jueves, 30 de junio de 2011

El nuevo informe de inspección para reducir el consumo de energía en los edificios entra en vigor el 3 de junio

Comunidad Valenciana
La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, María Jesús Rodríguez, ha anunciado que este viernes entrará en vigor el nuevo informe de inspección de edificios de la Generalitat que, por primera vez en España, deberá incluir información sobre el comportamiento energético del edificio y proporcionar las soluciones e intervenciones más eficientes para la reducción del consumo de energía en las obras de rehabilitación.

María Jesús Rodríguez ha asegurado que el Gobierno valenciano "se convierte así en la administración pionera en la implantación y difusión de un sistema que permite no solo conocer el estado de conservación de un edificio que se va a someter a una rehabilitación con el apoyo económico de la Generalitat, sino también sus condiciones energéticas".

De esta forma, "se establecen unos criterios para priorizar las intervenciones de rehabilitación que se vayan a hacer en un edificio en los siguientes cinco años y se garantiza que las ayudas sean coherentes con las necesidades reales del edificio".

"De este modo, el nuevo informe de inspección analiza, como hasta ahora, el estado de fachadas, cubiertas, instalaciones, medidas de accesibilidad, posibles lesiones o deterioros y, como novedad, evalúa también la energía que consume el edificio, las emisiones de CO2 que emite y lo que es más importante, las propuestas de mejora más eficientes con el porcentaje de ahorro que supondrían, así como su equivalencia en emisiones", ha destacado.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones en la inauguración de la jornada sobre las mejores técnicas disponibles para la rehabilitación energética y medioambiental en los edificios existentes celebrada en el Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana.

Técnicos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) han informado sobre el nuevo Informe de Conservación y Evaluación Energética del Edificio (ICE), el catálogo de soluciones constructivas y la herramienta informática que lleva asociada.

A partir de este viernes la nueva versión del ICE formará parte de la documentación que los promotores o comunidades de propietarios deben entregar para solicitar las ayudas de rehabilitación y ellos serán los que directamente encarguen el informe a un técnico cualificado.

La Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda ha puesto a disposición de los profesionales a través de su página web (www.cma.gva.es) el programa informático ICEWIN, de descarga libre, como la herramienta autorizada para la redacción del informe. También esta disponible de forma gratuita un manual técnico de apoyo.

La Conselleria implantó en 2007 el Informe de Conservación del Edificio como una herramienta eficaz a la hora de recabar las condiciones de los edificios para los que se quieren obtener ayudas a la rehabilitación de la Generalitat. Desde entonces, la Generalitat ha empleado este informe para inspeccionar del orden de 40.000 viviendas.

SIMPLIFICACIÓN DEL INFORME

"Ahora actualizamos y renovamos este informe en materia de evaluación energética. Además, hemos aprovechado para revisar las fichas y simplificar el criterio de introducción de datos, con lo que facilitamos a los profesionales la cumplimentación del informe y la obtención de los resultados", ha afirmado la directora general de Vivienda.

La directora general también ha destacado que esta iniciativa "contribuye a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de reducir un 20 por ciento el consumo de energía y la emisión de CO2 en el año 2020. Los edificios residenciales y comerciales concentran el 40 por ciento del consumo total de energía y el 36 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, por lo que son un elemento clave para cumplir estas metas de ahorro energético y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero".

"Asimismo, con el nuevo informe para las obras de rehabilitación, la Generalitat se adelanta a una de las medidas que incluirá la Ley de Calidad y Sostenibilidad del medio urbano del Gobierno Central que introduce la certificación de la eficiencia energética de la viviendas en las inspecciones de edificios, ya que la nueva versión del ICE ya incorpora este análisis energético", ha resaltado.

