viernes, 22 de abril de 2011

5.531 viviendas de Aranda deben realizar la Inspección Técnica de Edificios

La Consejería de Fomento ha creado una nueva línea de ayudas dirigida a los propietarios de viviendas que lleven a cabo la Inspección Técnica de Edificios que puede alcanzar hasta el 30% del coste de la rehabilitación.
El objetivo de esta medida es incentivar el mantenimiento en buenas condiciones de uso y habitabilidad de los edificios que por otra parte es obligatoria para los propietarios de las viviendas de más de cuarenta años tal y como se ha señalado anteriormente. De esta forma se incentiva la seguridad de los edificios y al mismo tiempo se genera empleo en un sector muy afectado por la crisis económica.
La Inspección Técnica de Edificios es obligatoria para los propietarios de edificios de más de cuarenta años y en municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos que sin alcanzar esa población disponen de Plan General de Ordenación Urbana. En Aranda 5.531 viviendas de 1.352 edificios tienen obligación realizar la ITC, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Soledad Romeral, procuradora popular en las Cortes de Castilla y León recalca que es una medida que favorece la seguridad de los propietarios de este tipo de edificios.
La Inspección Técnica debe realizarse dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan los cuarenta años de la terminación del edificio o de su rehabilitación integral, en su caso, y dentro de los doce meses siguientes a que se cumplan diez años desde la anterior inspección.
El propietario debe encargar la Inspección a un técnico competente en materia de construcción. El técnico expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deberán presentar en el Ayuntamiento una copia de ese certificado y del informe anexo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo en el que corresponda realizarla.
El Ayuntamiento puede requerir a los propietarios que acrediten la realización de la inspección técnica dentro de un plazo máximo de tres meses. Si no lo hacen, el Consistorio puede realizar la inspección pero los gastos correrán a cargo de los propietarios.

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