algo que según Apudepa "hace frecuentemente". Según la asociación, incurre con ello en una dejación de sus obligaciones, que incluyen el velar por la conservación del patrimonio cultural y del paisaje aragonés.
Teniendo todo esto en cuenta, Apudepa solicita la paralización urgente de las obras y "el cumplimiento estricto de la normativa vigente" para asegurar que el resultado final de esta actuación pueda recuperar "los volúmenes originales y la belleza del paisaje" del Molino de San Pedro.
El Periodico de Aragon

La Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) critica «las gravísimas afecciones» al paisaje del Molino de San Pedro, donde se está construyendo un hotel privado, y pide al Gobierno de Aragón que paralice las obras.
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Urgen a López a regular los planes de inspección a edificios antiguos

El Parlamento Vasco instó ayer al Gobierno de López a que presente este año un borrador de decreto que regule la realización de inspecciones técnicas para determinar el estado de conservación de edificaciones de uso residencial con una antigüedad superior a los 50 años. EB llevó este debate a la Cámara a través de una proposición no de ley en la que reclamaba el desarrollo de las materias reguladas en el artículo 200 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Según recordó el parlamentario de EB, Mikel Arana, ese artículo, que no ha sido desarrollado aún por el gabinete de López, establece la obligación de encomendar a profesionales la realización de inspecciones para determinar el estado de conservación de inmuebles de uso residencial construidas hace más de medio siglo. Según un informe del Departamento de Vivienda, en Euskadi existen unos 80.000 edificios con más de 50 años; es decir, unas 326.000 viviendas, lo que representa casi la mitad del parque inmobiliario actual.
La formación jeltzale, que había presentado una enmienda a esta propuesta para tratar de enriquecer y completar su contenido, reclamaba que el borrador de decreto fuera presentado después de haber alcanzado un acuerdo con Eudel (Asociación de Municipios Vascos) respecto a los aspectos que impliquen una modificación en el ámbito de la competencia municipal en materia de disciplina urbanística.
¿Diálogo con Eudel? El parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña insistió en que es "imprescindible" que el Ejecutivo vasco llegue a un acuerdo con este organismo supramunicipal antes de presentar el borrador y criticó la falta de diálogo del Departamento de Vivienda y su "gusto por la imposición" en materias como el plan de Vivienda y Regeneración Urbana. Y es que, tal y como añadió el parlamentario jeltzale, "los ayuntamientos no disponen de medios materiales y humanos para abordar esta competencia".

lunes, 11 de abril de 2011

Amigos de la Iglesia de Las Salinas critican el "abandono" del templo

Almeria
Los Amigos de la Iglesia de Las Salinas en Almería han criticado este martes el "abandono" por parte del Obispado del citado templo, que durante la madrugada del lunes fue objeto de profanación tal y como muestran las pintadas con contenido supuestamente "satánico" que se distribuyen por el suelo y las paredes, así como los restos que quedaron depositados en el altar, entre los que se encuentran plumas y otros enseres.

Debido a estos hechos, el colectivo, que ha expresado su malestar por la
"fechoría", ha pedido "por enésima vez" que se tomen medidas para "evitar el acceso incontrolado y los actos vandálicos en el interior de la iglesia", ya que el templo ha estado abierto "durante meses" lo que ha dado lugar al "expolio de su interior y a un mayor y más rápido deterioro de su estructura interna" con "unas pérdidas valiosísimas e irreversibles", según critican.

   Asimismo, ha pedido que se tomen medidas en este asunto "para evitar que se produzca alguna desgracia ante el peligro de que haya algún desprendimiento o se produzca algún accidente por parte de la gente que accede al templo, acompañados por menores de edad en algunos casos", según han detectado. En esta línea, la asociación ha manifestado en una nota que desde hace meses piden que se cierre el acceso al templo, al que se puede entrar tanto por las puertas como por las ventanas.

