martes, 31 de mayo de 2011

Despacho de arquitectura especializado en realizacion de informes de patologias y periciales.

Somos un despacho de arquitectura especializados en la realización de:

- Informes técnicos y periciales de patologías de edificación.

- Valoración de dáños, diagnóstico y posible reparación.

- ITE (Inspección Técnica de Edificios).

- Estudios de accesibilidad de viviendas.

- Proyectos de rehabilitación y reformas.

Cálculo de estructuras y estudio de refuerzos estructurales.

- Tasaciones inmobiliarias.

- Asistencia a juicios como perito.


Nuestro despacho tiene de ámbito de actuación toda la Comunidad Valenciana.

Soliciten información y presupuestos sin compromiso
info@patologiasyrehabilitacion.es

O visiten nuestra página web (este blog es un complemento de la web)
www.patologiasyrehabilitacion.es


lunes, 30 de mayo de 2011

Rehabilitación de altura

Si hace poco más de un mes era la iglesia de San José, un edificio de propiedad municipal declarado Bien de Interés Cultural, la que pedía una actuación urgente a raíz de las filtraciones que se habían detectado, en esta ocasión ha sido el edificio del Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca Central Pedro Ibarra, en el antiguo convento franciscano de San José, el que ha hecho lo propio. Y es que hace unas semanas, como consecuencia de temporal de lluvia y viento, el desprendimiento de algunas de las cornisas hizo saltar las alarmas.
Imagen de la noticia
Tras la inspección de rigor, los técnicos municipales comprobaron que había tejas en mal estado y otras que estaban sueltas, lo que no sólo había dado lugar a este "incidente", sino también a la aparición de filtraciones en algunos de los despachos situados en el último piso. La primera revisión ha puesto de manifiesto que en torno al 20% de las piezas está en mal estado. Por ello, ayer arrancó la instalación de los andamios para que hoy puedan comenzar los trabajos de rehabilitación en la cubierta del edificio.
Fuentes municipales indicaron que, en principio, está previsto que los trabajos se prolonguen de ocho a diez semanas. El objetivo, según explicaron, es levantar las tejas que están más próximas a la fachada para poder asegurarlas, sustituir las que están deterioradas y reforzar las que están sueltas con un aglomerante. La actuación también incluirá la parte este de la cubierta de la parroquia de San José, en la que no se había intervenido hace unas semanas.
Uno de los principales inconvenientes que presenta el proyecto son las tejas, que por su antigüedad y por ser de tipología árabe, hacen más complicado su sustitución. Sin embargo, fuentes municipales explicaron que, en estos casos, lo que se suele hacer es localizar piezas similares que, por sus dimensiones, se ajusten a las de estas infraestructuras. En este sentido, apuntaron que, "cuando se hace un derribo municipal, se hace acopio de los materiales que pueden servir para otras obras, y también hay tejas", apuntaron. En total, ayer se instalaron en la fachada principal 60 metros de andamio, con una altura de once metros. Los trabajos se prolongaron durante toda la jornada y, a primeras horas de la tarde, la estructura fue cubierta con una tela para evitar desprendimientos.
Por otro lado, está previsto que en los próximos días se repasen las instalaciones afectadas por las filtraciones. Además, se revisarán los imbornales de la cubierta para evitar futuras obstrucciones.
Inicialmente, la primera inspección del edificio apunta a que la intervención podría tener un coste cercano a los 60.000 euros, con IVA incluido, aunque serán los trabajos los que determinen el coste final de la actuación.
El concejal de Mantenimiento, José Manuel Sánchez, incidió en que "el Archivo Histórico y la Biblioteca Central Pedro Ibarra están en un edificio de propiedad municipal que tiene mucha afluencia. Por eso, en cuanto hemos tenido conocimiento de que era necesario actuar en la cubierta, lo hemos hecho".

Los bomberos vallan un edificio por desprendimientos

Imagen de la noticia
En concreto, éstos pertenecían a dos de los balcones del citado inmueble. La Policía Local y Los Bomberos acudieron de inmediato a la zona donde se produjo el desplome y procedieron a establecer las medidas de seguridad necesarias. Pero a pesar de todo los locales comerciales que se sitúan en la parte baja del edificio, entre los que se encuentra una conocida librería, no pudieron abrir sus puertas.

Tras la inspección realizada por uno de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se estableció que la prioridad debía ser llevar a cabo un cerramiento de seguridad y crear un acceso provisional para que los comercios del edificio puedan continuar con su actividad mientras que los propietarios del inmueble realizan los trabajos necesarios para resolver el mal estado de los balcones.

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña deja claro que el edificio es de propiedad privada y por lo tanto deben ser sus dueños los que se responsabilicen de los trabajos que deban ejecutarse para mejorar el estado del inmueble. Eso sí, la Gerencia de Urbanismo vallará toda la zona y facilitará el acceso a los ciudadanos que quieran entrar en los correspondientes locales comerciales.

Casi 150 viviendas al año se someten a inspección de oficio por su estado ruinoso

Imagen de la noticia
Alrededor de 150 viviendas, la mayoría en el casco antiguo y Barrios Bajos, se someten cada año a inspección de oficio por el Ayuntamiento dado su estado de ruina o el potencial peligro que presentan tanto para sus residentes como para los vecinos o propiedades anejas. No obstante, la mayor parte de los inmuebles inspeccionados cada año se encuentran deshabitados, según confirman desde el Ayuntamiento de Zamora. Los técnicos del departamento de Urbanismo llevan a cabo de manera periódica las revisiones de edificios que presentan situaciones de riesgo. Sin ir más lejos y, a consecuencia del derrumbe del pasado lunes en la plaza de La Laguna, técnicos del Ayuntamiento ejecutaron las inspecciones correspondientes en las viviendas del barrio de La Lana para comprobar su estado real.
A estas supervisiones de oficio se suman las correspondientes a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), responsabilidad directa de los propietarios. La medida constituye un chequeo general del edificio en el que se valora como primordial su seguridad estructural, su salubridad y las condiciones mínimas de habitabilidad. Hasta 415 propietarios de edificios de más de 40 años han presentado desde 2006 los correspondientes certificados de la inspección en el Ayuntamiento. El año con mayor número de chequeos corresponde a 2007, con 188 inspecciones, datos similares a 2006, con 157, y a 2008, con 155. Sin embargo, a partir de 2009 se produce un fuerte recorte en el número de Inspecciones Técnicas de Construcción presentadas en el Ayuntamiento, con trece en 2009 y solo dos durante el pasado ejercicio.

El Ayuntamiento de Zamora trabaja en una aplicación informática para automatizar el proceso de las inspecciones técnicas y conocer con facilidad el estado de los inmuebles de la capital. En este sentido, está prevista la rúbrica de un convenio con el Colegio de Arquitectos y el de Aparejadores para unificar los precios de las inspecciones, según confirma el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zamora, Feliciano Fernández. El edil puntualiza que la denominada ITE «es obligatoria para todos los titulares y la misión del Ayuntamiento es certificar que el chequeo se ha llevado a cabo tras recibir la información de los técnicos».