Sismólogos, geólogos y arquitectos analizan en Lorca los terremotos del 11-M

Lorca, 1 jun (EFE).- Expertos en sismología, geología, arquitectura y patología de las edificaciones analizan desde mañana en Lorca, en un ciclo de conferencias, los terremotos que devastaron la ciudad el 11 de mayo causando nueve muertos, 300 heridos y daños evaluados en casi 700 millones de euros.
El ciclo, titulado "Movimientos sísmicos en Lorca. Mayo 2011. Una reflexión necesaria", ha sido organizado por la Confederación de Empresarios de la Comarca de Lorca, Ceclor, y comienza mañana con una conferencia del director de la Red Sísmica Nacional, Emilio Carreño.
Físico e ingeniero geógrafo, Carreño dirige la Red Sísmica en el Instituto Geográfico Nacional y defenderá la ponencia "Explicaciones al terremoto de Lorca. Reflexiones posteriores", que tendrá lugar en la sede de la patronal a las 20 horas.
Las conferencias continuarán el día 7 con la que ofrecerá el geólogo y director técnico del Laboratorio de Edificación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Antonio Aretxabala.
El 15 de junio terminará la primera parte del ciclo con una conferencia del catedrático de Estructuras Arquitectónicas y director de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) Juan Roldán

Ayuntamiento de Lugo insta a la Xunta a actuar por grietas en el cuartel BIC

La teniente de alcalde en funciones, Sonia Méndez, recordó que el Ayuntamiento le envió una "orden de ejecución" a la Xunta de Galicia para que hiciese "los trabajos de conservación y mantenimiento del edificio", al detectar la existencia de grietas en la fachada del cuartel, que obligaron a vallar la zona de la vía pública afectada.
Según Sonia Méndez, el Gobierno local tomó esa decisión porque el cuartel fue cedido formalmente a la Xunta de Galicia, de "forma gratuita", el día 14 de julio de 2010 -aunque la notificación oficial tiene fecha del 4 de agosto-, para que crease en ese edificio el Centro da Romanización de Galicia.
Además, recordó la edil, la Xunta de Galicia tiene en su posesión, desde que comenzaron los trabajos arqueológicos, las llaves del edificio, situado en pleno casco histórico de la ciudad, a pocos metros de la Muralla romana -declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO-.
También afirmó que, informada del deterioro del cuartel, la propia Xunta se había comprometido a "enviar a los técnicos de Cultura para hacer una inspección".
Por todo ello, Sonia Méndez opina que la actitud del Gobierno gallego, que solicitó el pasado 25 de mayo al Ayuntamiento documentación adicional sobre el proceso de cesión, demuestra que "la Xunta de Galicia no tiene intención de hacer el Centro de la Romanización en San Fernando".
"Mucho anuncio y pocos hechos", dijo la concejala, quien opina que "el abandono del patrimonio lucense" es culpa de "un conselleiro de Cultura incompetente e irresponsable".
En la misma línea, recordó que el Museo Arqueológico de San Roque lleva varios meses cerrado por el desprendimiento del falso techo y que la Fonte da Pinguela, espera desde hace años unos trabajos de restauración que no acaban de ejecutarse.

Lalín intensificará la inspección de edificios por el aumento de desprendimientos sobre las calles

Vigo
El casco urbano de Lalín está comenzando a padecer problemas como consecuencia de la cada vez mayor antigüedad de parte de su parque de viviendas. La vejez de muchos edificios está provocando que proliferen cada vez más los desprendimientos de materiales sobre las calles con el consiguiente riesgo para los peatones. De hecho, en los últimos meses al menos cinco calles céntricas, Rosalía de Castro, Manuel Rivero, Observatorio, Ponte y Praza da Torre, se han visto afectadas por estos desplomes de piedras y tejas.
Ante esta situación, que por el momento no ha causado ningún daño personal, el Concello está recurriendo a la Agrupación de Protección Civil para que valle y precinte las zonas afectadas, pero esta medida preventiva se revela como insuficiente ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.
Precisamente por ello, el gobierno local está planteándose la elaboración y aprobación de una normativa de inspección técnica de edificios que, de hecho, aparece recogida en el programa electoral con el que el PP concurrió a las recientes elecciones municipales. Esta ordenanza, que ya existe en otros municipios gallegos para facilitar el control y la seguridad de los edificios más viejos, permitirá intensificar una actuación de vigilancia que, hasta la fecha, se lleva a cabo a raíz de quejas vecinales, la labor de la inspección de obras o la propia realidad de los desprendimientos.
El concejal de Urbanismo, Román Rodríguez, admitió que el casco urbano ya cuenta con un parque de edificios considerados viejos bastante voluminoso y que por ello el gobierno local quiere aumentar sus prestaciones en esta materia. El edil recordó que ya se han enviado requerimientos a comunidades de propietarios para que adopten medidas de seguridad ante el desplome de materiales de sus fachadas, pero cree que se ganará en seguridad jurídica si existe una normativa específica.
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En este sentido, indicó que la normativa no contemplará sanciones strictu sensu, pero si abrirá la posibilidad de que el Concello de Lalín actúe directamente en la reparación de alguna fachada si la comunidad de propietarios se resiste. Eso sí, posteriormente se le remitirá la factura para que la abone, ya que el ayuntamiento se limitará a garantizar que se acometan los arreglos, pero no será el encargado de pagarlos. "No habrá multas, pero nos permitirá actuar para garantizar la seguridad ciudadana, que es lo único que debe primar en estos casos", indicó Rodríguez, que admitió que el parque de edificios, aunque cuenta con muchos de moderna factura, también envejece, especialmente en las zonas más céntricas.
En la actualidad, las zonas acotadas por desprendimientos de fachadas se encuentran en la calle Manuel Rivero, en un edificio municipal que se admite que está en semiruina, y en la Praza da Torre, aunque previamente afectó a Rosalía de Castro, Ponte y a Observatorio en el caso del antiguo cine Balado.