   En este sentido, los Amigos de la Iglesia de Las Salinas han anunciado que se van a poner en marcha movilizaciones y diversos actos de forma "inminente" para protestar ante el "abandono total y absoluto" que padece un templo, cuya estructura externa "lleva muchísimo tiempo abandonada a su suerte y cuyo interior ha sido destrozado vilmente ante la pasividad de los propietarios responsables de salvaguardarlo".

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RESPONSABILIDADES
   Los miembros de la asociación han cuestionado asimismo la actitud del Obispado de Almería en relación a esta iglesia, puesto que si bien reconocen que existe "mayor o menor" dificultad a la hora de obtener los permisos de la obras para iniciar la rehabilitación del templo, también señalan que la situación en la que se encuentra el inmueble en relación a su acceso se ha denunciado desde hace más de un mes.

   "Es incomprensible e inadmisible es que se haya estado pleiteando durante años por la propiedad del templo de Las Salinas para, una vez que ya se cuenta con una sentencia en firme, dejarlo abierto durante meses, dando lugar al expolio de su interior y a un mayor y más rápido deterioro de su estructura interna", critican.

   El obispo de Almería, Adolfo González Montes, afirmó el pasado 20 de octubre que la rehabilitación del templo de Las Salinas se llevará a cabo una vez que el Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) haga efectiva la licencia de obras solicitada por el Obispado hace aproximadamente un mes, una obra que cuenta con un presupuesto cercano a los 400.000 euros que financiará la Diócesis --aunque acepta la ayuda de las instituciones-- en un plazo de un año.

   En rueda de prensa, el prelado almeriense ha querido matizar algunos aspectos que han sido motivo de polémica en torno a este templo construido en 1907 y cuyo cierre, ha aclarado, se produjo en 2006 tras una inspección solicitada por el propio obispo. Así, uno de los asuntos en los que ha insistido ha sido en la propiedad por parte de la Iglesia del edificio religioso en cuestión y no, según defendía, de la empresa Aetosal S.L., que cuenta con los terrenos que se disponen en torno a la construcción.

Abandonados en la miseria. Málaga

Malaga
Las lluvias del pasado viernes en Málaga agravaron un poco más su ya maltrecha situación. Una familia con dos niños pequeños y una señora de 72 años intentan sobrevivir en su vivienda, situada en la calle Rosal Blanco, donde el abandono y la desidia de las administraciones y propietarios han condenado a sus inquilinos a vivir en unas condiciones insalubres y muy peligrosas.

Las filtraciones de agua son numerosas, el yeso del techo se desprende con facilidad y hay habitaciones que son inutilizables por la gran cantidad de chorros de agua que caen al interior y que son recogidos, mal que bien, en cazos. Este es el panorama que se encontró ayer el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, en su visita al número 6 de la calle Rosal Blanco, un edificio que ya fue destacado por su oficina «como un ejemplo clásico del acoso inmobiliario» y que arrastra denuncias por el total abandono de la propiedad desde 1999.

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El abandono continuado del edificio terminó derivando en que Urbanismo aprobara en abril de 2008 la expropiación forzosa del inmueble, expediente que no se ha llegado a completar pese a que han pasado tres años desde que se puso en marcha.
Francisco Gutiérrez se mostró muy crítico por la falta de soluciones a cargo de las administraciones. De hecho, recordó que la Junta de Andalucía tampoco ha actuado para incluir este inmueble dentro del plan de rehabilitación del Centro de Málaga que tiene en marcha.

El Defensor del Ciudadano, tras la visita de ayer a estas viviendas de la calle Rosa Blanco, adelantó que se intentó poner en contacto con la Gerencia Municipal Urbanismo, sin éxito, por lo que continuará hoy con las gestiones para pedir que se acelere la expropiación que permita el realojo de los actuales inquilinos para evitar un accidente.