La Opinión de Zamora

Olivares concentra los tres únicos inmuebles declarados en ruina inminente

El derrumbe de ayer en el barrio de La Lana ha despertado la alerta sobre la necesidad de una rehabilitación de viviendas en riesgo de derrumbe, sobre todo, en el caso de edificios de más de 40 años. El barrio de Olivares concentra las tres únicas construcciones declaradas en estado de ruina inminente si bien en la ciudad existe más de un centenar de edificios considerados ruinosos. En La Lana casi una treintena de viviendas ha pasado la inspección técnica a la espera de que otras tres más aborden el proceso.


Al borde del derrumbe. Zamora registra tres inmuebles declarados en situación de ruina inminente y todos ellos se enclavan en el barrio de Olivares. El Ayuntamiento ya ha hecho el correspondiente requerimiento a los titulares para iniciar el proceso de derrumbe y evitar posibles riesgos tanto personales como materiales en otros edificios anejos. La vivienda que ayer se derrumbó no figuraba en el registro de inmuebles de ruina inminente lo que convirtió el desplome en «algo inesperado», según apunta el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zamora, Feliciano Fernández. El concejal recuerda que incidentes como el de ayer «justifican la Inspección Técnica de las Construcciones», la llamada ITV de los edificios.

El censo de viviendas. La capital acoge 101 viviendas consideradas ruinosas, 320 en un estado calificado como malo y 1.831, deficientes. La gran mayoría, otros 28.879, presentan un buen estado de conservación, según los datos del último censo de viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Mientras, el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un padrón de viviendas de más de 40 años en Zamora para controlar su estado real.

Situación en La Lana.
Desde hace más de dos años, cerca de una treintena de viviendas en el barrio de La Lana fueron sometidas a la inspección técnica y en la actualidad, tres de ellas son las únicas que faltan por justificar los arreglos que se han tenido que acometer en estos meses para poder alcanzar un estado adecuado con la ley vigente. Fue la propia asociación la que tomó esta iniciativa, con la contratación de arquitectos y técnicos quienes incluso comprobaron las instalaciones eléctricas de las viviendas afectadas.

Revisión de urgencia.
El derrumbe de ayer de la vivienda en la plaza de La Laguna provocó que desde el Ayuntamiento de la capital se decidiera la revisión urgente de los inmuebles de la zona, una vez que la alcaldesa Rosa Valdeón visitara el lugar para interesarse por lo sucedido, para evitar un suceso similar en los próximos días. Por ese motivo, las arquitectas municipales, junto con otros técnicos del consistorio, inspeccionaron no solo los edificios colindantes, sino también otros del barrio.

Inspecciones a la vista.
Desde la entrada en vigor de la normativa se han presentado en el Ayuntamiento de Zamora alrededor de medio millar de inspecciones. Esta cifra representa en torno al cinco por ciento de las inspecciones pendientes y que se estiman en unas 8.000.

Convenios y costes de las inspecciones. En Zamora está prevista la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y los colegios profesionales para unificar los precios para las inspecciones. La actuación puede oscilar para cada vecino entre los 27 y los 70 euros dependiendo del estado del edificio, la antigüedad, su estructura y el número de viviendas.

Las sanciones. Aunque las multas no están unificadas, se habla de multas de entre 3.000 y 15.000 euros si bien llegar al extremo de que una comunidad de vecinos sea sancionada es complicado ya que los residentes disponen de todo un año para cumplir con la inspección. En el caso de que concluya el plazo y no hayan obtenido el informe favorable, no serán sancionados siempre que informen al Ayuntamiento de que están inmersos en el proceso.

martes, 24 de mayo de 2011

La inspección de 80.000 edificios de más de 50 años arranca tras el verano

País Vasco
Las inspecciones técnicas de los edificios (ITE) que acumulan más de 50 años de antigüedad, con un coste aproximado de mil euros para cada comunidad de vecinos, arrancarán a fondo en Euskadi a la vuelta del verano, después de las elecciones locales y forales, ya que hasta ahora solo se ha realizado un número muy pequeño de ellas. El Gobierno Vasco ya ha elaborado un borrador de decreto para regular las revisiones, que son obligatorias conforme a lo dispuesto en la Ley del Suelo y recibirán subvenciones públicas. El documento ha sido enviado a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), con la que ya existe un principio de acuerdo, si bien serán los nuevos alcaldes que salgan de los comicios de mayo los que deberán establecer el calendario de revisiones.
Imagen de la noticia
El parque residencial afectado por las ITE asciende a 80.000 inmuebles que fueron construidos antes de 1961 y aglutinan unas 320.000 viviendas. De estas últimas, 86.500 están muy deterioradas o se encuentran en situación de derribo. Fuentes del Departamento de Vivienda admiten que el examen de todos esos edificios -y, en su caso, la rehabilitación de los mismos- arrastra «un considerable retraso». El motivo es que, durante los casi cinco años transcurridos desde que la Ley del Suelo fue ratificada por el Parlamento vasco, ni el Gobierno de Juan José Ibarretxe ni el de Patxi López han aprobado la normativa necesaria.
Precisamente, la Cámara de Vitoria, a instancias de Ezker Batua, pidió hace unas semanas a la consejería de Iñaki Arriola que diera luz verde al decreto de las ITE antes de diciembre y, a instancias del PNV, que no se olvidara de consensuar la normativa con los ayuntamientos. Lo cierto es que las líneas generales ya estaban oficiosamente definidas con Eudel. Ahora solo queda por conocer si las corporaciones municipales que salgan de las próximas elecciones también están de acuerdo con ellas.
De momento, el Ejecutivo autónomo ya se ha puesto de acuerdo con las organizaciones de arquitectos para concretar en qué deben consistir las revisiones de los edificios. Y también está estudiando los criterios para homologar a los profesionales que deberán realizar esas tareas. Fuentes de Vivienda señalan que la expectativa de que decenas de miles de inmuebles tengan que pasar la ITE constituye a día de hoy «una buena alternativa para ese sector, que está afectado por la crisis de la construcción». El propósito de la Administración autónoma es que, cuando se inicien las inspecciones, tanto los arquitectos como las comunidades de vecinos sepan con claridad qué elementos deben ser revisados.
Ese proceso requerirá, en cualquier caso, de un reparto de papeles entre las instituciones. De la elaboración del registro de edificios más viejos se ocupará al Gobierno vasco. Esa tarea había causado inicialmente el recelo de los municipios, ya que estos aseguraban no tener medios suficientes para realizarla. No obstante, según la consejería, sobre los ayuntamientos recaerá la tarea de ejecutar «la disciplina urbanística», lo que en la práctica significa que deberán escalonar las revisiones que haya que realizar en sus respectivos municipios. En principio existirá un calendario para la comunidad autónoma, pero cada localidad podrá modificarlo si lo necesita. Una vez efectuadas las ITE, cuando se conozca el estado de los edificios de más de 50 años, así como sus problemas y déficits, los alcaldes y el Ejecutivo de Vitoria colaborarán para arbitrar programas de rehabilitación y las ayudas correspondientes.
Más de 30 años
En realidad, las ITE no son una novedad en sentido estricto. Ya se están revisando inmuebles antiguos, y los vecinos reciben ayudas para pagar la inspecciones. Sin embargo, el número de expedientes es casi residual -apenas 300 el pasado año-, de modo que apenas se ha avanzado en el examen del parque residencial del País Vasco, una asignatura que el equipo de Iñaki Arriola considera pendiente y que ha tenido su reflejo en dos textos: el Plan Director de Vivienda 2010-2013 y el anteproyecto de Ley de Vivienda presentado en enero pasado.
El plan director concibe las inspecciones técnicas como una herramienta útil para conocer qué necesidades tiene el País Vasco, donde 110.000 inmuebles con más de 700.000 pisos han cumplido ya más 30 años. La información procedente de las revisiones es la que permitirá saber cómo mejorar la eficiencia energética y accesibilidad (ascensores, etc.) de los edificios para reformular las políticas de rehabilitación. En principio, solo entre 2010 y 2013, la Administración vasca calcula que se reformarán en Euskadi más de 70.000 viviendas de mayor o menor antigüedad, de las que cerca de 20.000 ya fueron rehabilitadas el año pasado.