miércoles, 22 de junio de 2011

Un experto cree que un terremoto dañaría a pisos de más de 40 años.

Si hoy se produjera en Sevilla un terremoto de la misma intensidad que el de Lorca las consecuencias serían bastante nefastas. La mayoría de los inmuebles con más de 40 años de antigüedad resultarían gravemente dañados por el seísmo y no todos los municipios podrían activar un plan de primera actuación. El desastre de la ciudad murciana ha generado estos días un debate sobre la resistencia de los edificios y los medios con los que cuentan las localidades para hacer frente a un terremoto, fenómeno natural imposible de predecir.

Sevilla, por su situación geográfica, no es una zona de grave riesgo sísmico, a tenor del mapa elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. La capital y la mayoría de los municipios -exceptos los del Aljarafe, por su proximidad a Huelva- no se encuentran cerca de placas tectónicas, como sí ocurre en las provincias de Andalucía Oriental (especialmente Granada, Almería y Málaga) donde sí hay gran actividad sísmica. Por este motivo, según señala el delegado en Andalucía del Instituto Geográfico Nacional, Antonio Jesús Martín, existen pocos estudios sobre la preparación de los edificios ante un terremoto. "No hay ningún análisis concreto al respecto", señala Martín, quien, no obsante, asevera que la mayoría de los inmuebles con más de 40 años de antigüedad son susceptibles de no cumplir con las normas existentes desde 1968 para aumentar la resistencia de su estructura.

Estos edificios se encuentra, en mayor proporción, en el centro y los antiguos arrabales de Sevilla. En este sentido, Eduardo Martínez, arquitecto especialista en estructura y director de la empresa Edartec (que ha construido viviendas en zonas de gran actividad sísmica como Almería, Murcia, sur de Italia y Japón), comenta que la mayoría de las viviendas y oficinas que se han levantado tras la normativa de construcción sismorresistente de 2002 y han obtenido la licencia de ocupación cuentan con suficientes garantías ante un terremoto como el de Lorca. "El problema -puntualiza Martínez- son los edificios con más de 40 años de antigüedad, cuando todavía no se había establecido ninguna normativa al respecto".

Este arquitecto asegura que en el caso del centro más del 50% de los inmuebles se verían gravemente dañados por un seísmo de estas características. Por este motivo, se lamenta que las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) sean demasiado "generalistas" y no tengan en cuenta la norma de construcción sismorresistente aprobada por real decreto hace nueve años. "Los arquitectos pedimos más exigencia en estos edificios que no contemplan ninguna medida de este tipo".

Otra de las normativas existentes en cuanto a seísmos es la obligación que tienen los municipios de contar con un plan de actuación inmediata frente a los terremotos. La normativa la estableció el Gobierno en 1995 al obligar a las comunidades a desarrollar una propia. En Andalucía está vigente desde 2009. Antes de esta fecha ya contaban con ella las localidades con más de 20.000 habitantes. A partir de entonces comenzaron a elaborarlas el resto. Actualmente 30 de estos municipios ya la han cerrado -según informa la delegación del gobierno de la Junta- que sumados a los que ya contaban con dicho plan suponen la mitad de los municipios sevillanos.