Expropiación
La Gerencia Municipal de Urbanismo respondió, en referencia a la expropiación del edificio, que llevan más de un año y medio esperando a que la Junta de Andalucía responda al acta de mutuo acuerdo para la adquisición de esta finca que envió a finales de 2009. Además, insistió en que es la administración andaluza quien debe asumir el pago del justiprecio acordado, ya que forma parte de las parcelas expropiadas en el Centro para la construcción de las tecnocasas.

El Consistorio Castreño tiene 2 años para evitar el cierre de la residencia municipal

Cantabria

El Ayuntamiento de Castro Urdiales podría verse obligado a cerrar la residencial municipal (Santo Hospital). La Consejería de Asuntos Sociales ha remitido un escrito al Consistorio en el que le apercibe de la obligatoriedad de realizar una serie de modificaciones en el edificio para que éste cumpla con la actual normativa.
Y es que, durante la última inspección rutinaria llevada a cabo por la Consejería, los técnicos comprobaron la existencia de una serie de deficiencias estructurales y funcionales que deberán ser corregidas para que la residencia siga funcionando. Entre ellas, se observó que algunas de las habitaciones y varios baños no contaban con las medidas mínimas establecidas, especialmente los espacios con dos camas. También se advirtió de la ausencia de determinadas áreas (rehabilitación, por ejemplo) que la normativa obliga a habilitar en espacios de este tipo en los que se da servicio a personas mayores con diferentes grados de dependencia.

La renovación energética de edificios podría generar 100.000 empleos en España

La renovación energética de viviendas, podría ser una buena medida para generar 100.000 nuevos empleos para 2020 en España, según un estudio del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones Obreras (ISTAS-CCOO) y la Universidad Politécnica de Madrid.
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parte de generar empleo, la renovación energética de los edificios supondría un enorme beneficio a nivel medioambiental, pues se calcula que las emisiones de gases de efecto invernadero se verían ampliamente reducidas y se conseguiría un buen ahorro energético. Así pues, en 30 años se ahorraría el equivalente al consumo de unos 600 millones de barriles de petróleo y se prevendría la emisión de unas 300 toneladas de CO2.

Entre las medidas a realizar, el plan de ahorro energético de edificios propone los aislamientos térmicos de las fachadas y cubiertas, la protección contra el sol en los cristales y huecos de la fachada, mejora de la conductividad y fractura del puente térmico en la carpintería y el cambio del combustible no renovable por la utilización de la energía solar térmica, biomasa o geotérmica para cubrir la climatización y el agua caliente sanitaria. Además, también prevé la incorporación de equipos más eficaces y la instalación de plataformas para la captación de energía solar fotovoltaica o de aerogeneradores que produzcan electricidad.

lunes, 4 de abril de 2011

El Plan Confianza recupera la Ermita de San Cristóbal de Enguera

La Directora General de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos, ha acudido este sábado a Enguera para inaugurar la restauración integral de la Ermita de San Cristóbal. En el acto han estado también presentes Santiago Arévalo, alcalde de Enguera, así como Juan Rafael Boronat, párroco de la Iglesia de San Miguel, de la que depende dicha ermita.

Paz Olmos ha explicado que “la intervención llevada a cabo en la Ermita de San Cristóbal ha sido financiada gracias al Plan de Inversiones Productivas de la Generalitat que ha destinado más de 176.000 € a esta restauración. La puesta en marcha de este plan ha sido una de las iniciativas municipales más importantes de los últimos años: ha supuesto la ejecución de muchas actuaciones, como la rehabilitación de esta ermita, que sin este plan y con la falta de financiación generalizada de los ayuntamientos, no se hubiesen podido realizar”.
La ermita sufría múltiples patologías, consecuencia del paso del tiempo y de algunas intervenciones anteriores, realizadas en momentos en que no se contaba con los avanzados medios actuales. Se habían producido desprendimientos en la cubierta de la ermita y los muros presentaban problemas de humedades debidos al desnivel existente entre el cementerio y la ermita, de modo que las escorrentías de agua daban directamente contra ellos, a lo que se le sumaban los revestimientos impropios que no permitían la transpiración de los muros. El pavimento que existía anteriormente, al no dejar transpirar la humedad, contribuía a acrecentar este problema.
La ermita de San Cristóbal presentaba también problemas estructurales de concentración de cargas en las claves de los arcos que se traducían en grietas por deslizamiento de tales piezas.
Para solucionar estos problemas, se han sustituido algunos elementos de la cubierta manteniendo el sistema constructivo, y se ha repartido en peso que soportaban las claves sobre todo el arco, para liberarlas de cargas, garantizar su estabilidad y proceder entonces al cosido de las grietas que se habían formado como consecuencia de la sobrecarga.
Los problemas relativos a las humedades se han solucionado mediante el picado de revestimientos y la realización de otros nuevos con materiales apropiados, similares a los que se utilizaron originalmente cuando se levantó la ermita. Así mismo, se ha colocado un nuevo solado más permeable que permite la mejor transpiración del subsuelo y así la eliminación del alto índice hígrico en el interior.