Ferrol se convierte en la primera urbe que expropia edificios ruinosos

Galicia
El Ayuntamiento de Ferrol se dispone a expropiar aquellos solares abandonados y ruinosos que afean el casco histórico de la ciudad "hasta las últimas consecuencias". Un paseo por los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello descubre en pocos pasos decenas de edificios en ruinas, inmuebles deshabitados consumidos por la carcoma o viviendas a medio rehabilitar.
Para demostrar que la batalla contra la dejadez urbanística es inminente y decidida, la corporación ferrolana aprobó por unanimidad el Registro Municipal de Solares y Edificaciones, una herramienta administrativa que agiliza los procesos expropiatorios y persigue a los titulares que abandonen terrenos y edificios a su suerte.

La nueva ordenanza del gobierno socialista, un documento de diez páginas, se aprobó en el pleno del pasado 24 de febrero, tras casi tres años atascada en los despachos, y contó con el inusitado respaldo de PP, Izquierda Unida, BNG e Independientes por Ferrol. Los cuatro grupos en la oposición sumaron así sus votos al PSdeG del alcalde, Vicente Irisarri, en minoría, para blindar el centro urbano contra la especulación y el abandono.
Contener la ruina, favorecer la regeneración urbanística y obligar al propietario a cuidar de su patrimonio es el triple objetivo de este reglamento, que reemplaza a una antigua ley de ordenación urbana de 1956, y equipara a Ferrol con otras grandes ciudades gallegas que ya cuentan desde hace años con un reglamento similar. Sin embargo, ningún otro municipio de la comunidad autónoma ha aplicado la norma hasta sus últimas consecuencias.
Desde el gobierno ferrolano garantizan que la voluntad política es "actuar para evitar que se especule con el suelo". Como ejemplo, señalan una parcela que lleva décadas bajo un manto de maleza en un lateral de la céntrica plaza de Amboage, o un edificio a medio terminar en la calle de la Iglesia. Es más que probable que los primeros expedientes expropiatorios revisen con lupa el estado y la titularidad de estas parcelas. En la teoría, el reglamento favorece las expropiaciones si se comprueba que su dueño, aun teniendo posibilidades económicas, ha incumplido reiteradamente su obligación legal de cuidar su patrimonio."No se trata de ponerle a nadie una soga al cuello, pero sí de apremiar a los propietarios que tienen recursos para que se apliquen", asegura el concejal ferrolano de Urbanismo, Ángel Mato. Explica que su departamento analizará "con mucho detalle" las circunstancias de la propiedad, "porque habrá casos de todo tipo, e incluso personas sin recursos ni posibilidades de hacerse cargo".
"La expropiación será la última consecuencia, pero estamos decididos a dar pasos en esa dirección y ejecutarla si es preciso en casos extremos y concretos", apunta Mato, consciente de que esos procesos se pueden atascar varios años en la vía judicial.
El texto de la ordenanza describe el libro de solares y edificios como un "mecanismo rápido y eficaz", que obliga a edificar o reconstruir a fin de evitar una situación "perjudicial para el interés público, y en algunos casos, con fines altamente especulativos". Pauta la edificación o rehabilitación forzosa cuando "se incumpla el deber urbanístico" en los plazos establecidos para intervenir en solares desiertos, casas abandonadas, construcciones paralizadas o edificaciones ilegales, y excluye a los edificios públicos.
De acuerdo con el reglamento, los propietarios disponen de un plazo de dos años para edificar a partir de la declaración de ruina o de la notificación formal que les obliga a rehabilitar. Cumplido ese tiempo, hay otros seis meses para el cruce de las resoluciones que preceden al proceso expropiatorio. Desde ahí, el Ayuntamiento de Ferrol podrá decretar la edificación o rehabilitación forzosa directamente o por medio de un particular que denomina "agente edificador".
Este periodo de dos años y medio puede acortarse si hay riesgo de ruina inminente o en función de la importancia del inmueble a proteger. Si el municipio no edifica antes de 18 meses, el propietario sancionado también puede solicitar que se revierta el proceso y recuperar así su vivienda o solar.
La necesidad de reforzar las competencias del Ayuntamiento en materia urbanística se constató en abril del 2008. Un edificio deshabitado y ruinoso situado en la calle Magdalena, justo enfrente del consistorio, se desplomó a media tarde sobre la vía pública y sepultó un coche bajo un aluvión de piedras y cascotes.
Este primer derrumbe hizo saltar las alarmas vecinales sobre el mal estado de conservación de los edificios. En Ferrol, se da la circunstancia excepcional de que tres personas, dos de ellas conocidos promotores urbanísticos, poseen más de 240 inmuebles en el municipio, prácticamente el 20% de las viviendas históricas, algunos de los siglos XVIII y XIX.
En los cuatro últimos meses se han producido otros dos desplomes parciales de cierta importancia en las calles Cataluña y Real, y el último desprendimiento de cascotes se registró el pasado viernes en un edificio de la calle Lugo.
Urbanismo apura el final del mandato para poner en marcha otra herramienta paralela y complementaria a la ordenanza de solares, el Patrimonio Municipal del Suelo. Se trata de un censo de las propiedades urbanísticas del ayuntamiento, desligado del censo municipal ordinario, que permitirá acelerar la tramitación de los expedientes de sanción y contempla la posibilidad de permutas, explica Ángel Mato, que confía en presentar este inventario en pocas semanas.
El reglamento de las Inspecciones Técnicas en los Edificios y un convenio con el Colegio de Arquitectos de Galicia para supervisar el estado de los inmuebles más antiguos, completan el paquete de medidas puesto en marcha en los últimos meses para atajar la ruina urbanística que consume buena parte del patrimonio de la ciudad.

