Más de 9.000 viviendas de la ciudad deberían someterse a un 'chequeo' general para constatar su buen estado de salud o recibir tratamiento. Pero, de momento, ninguna ha pasado revisión con el especialista, en este caso, técnicos en construcción y edificación a los que los ciudadanos que vivan en inmuebles con más de 40 años deberán dirigirse para que les realicen la correspondiente Inspección Técnica y Rehabilitación de Edificios.
Trasladando la situación a otro sector, sería como llevar el coche a la ITV para que una vez que han pasado 4 años se realice un control sobre su situación y, si es necesario, se apunten algunas mejoras. El objetivo de esta medida impulsada por las administraciones es incentivar el mantenimiento en buenas condiciones de uso y habitabilidad de los edificios, algo que, por otra parte, es obligatorio para los propietarios de las promociones que se levantaron hace más de cuatro décadas. De esta forma, la Junta de Castilla y León considera que se va a lograr un doble objetivo: incentivar la seguridad de los edificios y, al mismo tiempo, generar empleo en un sector muy afectado por la crisis económica.
El reglamento regional para regular las inspecciones se aprobó a principios de 2004, pero desde entonces apenas se han realizado actuaciones. De hecho, la mayoría de los ayuntamientos afectados -aquellos con más de 20.000 habitantes o PGOU propio-, no han desarrollado su ordenanza para enmarcar las tareas. El de Miranda es uno de ellos.
Y es que, según apuntaron técnicos del Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), la Consejería de Urbanismo «da potestad a los consistorios para que impulsen las inspecciones con una ordenanza municipal específica».
Con la norma regional en la mano, en estos momentos, aquí tendrían que pasar revisión 1.974 edificios, que suman un total de 9.068 viviendas. La media de pisos por inmueble se sitúa en 4,6. Algo lógico si se tiene en cuenta que antes no eran demasiado habituales las casas con muchas alturas.
De hecho, los bloques con más de medio siglo en pie son mayoría en el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 42% de los inmuebles que deben pasar la inspección fueron levantados antes de 1950. Son, en total, 829 edificios, que acogen el 30% de las viviendas afectadas (2.747). El porcentaje de construcciones es un 12% superior al de pisos.
La medida también coge a otras 573 casas con 2.910 hogares que se construyeron en la década de los 50. Suponen el 29% de los inmuebles afectados y albergan el 32% de las pisos o apartamentos. En el grupo de los más 'jóvenes', pero también incluidos en la regulación están los 572 bloques que se levantaron entre 1961 y 1970, en los que hay registradas 3.411 puertas, el 37,6% del cómputo global.
Pero el número no es inamovible. Varía de modo continuo, tanto por la incorporación de más inmuebles que cruzan la barrera de los 40 como por la desaparición de otros que son derribados para levantar nuevos proyectos.
Cinco exámenes
La Inspección Técnica debe realizarse dentro de los 12 meses siguientes a que se cumpla la edad límite. Es decir, los 40 años de la terminación del edificio o de su rehabilitación integral y también los 10 desde la anterior revisión.
En principio, señalaron desde el Instituto de Construcción de Castilla y León, son 5 los aspectos que se examinarán. Ahí se incluye el estado de la cimentación, de la estructura, de las fachadas, de las instalaciones y de las cubiertas. «Estos son comunes para toda España. Se trata de los elementos principales», señalaron.
La idea es que la inspección dé seguridad al propietario, ya que tendría una garantía sobre la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y mantenimiento de la situación de seguridad y salubridad.
El técnico, apuntaron, debe valorar el edificio «en función de lo que vaya viendo o de pequeñas catas y sondeos». De esos trabajo se derivará un informe que, si es favorable, no conllevará ningún trámite más, salvo el de presentar una copia en el Ayuntamiento y, si no lo es, propondrá las mejoras o las obras que son necesarias para «poner al día» esa vivienda.
Existe, «desde hace años», la obligación de tramitar las inspecciones, pero no se está haciendo. Al menos, no al ritmo deseado. «Hay ciudades que hace tiempo que lo implantaron, pero en Castilla y León nos ha costado un poco más. Además, si lo miramos por provincias, podemos decir que Burgos es de las que está a la cola».
De hecho, que el ICCL tenga constancia, sólo se han realizado inspecciones en la localidad de Belorado, aprovechando el Área de Rehabilitación Integral (ARI), que afecta a 288 de sus edificios.
Pero ¿por qué los ayuntamientos no se han interesado por desarrollar su propia ordenanza? Fundamentalmente, por la obligación de acometer subsidiariamente las inspecciones si no las realizan los propietarios de los inmuebles, aunque luego se les pase el cargo.
Una factura que, según se expuso en la jornada informativa realizada esta misma semana en Burgos por la Junta y el ICCL, puede rondar «entre los 600 y 1.200 euros por edificio», aproximadamente. Y es que cada técnico tiene derecho a marcar su propia tarifa. En la reunión se habló de que en un bloque de viviendas a cada vecino le podría tocar pagar «entre 50 y 60 euros», dependiendo del número de residentes.
Pero podría ser mucho mayor la partida a desembolsar inicialmente por las arcas municipales, ya que si del informe se deriva la necesidad de hacer reformas, el gasto se dispararía. Y cobrar a posteriori no siempre resulta sencillo.
Lo deseable es lograr que los ciudadanos se conciencien de la importancia de vigilar la seguridad y de inculcar el mantenimiento de la vivienda, que en muchos casos, los propietarios ya vienen haciendo de motu propio. «La mayoría trata de adecuar sus casas, pero nos preocupamos menos por las zonas comunes. Es más complicado. No en todas las comunidades se tienen las mismas actitudes», explicaron desde el ICCL.
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