Diversas noticias sobre el terremoto de Lorca, inspecciones y recuperación de edificios I

Los Bomberos de la Comunidad apuntalan edificios seriamente dañados en Lorca.
ABC

Los técnicos del Ayuntamiento actúan en las zonas más afectadas por el terremoto.
Más información

La inspección de edificios en Lorca concluyen que cuatro de cada diez no son habitables.
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ABC

Seiscientos sesenta edificios ya pueden ser habitados.
La Opinión de Murcia

Lorca empieza a rehacerse aunque miles de personas siguen sin casa.
El Periodico

Ingenieros Sísmicos consideran "positivo" que los edificios adoptaran la última norma sismorresistente.

Diagnóstico y cura de los edificios en ruina

El reciente derrumbe del edificio de la calle Dámaso Merino, en pleno casco antiguo de León, ha vuelto a poner de actualidad un problema al que se enfrentan todas las ciudades históricas de forma recurrente: el deterioro de sus inmuebles. Los datos oficiales ofrecidos con motivo del suceso hablan de tres expedientes de ruina declarados en este momento y otros diez en tramitación, uno de ellos, precisamente, el de la casa derruida en el Barrio Húmedo el pasado sábado. No hace falta ser especialmente observador para entender que la cifra de tres edificios en ruina, e incluso trece, sumando los expedientes en tramitación, no se ajusta a una realidad fácilmente comprobable.
Pero lejos de las meras apreciaciones personales, hay un dato contrastado que permite acercar las cifras oficiales a la realidad. El Ayuntamiento de León puso en marcha la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en enero de 2009 de forma pionera en la comunidad. La ITE, también denominada la ITV de los edificios, persigue precisamente poner coto al deterioro de los inmuebles que llevan a situaciones como la de Dámaso Merino, de la que, en última instancia, cabe recordar que es responsabilidad del propietario del inmueble.
La ITE es una inspección obligatoria y periódica que deben pasar todas las construcciones de León de más de 40 años. Desde su entrada en vigor, se han llevado a cabo más de 1.500 inspecciones en edificios. Este trabajo ha permitido revelar que casi un centenar de inmuebles de la ciudad, fundamentalmente ubicados en el casco antiguo, se encuentran en estado de ruina, lo cual obligaría a sus propietarios a subsanar las deficiencias, principalmente estructurales, o a demolerlos.
Se calcula que en León hay alrededor de 7.000 edificios de más de 40 años. Las primeras inspecciones se están realizando en las partes más antiguas de la ciudad, por lo que el afloramiento de edificios en peores condiciones se tendría que ir reduciendo.
La razón por la que no coinciden los datos oficiales y los reales es que la normativa de la Junta es cada vez es más estricta para declarar una vivienda en ruina y los trámites se pueden dilatar en el tiempo, sobre todo cuando existen inquilinos. Si la ITE ha permitido el diagnóstico también debiera facilitar la cura. Pero, como precisan los expertos, hay un vacío legal que, por el momento, no lo permite. Un vacío legal que los últimos acontecimientos evidencian que hay que salvar.

Más información

Medio Ambiente concederá 200.000 euros a ayuntamientos para inspección de viviendas.

Comunidad Valenciana
Estas subvenciones favorecerán que los ayuntamientos insten a los propietarios de las viviendas a cumplir con la obligación legal de inspección de los edificios para su conservación, mejora y mantenimiento en las condiciones de calidad exigibles, conforme marca la normativa, según la Generalitat.
La orden de ayudas se publicará entre mayo y junio y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 30 días naturales para presentar las solicitudes.
Mediante esta orden, Medio Ambiente y Vivienda también establece como modelo de referencia para la elaboración de las inspecciones el procedimiento establecido en el Informe de Conservación del Edificio (ICE) creado por la Conselleria.
La orden establece una subvención de 50 euros por vivienda para realizar los informes de inspección técnica en edificios de entre dos y 20 viviendas, y de 30 euros en edificios de más de 20 viviendas.
Se establece un límite de 1.500 viviendas o el equivalente a 65.000 euros para los municipios de menos de 10.000 habitantes, y de 3.000 viviendas o el equivalente a 135.000 euros en municipios de población superior a los 10.000 habitantes.
Los ayuntamientos deberán disponer de la ordenanza de inspección técnica de edificios o en su caso, adoptar la normativa necesaria, que podrá seguir el modelo de referencia el establecido por la Dirección General de Vivienda.
Además, deberán elaborar un programa municipal para la realización de las inspecciones con el objetivo de garantizar la viabilidad de las ayudas solicitadas.
El plazo de validez de las inspecciones será de cinco años y durante todo este periodo las comunidades de vecinos podrán acceder al programa de ayudas a la rehabilitación vigente.
La Generalitat ha recordado que en función del resultado de la inspección técnica las comunidades de propietarios que ejecuten obras pueden acceder a las ayudas para la rehabilitación que conceden la Generalitat y el Gobierno central y que pueden alcanzar en total hasta el 30% del presupuesto con un límite de 4.600 euros por vivienda.
ABC