Medio Ambiente apuntalará Puente Mocho en Chiclana de Segura (Jaén)

La movilización ciudadana ha dado resultado. Medio Ambiente va a destinar 50.000 euros en obras de emergencia que permitan salvar este vestigio histórico levantado en mampostería de piedra caliza en los primeros años del imperio romano, que perteneció a la nueva Vía Augusta y que fue cruce de las tres vías romanas que se dirigían a la Sierra, al Levante y al Condado.
Desde la plataforma Pro Restauración de Puente Mocho, bandera desde hace meses de las iniciativas encaminadas a la rehabilitación de este deteriorado puente de tres tramos con distintos ejes directrices, longitud aproximada de cien metros, se estima que se trata de un paso decisivo para evitar la caída del viaducto romano a medio camino entre Beas de Segura y Chiclana de Segura. El portavoz de la plataforma, Antonio López, asegura que las gestiones realizadas por su colectivo, junto a las de los ayuntamientos de Beas y Chiclana han dado resultado porque la delegación de Medio Ambiente, a través de su responsable José Castro, se ha mostrado muy receptiva. Han comprobado que por Puente Mocho transita una vía pecuaria de gran valor. «Tanto ella como el viaducto corren peligro de hundimiento por lo que las obras se van a llevar a cabo con urgencia, en cuanto baje el caudal del Guadalimar que con las últimas lluvias circula generoso en aguas».
 
Imagen de la noticia
Las obras consistirán en calzar los dos principales arcos del puente, faltos de pilares y con amenazantes grietas. Cultura, que tramita la declaración del puente como Bien de Interés Cultural, supervisará las obras y establecerá el marco de actuación conveniente para que el visitante pueda comprobar con facilidad la estructura antigua de la parte rehabilitada.
Antonio López manifiesta que es un primer paso importante, pero que su plataforma va a seguir recogiendo firmas, tienen ya cerca de 2000, para que se acabe realizando una actuación integral dentro de un enclave con abundantes restos ibero-romanos.
Valor histórico
Monumento de incalculable valor histórico y arquitectónico, Puente Mocho, así llamado por carecer de pretiles, tiene una estructura de grandes dimensiones, con dos cuerpos y seis ojos, cuatro de ellos en la orilla de Chiclana y dos en la de Beas. En uno de sus arcos, bajo el que corre el agua del río Guadalimar, persiste una amenazante grieta. También está muy erosionado por su parte norte, la que recibe mayor fuerza de la corriente, con amenaza de derrumbe de los sillares que la comparten. Con todo, su construcción primitiva, a base de aparejo de sillares a cuerda y tizón, además de alguna restauración medieval, denota la solidez que le ha permitido llegar hasta nuestros días. Sobre su suelo, el Icona ejecutó hace unos años un firme de losa y mortero para preservar su desmoronamiento y hacer más fácil la utilización para el paso de rebaños y pastores.
Siglo I
Levantado en el siglo I después de Cristo, sobre sus arcos coincidieron viajeros que iban y venían de Cástulo, Guadix o Cartagena. Lleno de historia y de literatura, por Puente Mocho peregrinó a menudo Santa Teresa de Jesús en su tránsito fundacional. En uno de esos pasos la santa realizó su primera fundación en Andalucía: el convento de las Carmelitas descalzas de San José del Salvador, en Beas de Segura (1.575). Tres años después alcanzó la Sierra de Segura San Juan de la Cruz y se cuenta que sobre la gastada piedra de Puente Mocho escribió algunas estrofas místicas de su 'Cántico Espiritual'.

viernes, 20 de mayo de 2011

Patrimonio permite cubrir la plaza de toros aunque cuestiona su necesidad

Valencia
No está todo dicho en cuanto al proyecto de la cubierta de la Plaza de Toros de Valencia. Ni mucho menos está todo hecho. La iniciativa de CMD Ingenieros debe modificarse. Así lo exige la Dirección General de Patrimonio, tal y como publicó LAS PROVINCIAS el pasado 9 de marzo.
 
Imagen de la noticia
El departamento de la Conselleria de Cultura requiere que se efectúe un protocolo de seguimiento para que la cubierta no afecte a la estructura de ladrillo de la plaza de toros; que especifiquen las características técnicas de la lona para que no afecte a las visuales interiores ni exteriores y que tampoco perjudique a los pilares verticales del edificio; y que la plaza de toros esté más tiempo descubierta que con la lona puesta. Así lo exigió Paz Olmos, la directora de Patrimonio, a la Diputación de Valencia en un escrito con fecha de salida del 14 de marzo de 2011. Sólo con esas modificaciones se emitirá la autorización definitiva.
Previo al escrito de Patrimonio, la arquitecta inspectora de Patrimonio, María Petra Santisteban, remitió un informe a Paz Olmos, al que ha tenido acceso este periódico, en el que realiza algunas consideraciones de relevancia. En el escrito, con fecha del 19 de enero de 2011, se concluye que «la valoración patrimonial al proyecto es favorable, aún entendiendo y manteniendo que dicho inmueble, Bien de Interés Cultural con características, constructivas y de entorno significativas, no debe contar con un sistema de cobertura». Es decir, el departamento de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de Cultura cuestiona la necesidad de la cubierta.
El informe reconoce que «de llevarse acabo la ejecución de la cobertura de la plaza de toros» sería «por motivos diferentes a la mejora patrimonial de la misma».
El mismo documento remarca que el funcionamietno de la cubierta «sea excepcional» ante las «cautelas desde el punto de vista patrimonial» y sugiere un protocolo «en el que se expongan el programa de necesidades y tiempos mínimos» del uso de la lona.
El proyecto de la cubierta de la plaza de toros no tiene fecha de ejecución. Además, la Diputación aún debe aclarar cómo financiará estas obras (si correrán a cargo de las arcas públicas o de la iniciativa privada). El presidente Alfonso Rus no se fija ninguna fecha, según sus últimas declaraciones.

Los edificios BIC tendrán de plazo hasta 2020 para pasar la inspección

Casi cinco mil edificios, 4.983 en concreto, tendrán que superar antes del día 31 de diciembre del año 2021 la Ordenanza Municipal de las Inspecciones Técnicas de Construcciones (ITC). La Comisión de Fomento aprobó ayer un texto que responde a las exigencias de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Mientras, el Pleno del Ayuntamiento se encargará mañana de someter a votación una normativa que no se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia hasta finales de agosto para facilitar a los ciudadanos la presentación, en su caso, de alegaciones. Todos los edificios con una antigüedad superior a los cuarenta años serán objeto de un examen de sus elementos estructurales para garantizar la seguridad de la construcción. Ahora bien, los plazos no serán los mismos para el conjunto de las comunidades de vecinos ni para todos los tipos de inmuebles. De esta manera, los edificios declarados como BIC (Bien de Interés Cultural) o catalogados con protección integral, 104 en total, podrán dilatar la inspección hasta el 31 de diciembre de 2020. Las demás comunidades de vecinos que tienen ya más de cuarenta años, excepto las viviendas construidas entre 1968 y 1970 que tendrán de moratoria un año más (hasta el 31 de diciembre de 2021), deberán cumplir con este trámite antes que los BIC.

La disposición transitoria se ha redactado con el objetivo de “evitar la acumulación de expedientes en el primer año de entrada en vigor de la normativa”, explican fuentes municipales. A los edificios que el texto apremia más son a los construidos antes de 1930, un total de 386, que tienen como límite el 31 de diciembre de 2011 para presentar en el Registro Municipal los informes y certificados que acrediten la seguridad del inmueble. La ordenanza, que se aplicará a toda clase de edificaciones con independencia de su uso o destino, contempla una primera inspección dentro del año siguiente al que el inmueble cumpla cuatro décadas desde el final de las obras de construcción o desde la conclusión de un proyecto de rehabilitación integral. Una vez realizado el examen, el dueño del edificio, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto, presentará en el Registro Municipal el certificado de la inspección y, en un informe anexo, el resultado de la misma incluyéndose “las medidas que se dicten para subsanar las deficiencias”, en caso de detectarse, precisan desde el Ayuntamiento.