La ermita de San Cristóbal

El 27 de octubre de 1685 el vicario de la parroquia de San Miguel de Enguera bendijo la ermita de San Cristóbal, por lo que tradicionalmente se ha dado esa fecha como la de su construcción. Sin embargo podría ser muy anterior, pues en el libro de visitas de la Orden de Santiago, a la que pertenecía la villa, hay unas demandas fechadas en 1548 que podrían hacer referencia a ella.
La ermita, en realidad conforma un conjunto con la vivienda del ermitaño, a la que se encuentra unida por un atrio por el que se accede al cementerio, situado en la parte posterior de las edificaciones. La fachada principal actúa como unificador del conjunto a modo de fachada escenario con decoración barroca.
En la primera década del siglo XIX la Ermita de San Cristóbal sufre una importante transformación al instalarse en su emplazamiento original, junto a la ermita, el cementerio municipal. Por lo que comienza a perder su carácter de templo de peregrinación. En su interior, una de las transformaciones más evidentes fue la eliminación de uno de los altares, concretamente el que estaba dedicado a San José, para abrir la puerta hacia el cementerio.

Las fincas más enfermas del Raval (Barcelona)

El Ayuntamiento obliga a rehabilitar el edificio del bar Marsella, en el corazón de Ciutat Vella - El distrito asume que es un proceso difícil y largo.

El Marsella, uno de los bares con más solera de Barcelona -su apertura data de 1820-, que aparece en múltiples guías turísticas y es recordado por su conocida absenta, está en los bajos de uno de los edificios más degradados del corazón de Ciutat Vella. Ese inmueble, justo el que hace esquina entre Sant Ramon y Sant Pau, será uno de los primeros en los que el Ayuntamiento de Barcelona quiere aplicar el plan de choque para rehabilitar 63 fincas del Raval de las calles de Robador y Sant Ramon.

La finca del Marsella -un edificio de pisos- está cerrada a cal y canto desde hace años y en muy mal estado. Es una de las siete que, según la radiografía municipal, requiere una intervención urgente. El bar Marsella, además, está catalogado, por lo que la intervención es más compleja. La semana próxima técnicos del distrito se reúnen con la sociedad propietaria del edificio, que quería convertirlo en hotel. Mientras, ha permitido que el inmueble se deteriorase por falta de intervención. No es el único caso porque otros propietarios -bien particulares, sociedades inmobiliarias e incluso la propia Administración, que ha ejecutado embargos sobre fincas enteras- han consentido en la degradación.

En esa finca y en las otras seis que están en peores condiciones el distrito ha realizado ya una inspección para exigir a la propiedad que se ponga manos a la obra y las rehabilite. Si la propiedad no lo hace, lo hará el Consistorio de forma subsidiaria. El Ayuntamiento ejercerá, además, el derecho de tanteo si los propietarios intentan vender el edificio. Esos instrumentos los posibilita la Ley del Derecho a la Vivienda en las áreas de conservación y rehabilitación especial, como ha sido considerado el corazón del Raval.