La Junta de Castilla y León impulsará una línea de ayudas dirigida a los propietarios de viviendas con más de 40 años de antigüedad para sufragar los gastos de la inspección técnica de edificios que puede alcanzar el 30 por ciento del coste total del proyecto.
El objetivo de esta medida es incentivar el mantenimiento en buens condiciones de uso y habitabilidad de los edificios, que es obligatoria para los propietarios de las viviendas construidasantes de 1970
Así lo anunció ayer el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, que inauguró la Jornada Técnica sobre Inspección y Rehabilitación de Edificios, en la que se dieron cita profesionales y representantes del sector de la construcción de toda la provincia para conocer las novedades normativas y fiscales relacionadas con la inspección y la rehabilitación.
El consejero manifestó que la normativa que regula la obligatoriedad de la inspección de edificios afecta a cerca de 82.000 inmuebles de 60 municipios de más de 20.000 habitantes en Csatilla y León, y señaló que su puesta en práctica "es una garantía para la habitabilidad y la calidad de las viviendas de la región".
Asimismo, señaló que la rehabilitación de edificios supone "un impulso al desarrollo del sector de la construcción, que vive un momento delicado por la crisis y que puede encontrar una vía de futuro a través de esta normativa".
Además de las ayudas económicas directas, Silván ha precisado que la Consejería de Hacienda ha puesto en marcha incentivos fiscales asociados a la inspección de edificios que bonifica las obras en inmuebles de más de 30 años para garantizar su conservación antes de la revisión obligatoria, y que alcanzan una deducción en el IRPF del 15 por ciento de la cantidad abonada hasta un máximo de 10.000 euros.
En el caso de Segovia, un total de 13,276 viviendas se ajustan a estas caracteristicas, donde la capital acapara la mayor parte de ellas con 10. 480 viviendas en 2.407 edificios. A larga distancia le sigue San Ildefonso (1.462 viviendas/540 edificios); Turégano (529 viviendas/495 edificios), Cabezuela (290 viviendas/263 edificios), Pedraza ( 221 viviendas/199 edificios), Valverde del Majano (168 viviendas/156 edificios) y San Cristóbal de la Vega (126 viviendas/125 edificios).
Estas jornadas vienen celebrándose de forma itinerante en todas las capitales de provincia de la región, y cuentan con la colaboración de instituciones como los Colegios de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas, así como de la Cámara de Contratistas de Castilla y León y el Instituto de la Construcción.
Garantía para el propietario e incentivo para el empleo
A lo largo de las ponencias celebradas ayer en la jornada que tuvo lugar en la Sala Caja Segovia, los expertos que intervinieron coincidieron en asegurar que la Inspección Técnica de Edificios beneficia tanto al propietario de la vivienda como al propio sector de la construcción, que se agarra a esta iniciativa como una tabla de salvación para recuperar empleo y productividad. La Inspección es una garantía para el propietario pues garantiza la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. Además, ahorra costes posteriores favorece la eco-sostenibilidad de las construcciones.
El propietario debe encargar la Inspección a un técnico competente en materia de construcción. El técnico expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deberán presentar en el Ayuntamiento una copia de ese certificado y del informe anexo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo en el que corresponda realizarla. El Ayuntamiento puede requerir a los propietarios que acrediten la realización de la inspección técnica dentro de un plazo máximo de tres meses. Si no lo hacen, el Consistorio puede realizar la inspección pero los gastos correrán a cargo de los propietarios.
Actualmente, el Ayuntamiento de Valladolid cuenta con una Instrucción sobre la inspección, los ayuntamientos de León y Salamanca disponen de ordenanzas municipales, Ávila de ordenanza provisional recientemente aprobada, Segovia tiene un Plan Especial de Áreas Históricas, y Zamora dispone de un bando que recuerda a modo de comunicación la obligación de la inspección.
El objetivo de esta medida es incentivar el mantenimiento en buens condiciones de uso y habitabilidad de los edificios, que es obligatoria para los propietarios de las viviendas construidasantes de 1970
Así lo anunció ayer el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, que inauguró la Jornada Técnica sobre Inspección y Rehabilitación de Edificios, en la que se dieron cita profesionales y representantes del sector de la construcción de toda la provincia para conocer las novedades normativas y fiscales relacionadas con la inspección y la rehabilitación.
El consejero manifestó que la normativa que regula la obligatoriedad de la inspección de edificios afecta a cerca de 82.000 inmuebles de 60 municipios de más de 20.000 habitantes en Csatilla y León, y señaló que su puesta en práctica "es una garantía para la habitabilidad y la calidad de las viviendas de la región".
Asimismo, señaló que la rehabilitación de edificios supone "un impulso al desarrollo del sector de la construcción, que vive un momento delicado por la crisis y que puede encontrar una vía de futuro a través de esta normativa".
Además de las ayudas económicas directas, Silván ha precisado que la Consejería de Hacienda ha puesto en marcha incentivos fiscales asociados a la inspección de edificios que bonifica las obras en inmuebles de más de 30 años para garantizar su conservación antes de la revisión obligatoria, y que alcanzan una deducción en el IRPF del 15 por ciento de la cantidad abonada hasta un máximo de 10.000 euros.
En el caso de Segovia, un total de 13,276 viviendas se ajustan a estas caracteristicas, donde la capital acapara la mayor parte de ellas con 10. 480 viviendas en 2.407 edificios. A larga distancia le sigue San Ildefonso (1.462 viviendas/540 edificios); Turégano (529 viviendas/495 edificios), Cabezuela (290 viviendas/263 edificios), Pedraza ( 221 viviendas/199 edificios), Valverde del Majano (168 viviendas/156 edificios) y San Cristóbal de la Vega (126 viviendas/125 edificios).
Estas jornadas vienen celebrándose de forma itinerante en todas las capitales de provincia de la región, y cuentan con la colaboración de instituciones como los Colegios de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas, así como de la Cámara de Contratistas de Castilla y León y el Instituto de la Construcción.
Garantía para el propietario e incentivo para el empleo
A lo largo de las ponencias celebradas ayer en la jornada que tuvo lugar en la Sala Caja Segovia, los expertos que intervinieron coincidieron en asegurar que la Inspección Técnica de Edificios beneficia tanto al propietario de la vivienda como al propio sector de la construcción, que se agarra a esta iniciativa como una tabla de salvación para recuperar empleo y productividad. La Inspección es una garantía para el propietario pues garantiza la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. Además, ahorra costes posteriores favorece la eco-sostenibilidad de las construcciones.
El propietario debe encargar la Inspección a un técnico competente en materia de construcción. El técnico expedirá un certificado y adjuntará un informe en el que describirá el resultado de la inspección. Los propietarios deberán presentar en el Ayuntamiento una copia de ese certificado y del informe anexo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo en el que corresponda realizarla. El Ayuntamiento puede requerir a los propietarios que acrediten la realización de la inspección técnica dentro de un plazo máximo de tres meses. Si no lo hacen, el Consistorio puede realizar la inspección pero los gastos correrán a cargo de los propietarios.
Actualmente, el Ayuntamiento de Valladolid cuenta con una Instrucción sobre la inspección, los ayuntamientos de León y Salamanca disponen de ordenanzas municipales, Ávila de ordenanza provisional recientemente aprobada, Segovia tiene un Plan Especial de Áreas Históricas, y Zamora dispone de un bando que recuerda a modo de comunicación la obligación de la inspección.
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