Seguridad y salubridad
Siempre que los técnicos no atisben la existencia “de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad”, el propietario dispondrá de un plazo de tres meses para solicitar una licencia municipal que le permita ejecutar las obras propuestas en el examen. Unos trabajos que tendrán que estar listos en los plazos previstos. Mientras, los informes positivos verificarán la seguridad, estabilidad estructural y salubridad del edificio, la inexistencia de daños materiales y riesgos físicos para sus inquilinos y la ventaja de un menor consumo energético, además de evitar la depreciación de los pisos y mejorar como consecuencia sus posibilidades para alquiler o venta. Para llegar a esta conclusión, la ordenanza dictamina que es preciso que las inspecciones las ejecuten “técnicos competentes que deberán ajustarse a los principios de imparcialidad, objetividad e independencia, así como al de veracidad en las manifestaciones sobre el estado real del inmueble”. Una garantía que los inmuebles tendrán que revalidar cada diez años. Éste es el periodo fijado por la ordenanza municipal para que los edificios vuelvan a ser investigados desde la anterior exitosa inspección. La normativa está dirigida a los propietarios, personas físicas o jurídicas titulares de viviendas con más de cuarenta años de vida. Mientras, en las residencias o locales integrados en las comunidades de propietarios, la responsabilidad para cumplir esta normativa corresponde a la comunidad.

Desalojado el Panishop de César Augusto por daños en la estructura del edificio

Zaragoza.
Imagen de la noticia
Tras el cierre de la emblemática tienda de Caramelos Alcaine, le toca ahora bajar la persiana al Panishop de la avenida César Augusto, número 68, por lo menos hasta la reparación de una rotura en el forjado de la primera planta del edificio detectada por los técnicos del Ayuntamiento durante una inspección. Por seguridad, las autoridades han procedido al desalojo del único establecimiento en funcionamiento que quedaba en el edificio.

El céntrico inmueble, en el que se encontraban ambos locales, está apuntalado y en estado de abandono desde hace años. Fuentes del Consistorio explican que «el edificio no está en ruinas», por lo que la propietaria está obligada a mantener en condiciones óptimas el inmueble.

Tras la localización de la fisura en la estructura del edificio, las autoridades desalojaron el último local en funcionamiento del edificio, el Panishop de Cesar Augusto. «El pasado jueves a las 18.00 nos notificaban el desalojo del edificio», explica Mario Moreno, director de la franquicia Panishop en Zaragoza, quién destaca que han tenido que
abandonar el local «a toda velocidad y con urgencia».

Aunque este inmueble
está catalogado por el Ayuntamiento de Zaragoza como edificio de interés ambiental, «la propietaria ha pasado por completo del asunto, se ha desentendido y por eso está en ruinas» se resigna Moreno. El director de la franquicia destaca que hasta este lunes no les han permitido «sacar la maquinaria» y que cerca del «60 % de los bienes» se quedarán en el local.

jueves, 19 de mayo de 2011

Los edificios más viejos tendrán una inspección cada quince años

Los edificios residenciales con más de 40 años de antigüedad deberán pasar una inspección técnica cada 15 años. La próxima Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano establecerá la obligatoriedad de realizar una inspección técnica de edificios, según ha anunciado la titular de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor.
El objetivo es dictar unas normas básicas para que los edificios con 40 años de antigüedad desde su construcción o desde su última rehabilitación pasen una inspección con una periodicidad de 15 años. "Queremos que sea una inspección generalizada", ha manifestado la secretaria de Estado.
Según Corredor, la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios "es un tema que está poco regulado en la legislación autonómica vigente y que carece de un mínimo común denominador para toda España".
Tres ejemplos: en la ciudad de Madrid, la primera inspección técnica se debe hacer dentro del año siguiente a aquel en el que el edificio cumpla 30 años. En Valladolid, es una inspección obligatoria para los edificios cuya antigüedad supere los 40 años. En Cataluña ha entrado en vigor la revisión obligatoria de los edificios de viviendas plurifamiliares que tengan más de 45 años.

Si la inspección es favorable, normalmente se deberá volver a pasar cada 10 años. (Consultando en la Gerencia Municipal de Urbanismo de su ayuntamiento, sabrá cuándo su vivienda está obligada a pasar la ITE).
Además, la nueva inspección propuesta por el Ministerio de Fomento ofrecerá recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, que determinará qué obras o recomendaciones son necesarias para ahorrar energía en la vivienda.
La responsable de vivienda pone como ejemplo que una inversión de unos 3.500 euros para mejorar la eficiencia energética de una vivienda instalando doble cristal o cambiando la caldera "puede suponer un ahorro de hasta el 76% de su consumo final, lo que equivale a 600 euros anuales que amortizan la inversión cinco o seis años".

Según la secretaria de Estado, es necesario hablar de la mejora energética "como una inversión y no como un gasto".

Qué es una ITE

La ITE (Inspección Técnica de Edificios) es una inspección que deben pasar los edificios en función de su catalogación y edad, para acreditar su estado de seguridad, cualquiera que sea su destino.

Todos los propietarios, personas físicas o jurídicas titulares de cualquier tipo de bien inmueble, tienen la obligación de pasar la ITE, una vez requerida por el Ayuntamiento. En caso de viviendas o locales integrados en una comunidad de propietarios, el deber de inspección corresponde a la comunidad.

No se trata de ningún impuesto o tasa. La ITE cuesta lo que libremente pacten el propietario o Comunidad con el arquitecto.

Pasos para pasar la ITE

  • La inspección visual del edificio que hace el arquitecto encargado.
  • Si durante esta inspección se detectan deficiencias el arquitecto lo comunica a la propiedad y al ayuntamiento.
  • La redacción del informe de la inspección técnica y calificación del estado del edificio por parte del mismo arquitecto.
  • Si la inspección es favorable se deberá volver a pasar cada 10 años.
  • Si es desfavorable, se obliga a subsanar las deficiencias y se da un plazo para ello
Más información

miércoles, 18 de mayo de 2011

Despacho especializado en informes de patologias-periciales-proyectos rehabilitación

Somos un despacho de arquitectura especializados en la realización de:

- Informes técnicos y periciales de patologías de edificación.

- Valoración de dáños, diagnóstico y posible reparación.

- ITE (Inspección Técnica de Edificios).

- Estudios de accesibilidad de viviendas.

- Proyectos de rehabilitación y reformas.

Cálculo de estructuras y estudio de refuerzos estructurales.

- Tasaciones inmobiliarias.

- Asistencia a juicios como perito.


Nuestro despacho tiene de ámbito de actuación toda la Comunidad Valenciana.