viernes, 10 de junio de 2011

Un derrumbe que no causó heridos deja en ruinas una casa en San Roque

Técnicos municipales y de la empresa que realizó en 2010 la inspección obligatoria del edificio número 48 de la calle San Roque se reúnen esta mañana para estudiar la declaración de ruina de esta casa, cuya parte trasera se desplomó en la madrugada del lunes al martes sin causar daños personales, al tratarse de un edificio deshabitado.
La delegada de urbanismo, María Novo, declaró que una vez vistos los daños provocados en la estructura del inmueble por el derrumbe, «el arquitecto municipal dice que procede la declaración de ruina», aunque añadió que no se tomará una decisión hasta ver el informe definitivo del estado en el que quedó este edificio y los colindantes.
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Novo se trasladó a primera hora de la mañana de ayer junto con el concejal de protección de la comunidad, José Rábade, hasta el edificio derruido, en cuyo solar anexo, el número 50, hubo en su día una casa que fue demolida y en donde ahora se estaban realizando obras de excavación. Estos trabajos, según los técnicos, podrían haber sido los causantes del derrumbe.
De la misma opinión es Jesús López, marido de la propietaria de la casa afectada, quien declaró que ya había advertido en su día al constructor de la obra contigua de la necesidad de apuntalar no solo la parte delantera sino también la posterior. «Non fixo caso», se lamenta López, quien confirmó que las características del edificio, que calcula tiene 150 años de antigüedad, hacían necesarias medidas de protección durante las obras en el solar anexo.
Por su parte, María Novo aclaró que el inmueble que sufrió los desperfectos superó el pasado año la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y aunque sobre la casa pesó en su día una «orden de ejecución de obras», dejó de estar en vigor en 2003.
Pese que hasta la casa se desplazó a primera hora de la mañana una unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local, no fue necesario acordonar la zona ni cortar el tráfico en la calle, puesto que el derrumbamiento no causó la caída de cascotes a la vía.
Al edificio afectado, que tiene dos plantas con más de 200 metros cuadrados de superficie cada una, le había sido tapiada la entrada por sus propietarios después de haber sido ocupada en varias ocasiones por desconocidos. «Tiñan colchóns e roupa e malia que chegamos a poñer ferros nas portas, viñan con patas de cabra e tiraban con todo, polo que decidimos tapiar», comenta Jesús López, quien advierte de que se hubiera podido producir una tragedia en caso de no haber adoptado estas medidas.
Los propietarios de la casa derrumbada podrían exigir una indemnización a los dueños del número 50 si finalmente se demuestra que las obras en este solar causaron el desplome.

miércoles, 8 de junio de 2011

La ITV de los edificios costará 50 euros por piso

Desde este año y hasta el 2015 todos los edificios de viviendas de Catalunya con una antigüedad superior a los 45 años deberán superar una inspección técnica que determine el estado de mantenimiento del inmueble. Un examen similar a la ITV de los vehículos que tendrá un coste que variará en función del número de pisos y locales ubicados en la finca. Rondará los 50 euros por domicilio en edificios de entre 12 y 22 viviendas –entre 600 y 1.100 euros por comunidad de propietarios–. según explicó ayer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, durante la firma del convenio de colaboración entre la Generalitat y los colegios profesionales para que colaboren en el control de la inspección técnica de edificios (ITE). Los precios de este examen obligatorio serán más caros en aquellos inmuebles que tengan menos vecinos.