Soliciten información y presupuestos sin compromiso
info@patologiasyrehabilitacion.es

O visiten nuestra página web (este blog es un complemento de la web)
www.patologiasyrehabilitacion.es


martes, 17 de mayo de 2011

Unos 9.400 edificios deberán pasar la inspección

Madrid

Cerca de 9.400 inmuebles de la ciudad de Madrid deberán pasar este año la Inspección Técnica de Edificios con el fin de acreditar su estado, detectar posibles deficiencias y, en su caso, acometer las reparaciones que garanticen su conservación. Si son necesarias reparaciones existe una línea de ayudas municipales que dependiendo del grado de protección del edificio y de la situación económica de los vecinos oscilan entre los 3.600 euros y los 7.215 por vivienda.

Este año, la inspección afecta a 1.787 edificios construidos en 1980 y a otros 7.605 de una antigüedad de más de 30 años.

El País

Tres siglos protegiendo la fachada de Cort

Goza de buena salud, pese a sus 331 años de existencia. Necesita, eso sí, los cuidados que se dispensarían a un venerable anciano sometido durante más de tres siglos a los rigores de la intemperie.
Su piel se ha arrugado, ha sufrido algunos ataques de hongos y microorganismos que han afectado a sus venerables carnes y, en algunos puntos, se ha iniciado un proceso de podredumbre. Eso sí, aislado y muy localizado, aunque precisa de tratamiento para que no se extienda a toda su superficie. Su piel también se ha resecado y necesita cremas que la hidraten y la aíslen de la acción del viento y la lluvia.
Se trata del voladizo de la fachada de Cort. Una monumental escultura de madera que corona el frontis del Ayuntamiento y se adelanta tres metros y sesenta centímetros sobre la acera del edificio, protegiendo, además de su fachada, el banco denominado popularmente como Si no fos.

El arquitecto municipal Frederic Climent, encargado de coordinar las obras del tejado de la Casa Consistorial, manifiesta su asombro por el "relativamente buen estado de conservación del alero". Los técnicos del área de Infraestructuras analizaron el voladizo y comprobaron que su estructura se mantiene firme.
No obstante, se pudo constatar la necesidad de proceder a su limpieza y al saneamiento de los restos de ataques de xilófagos –microorganismos que afectan a la madera–, hongos y restos de pudrición. La inspección detallada sobre su estado de conservación ha sido posible gracias a la instalación en la fachada de Cort del andamio que ha permitido la ejecución de las obras de reparación del tejado.
Unos trabajos que, en su exterior, y por lo que se refiere a la vertiente que da a la plaza, ya están prácticamente finalizados, aunque continúan en el espacio interior de la planta de la esfera del reloj y en la vertiente posterior del edificio actuando de urgencia en las cubiertas planas. Por ello, previsiblemente, los andamios aún continuarán varios meses colocados.
Mientras tanto, y como consecuencia de la inspección más detallada de la cornisa, se ha solicitado autorización para elaborar un proyecto de restauración. La restauradora municipal y responsable del castillo de Bellver, Magdalena Rosselló, ha realizado un informe y se ha encargado el proyecto a la empresa Xicaranda que, entre otros trabajos, ha intervenido en la Seu.

Mínima intervención

Tal como explica Frederic Climent, el equipo municipal intervendrá en la parte estructural del proyecto, mientras que la empresa especializada propondrá las acciones a realizar en cada caso y las técnicas a utilizar. Todo ello deberá contar previamente con la autorización de la comisión de Patrimonio del Consell, con cuyos técnicos están en continuo contacto.

Imagen de la noticia
A falta de la redacción definitiva del proyecto, las acciones a realizar supondrían un coste que oscila entre los 50.000 y 80.000 euros. En principio, dado el buen estado general del voladizo, se trataría de una "mínima intervención", que incluiría la limpieza general del llenyam vermell con el que se construyó en la segunda mitad del siglo XVII esta estructura –se terminó en 1.680–, además de proceder a la nutrición y protección de la madera y a la reposición de los elementos que han perdido la masa original.
Se trata de una actuación "que requiere mucho mimo". Una vez aprobado el proyecto, los trabajos "comenzarían inmediatamente", afirma el arquitecto.
No obstante, su redacción es laboriosa, porque, entre otras cuestiones, se deben tomar muestras para enviarlas a la Universitat de Barcelona (UB), por lo que se calcula que, hasta el próximo mes de abril la propuesta no estaría finalizada.
Por ello, es importante que se pueda mantener el andamio instalado en la plaza porque, si se desmantela, volver a montarlo para la intervención posterior en el alero supondría un coste añadido estimado de unos 40.000 euros.

Levantamiento topográfico

El proyecto de restauración incluirá también un levantamiento topográfico del voladizo y de todos sus elementos, que se realizará con una novedosa técnica de láser inexistente en Mallorca hasta hace poco.
Esta técnica ofrecerá una réplica exacta en tres dimensiones de cada una de las figuras con una precisión más que milimétrica, de tal forma que, en un futuro, permitiría la "reproducción exacta" de cada uno de los elementos del voladizo.
Imagen de la noticia
Tal como explica la profesora Mercè Gambús en el libro Ajuntament de Palma. Història, Arquitectura i Ciutat coordinado por la catedrática de Historia del Arte Catalina Cantarellas, el voladizo se finalizó en 1.680, fecha en la que se pueden dar por concluidas las obras de la fachada de Cort.
Se encargó al escultor Gabriel Torres y al carpintero Josep Vanrell basándose en la existencia de un modelo previo al que debían ajustarse. Del autor del alero se sabe que era hijo del también escultor Rafael Torres y de Margarita Cladera. Vivió en la parroquia de Sant Miquel y también talló el retablo de Nostra Senyora del Roser de la parroquia de Sineu, así como los de Santa Teresa y San Esteve del convento de la Inmaculada Concepció de esta localidad, en cuya iglesia restauró la talla de la Inmaculada en 1675.

lunes, 16 de mayo de 2011

76.394 casas de la provincia deberán pasar la ITV en breve

La seguridad del parque de viviendas de más antigüedad en Castellón se reforzará con la nueva normativa que ultima el Ministerio de Fomento y que obligará a las inspecciones técnicas de viviendas de los edificios de más de 40 años --ahora son 50, como norma general-- en las localidades de más de 25.000 habitantes.
Actualmente, en los municipios de la provincia que cumplen estas condiciones existen 76.394 --según el censo estadístico-- que, con la nueva normativa, deberían pasar una ITV, que en el sector inmobiliario se denomina Inspección Técnica de los Edificios (ITE). A fecha de hoy, desde la Conselleria de Vivienda apuntaron que hay 68.678 edificios de más de 50 años en la provincia. La norma vigente ahora, la ley urbanística valenciana (LUV), establece que los propietarios de los edificios de más de 50 años deben promover este examen, mientras que los ayuntamientos, por su parte, tienen la competencia de exigir a los propietarios que tengan la inspección realizada y a punto.
EN TRAMITACIÓN // Desde el departamento estatal apuntaron que “se está preparando el borrador del proyecto de ley, que se llevará en breve al Consejo de Ministros”, aunque no especificaron fechas ni tampoco las líneas de subvención. El ministro de Fomento, José Blanco, fue quien aseguró que se aprobará en el marco de la ley de calidad y sostenibilidad del medio urbano que facilitará las actuaciones de rehabilitación.

Imagen de la noticia
En opinión del Ministerio, se contribuirá a ofrecer instrumentos que facilitarán la gestión y la cooperación entre administraciones para la rehabilitación de edificios, y se introducirán facilidades para su financiación, así como la regulación básica en relación con la calidad de las edificaciones.

AYUDAS // En cuanto a la Conselleria, actualmente ha incluido en los presupuestos de 2011 una nueva línea de ayudas para incentivar la Inspección Técnica de los Edificios (ITE) de más de 50 años. La partida destinada para este ejercicio asciende a 200.000 euros y se adjudicará mediante una convocatoria de ayudas dirigida a los ayuntamientos.
Esta nueva línea de subvención, según señalaron, favorecerá que los ayuntamientos impulsen las inspecciones técnicas de los edificios antiguos en sus municipios e insten a los propietarios a cumplir el deber de conservación y mantenimiento de los edificios en los que residen. Con ello, la Generalitat incentiva la ejecución de obras de rehabilitación que favorezcan recuperar la actividad productiva del sector de la construcción y creen empleo.

Comienzan las obras para desmontar la fachada del edificio con peligro de desplome en Vigo

Esta mañana han comenzado las obras para desmontar la fachada del edificio en peligro de derrumbe situado en la calle Alfonso XIII, en pleno centro de Vigo. Unos operarios realizan en estos momentos la numeración de cada una de las piedras de esta fachada centenaria para poder reconstruirla después. La calle permenece abierta al tráfico aunque con un carril cortado a la circulación. El ayuntamiento ha establecido un plazo de diez días para terminar con las obras de desmontaje.
El inmueble que amenaza con caerse es un edificio compuesto de sótano, bajo, planta principal y bajo cubierta que en su día acogió la casa de huéspedes La Platense y que está situado en el número 36 de la calle Alfonso XIII.

Imagen de la noticia
El edificio está abandonado desde hace 16 años y se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y los temporales. Ayer por la mañana se produjeron pequeños desprendimientos de arenillas, lo que alertó a una ciudadana, que avisó a los bomberos, que constataron el mal estado de la fachada. En ella es visible una gran grieta entre el inmueble y el colindante, que acoge en el bajo la tintorería Imperial.
También se advierte que uno de los dinteles de un vano de la planta principal se halla ligeramente separado del resto de los sillares.

lunes, 9 de mayo de 2011

El Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Ejea alcanza las 150 viviendas rehabilitadas.

El Área de Rehabilitación Integral de Ejea de los Caballeros tiene en marcha en estos momentos 90 expedientes, de los cuales 31 han comenzado las obras o prevén iniciar próximamente y 59 han obtenido la aprobación de calificación definitiva (obra culminada). Entre los tres regímenes (edificios, unifamiliares y habitabilidad) suman 150 viviendas y 12 locales objeto de rehabilitación

El ARI de Ejea abarcó inicialmente 114 viviendas El presupuesto de actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas asciende a 5.526.267 euros, al que hay que añadir 552.627 euros para actuaciones en infraestructura y urbanización.

Las aportaciones se reparten entre el Gobierno de Aragón con 1.026.000 euros, el Ministerio de Vivienda con 513.000 euros, y  el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros con 579.038 euros. Asimismo los particulares van a aportar 3.408.229 euros.

En cuanto a edificios se han tramitado  14 expedientes, que suponen 74 viviendas y 12 locales con un presupuesto protegido de 987.226 euros, al que corresponde una subvención de 732.271 euros, de los cuales se ha abonado o está en trámite de pago 564.449 euros con destino a los propietarios.

El presupuesto protegido medio en obras de edificio viene a ser de 11.894 euros por vivienda, y el importe de la subvención por propietario de 8.931 euros. 
La firma de una ampliación del ARI en Ejea ha supuesto 11 nuevas solicitudes de inspección técnica.

En cuanto a los expedientes de habitabilidad, de los 19 expedientes, 8 han finalizado las obras. La subvención total de las tres administraciones alcanza los 129.714 euros.

En habitabilidad el presupuesto medio protegido por vivienda es de 13.503 euros y el importe de la subvención media de 6.950 euros.

En el caso de viviendas unifamiliares unifamiliares, hay 57 expedientes en marcha con una subvención calificada definitivamente entre las tres administraciones de 838.113 euros. El presupuesto protegido medio por vivienda unifamiliar es de 30.208 euros y el importe medio de la subvención que hasta ahora recibe el propietario de 19.439 euros

Ampliación
Ejea ha comenzado una 2ª Fase en su Área de Rehabilitación Integral (ARI), con posibilidad de actuar en 90 viviendas más sobre las iniciales, con una inversión  total que asciende a 3.600.000 euros, al que hay que añadir el coste de equipo técnico de gestión, que asciende a 180.000 euros

Un barrio acostumbrado a convivir entre grietas- Vigo

Incertidumbre, indignación y miedo entre los vecinos de los edificios colindantes al número 36 de Alfonso XIII. Lo que no sintieron ayer cuando se toparon la calle cortada y precintada y la Policía Local les comunicó que el inmueble que ha "contagiado" tantos desperfectos a sus viviendas estaba a punto de derrumbarse fue sorpresa. "Esa grieta nació hace 15 o 16 años", asegura Ángel Puza, propietario del establecimiento de lavandería ubicado en el edificio contiguo e inquilino del mismo. "Tengo 74 años y lo único que puedo dejar a mis hijos es este negocio y nuestra casa, y ni siquiera supe nunca si van existir para entonces", se lamentó. Puza dijo estar "harto de pagar a albañiles para que arreglen paredes y techos y limpiar humedades" en su vivienda, "provocadas por el mal estado del de al lado". A pesar del "riesgo inminente de caída" del que les informó la Policía Local tras la visita de los técnicos de Urbanismo, su esposa, Mucha, garantizó desde el principio que no están dispuestos a marcharse de su casa, y que "ya es hora de que alguien asuma responsabilidades después de tantos años sin decirnos, ni siquiera, el nombre de la empresa a la que pertenece".
En el inmueble número 38 también residen Maite Pena, su marido y su hijo de dos años. Aseguran que aunque los expertos que evaluaron el peligro no consideren necesario desalojar las viviendas vecinas, "antes que nuestra casa está nuestra seguridad, y no nos creemos que el derrumbe de un edificio no provoque un movimiento de tierra y afecte al de al lado". Pena se mostró "indignada" porque el inmueble en el que habita, también del año 1913, sea objeto de inspecciones técnicas "que nosotros pagamos", y sobre el que está abandonado "no hay ningún tipo de control de seguridad, a pesar de las continuas quejas". La primera de su larga lista de reclamaciones en el Concello, fue emitida hace cuatro años, cuando "ya había demasiadas humedades y se cayó un falso techo". A partir de entonces, Pena, al igual que otros inquilinos de su edificio, se dirigió periódicamente a Urbanismo para exigir una solución al problema y desde la concejalía "siempre desviaron la respuesta a los propietarios", explicó.
Su vecino y presidente de la comunidad del otro edificio que flanquea el que se prevé que sea derribado esta semana, Carlos Sanjurjo, salió ayer a la calle extrañado por la falta de ruido. "Lo que más miedo me da es este silencio, que significa que algo va mal –dijo–, y deberían darnos algún tipo de explicación porque quiero saber ya si mi mujer, que va a dar a luz esta semana, lo hará aquí o en otro barrio".
En cambio ella, Ana del Río, decía estar más tranquila que su marido. "Si se va a caer que nos lo digan, porque la maleta de emergencia para el hospital ya la tengo preparada y no es el momento de andar de aquí para allá con sustos", protestó. El propietario de un comercio de instrumentos musicales sito en el número 40, Alfonso Portas, también se quejó de la falta de respuestas por parte de Urbanismo y los agentes de la Policía Local a los que asediaron con preguntas tanto vecinos como viandantes curiosos. "Que el edificio está a punto de caerse no hace falta que lo digan, ya se ve desde hace tiempo, pero ¿hay que llegar a estos extremos para que alguien adopte responsabilidades?", señaló Portas.
Por su parte, el "público" que asistió al proceso de precintado de la zona o que se acercó para comprobar qué ocurría vaticinó muy poco tiempo de "vida" al inmueble número 36 de Alfonso XIII. "De hoy no pasa" o "lo raro es que siga en pie" fueron algunos de los comentarios que repetían los peatones al presenciar el despliegue de agentes policiales y el número de personas expectante tras las vallas. "Este edificio está tirando con todos los demás, y ya va siendo hora de que tiren con él", señaló Alfonso, un vecino del barrio.

La Junta Sufragará a los propietarios hasta el 30% del coste de la inspección técnica de edificios

La Junta de Castilla y León impulsará una línea de ayudas dirigida a los propietarios de viviendas con más de 40 años de antigüedad para sufragar los gastos de la inspección técnica de edificios que puede alcanzar el 30 por ciento del coste total del proyecto.
El objetivo de esta medida es incentivar el mantenimiento en buens condiciones de uso y habitabilidad de los edificios, que es obligatoria para los propietarios de las viviendas construidasantes de 1970
Así lo anunció ayer el Consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, Antonio Silván, que inauguró la Jornada Técnica sobre Inspección y Rehabilitación de Edificios, en la que se dieron cita profesionales y representantes del sector de la construcción de toda la provincia para conocer las novedades normativas y fiscales relacionadas con la inspección y la rehabilitación.
El consejero manifestó que la normativa que regula la obligatoriedad de la inspección de edificios afecta a cerca de 82.000 inmuebles de 60 municipios de más de 20.000 habitantes en Csatilla y León, y señaló que su puesta en práctica "es una garantía para la habitabilidad y la calidad de las viviendas de la región".
Asimismo, señaló que la rehabilitación de edificios supone "un impulso al desarrollo del sector de la construcción, que vive un momento delicado por la crisis y que puede encontrar una vía de futuro a través de esta normativa".
Además de las ayudas económicas directas, Silván ha precisado que la Consejería de Hacienda ha puesto en marcha incentivos fiscales asociados a la inspección de edificios que bonifica las obras en inmuebles de más de 30 años para garantizar su conservación antes de la revisión obligatoria, y que alcanzan una deducción en el
IRPF del 15 por ciento de la cantidad abonada hasta un máximo de 10.000 euros.
En el caso de Segovia, un total de 13,276 viviendas se ajustan a estas caracteristicas, donde la capital acapara la mayor parte de ellas con 10. 480 viviendas en 2.407 edificios. A larga distancia le sigue San Ildefonso (1.462 viviendas/540 edificios); Turégano (529 viviendas/495 edificios), Cabezuela (290 viviendas/263 edificios), Pedraza ( 221 viviendas/199 edificios), Valverde del Majano (168 viviendas/156 edificios) y San Cristóbal de la Vega (126 viviendas/125 edificios).
Estas jornadas vienen celebrándose de forma itinerante en todas las capitales de provincia de la región, y cuentan con la colaboración de instituciones como los Colegios de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas, así como de la
Cámara de Contratistas de Castilla y León y el Instituto de la Construcción.

Garantía para el propietario e incentivo para el empleo
A lo largo de las ponencias celebradas ayer en la jornada que tuvo lugar en la Sala
Caja Segovia, los expertos que intervinieron coincidieron en asegurar que la Inspección Técnica de Edificios beneficia tanto al propietario de la vivienda como al propio sector de la construcción, que se agarra a esta iniciativa como una tabla de salvación para recuperar empleo y productividad. La Inspección es una garantía para el propietario pues garantiza la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. Además, ahorra costes posteriores favorece la eco-sostenibilidad de las construcciones.
El propietario debe encargar la Inspección a un técnico competente en materia de construcción. El técnico expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deberán presentar en el
Ayuntamiento una copia de ese certificado y del informe anexo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo en el que corresponda realizarla. El Ayuntamiento puede requerir a los propietarios que acrediten la realización de la inspección técnica dentro de un plazo máximo de tres meses. Si no lo hacen, el Consistorio puede realizar la inspección pero los gastos correrán a cargo de los propietarios.
Actualmente, el
Ayuntamiento de Valladolid cuenta con una Instrucción sobre la inspección, los ayuntamientos de León y Salamanca disponen de ordenanzas municipales, Ávila de ordenanza provisional recientemente aprobada, Segovia tiene un Plan Especial de Áreas Históricas, y Zamora dispone de un bando que recuerda a modo de comunicación la obligación de la inspección.

Un informe ratifica que la Comunidad debía desalojar dos edificiod por mal estado- Madrid

La Consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid obró correctamente al desalojar dos centros ocupacionales la pasada semana, según se desprende de una inspección que ha realizado el Ayuntamieno de Madrid de estos dos inmuebles.

Los técnicos del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid han emitido un informe donde corroboran el mal estado estructural de los centros ocupacionales Magerit y Fray Bernardino desalojados la pasada semana por la Comunidad de Madrid.
El informe manifesta la conformidad con las medidas propuestas por los técnicos del informe encargado por la Consejería de Servicios Sociales a la empresa Euroconsult "en aras de garantizar la seguridad".

La Consejería de Familia solicitó al Area de Urbanismo del Ayuntamiento que supervisara el estado de los centros (Magerit y Fray Bernardino) que cesaron su actividad para garantizar la seguridad de sus usuarios y trabajadores.
Un grupo de 30 familias, de las 300 afectadas y el sindicato CSIT, se negaron a aceptar las deficiencias de los primer informe técnico. Se negaban a aceptar las patologías que pusieron de manifiesto los técnicos de caminos y arquitectos en los informes realizados para la Consejería.
Los especialistas del Ayuntamiento de Madrid señalan, en el informe que han remitido a la Consejería, que constatan que "las patologías detectadas coinciden fundamentalmente con las descritas en dichos informes".

Fuentes de la Consejería de Familia indicaron que tras los acuerdos alcanzados con los representantes legales de las AMPAS y los sindicatos UGT y CCOO, está manteniendo diversas reuniones en las comisiones de trabajo que se han creado para hacer un seguimientos de los traslados de los usuarios y trabajadores. Los casos particulares se está intentendo solucionarlos cuanto antes y retomar la actividad normal de los centros en el menor tiempo posible.
De los acuerdos firmados el viernes, de las 300 familias se han desvinculado 30 del centro Magerit que se han configurado en una Plataforma que pide volver al centro a pesar de que han visto los informes que aconsejan una reparación de los edificios.