La medida afectará a 157.307 edificios plurifamiliares de Catalunya construidos antes de 1970, y los primeros en pasar la revisión serán los más antiguos. De hecho, un 17% del parque de viviendas es de antes de 1900. Estas fincas tienen de plazo hasta el 31 de diciembre del 2012 para contratar los servicios de un técnico que inspeccionará visualmente el estado de los elementos constructivos que conforman el inmueble y las instalaciones. El profesional redactará un informe que será enviado a la Generalitat para que emita un certificado de actitud calificando el edificio de apto o no apto. En el caso de que las deficiencias sean consideradas “muy graves”, la administración podrá decretar el desalojo inmediato y clausura del edificio e imponer sanciones económicas a los propietarios.

La inspección pretende conocer el estado del parque de viviendas de Catalunya y mantenerlo en buenas condiciones para evitar situaciones de infraviviendas o de riesgo para las personas. A la vez que establece mecanismos para que los propietarios garanticen la conservación de sus inmuebles. Por eso, ayer la presidenta del Col·legi d’Aparelladors, Maria Rosa Remolà, instó a la Generalitat a ampliar el ámbito de aplicación de la inspección técnica a los edificios públicos.

El certificado tendrá una caducidad de diez años. Una vez pasado este periodo de tiempo, deberá volver a iniciarse todo el proceso. De ahí que ayer Recoder instara a las comunidades de vecinos a disponer de un “técnico de cabecera” que revise regularmente las instalaciones para solventar cuanto antes los fallos. La normativa establece diversas categorías resultantes de la inspección: en buen estado, con deficiencias leves, graves o muy graves. En estos últimos casos, el técnico deberá determinar a través de un informe las mejoras necesarias para subsanar estas carencias, ya sean estructurales o de elementos comunes. Las comunidades de propietarios deberán acreditar después, ante la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que se han hecho obras y se han subsanado los problemas.

Ayer Recoder firmó convenios con los colegios de arquitectos, aparejadores, ingenieros de edificación y de fincas con el fin de que colaboren en las inspecciones. Estos organismos comprobarán que los técnicos que elaboran los informes están colegiados, que la documentación está completa y que el contenido del examen sea conforme al decreto que regula la normativa. Una vez efectuadas estas comprobaciones, el colegio enviará un certificado de idoneidad que se entregará junto al análisis de la inspección a la Generalitat. Por el momento, los administradores de fincas serán los encargados de publicitar la nueva norma, que entró en vigor el pasado mes de febrero.

El secretario técnico del Col·legi d’Arquitectes, Arcadi Viñas, explicó que desde que se aprobó el año pasado este decreto se está formando y especializando a los profesionales en este ámbito, incluso cuentan con una bolsa de trabajo específica. En este sentido, recomendó a las comunidades efectuar un mantenimiento regular de los inmuebles, ya que a la larga resultamucho más económico que tener que acometer una gran rehabilitación.

La certificación energética es obligada

Alicante (Comunidad Valenciana)

La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE. Esta Directiva se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
Desde el pasado 1 de noviembre, es obligatorio poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un Certificado de Eficiencia Energética. En este certificado, y mediante una etiqueta de eficiencia energética, se asigna a cada edificio una Clase Energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes.
Los factores más relevantes en la calificación energética de los edificios de viviendas son: el diseño del edificio, teniendo especial relevancia la cantidad de aislamiento térmico que ha incorporado la vivienda; el grado de eficiencia de los sistemas de calefacción, refrigeración y si dispone de captadores solares para producir agua caliente sanitaria.
Este procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción será desarrollado por el órgano competente en esta materia de la Comunidad Autónoma correspondiente, encargado también del registro de las certificaciones en su ámbito territorial, el control externo y la inspección.
Diario Información

Vecinos de Santo Domingo alertan de grietas en sus casas

Puente Genil (Córdoba)
Cuatro vecinos de las viviendas de reciente construcción de la barriada Santo Domingo de Puente Genil llevan denunciando cerca de un año a la Empresa Pública del Suelo Andaluz, EPSA, promotora de las casas de Protección Oficial, porque les han aparecido grietas en las distintas dependencias de los inmuebles.
Están afectados los dos baños, el salón de la casa y subida de la escalera (como muestra en la foto), en la cocina y en el patio. Grietas también en el suelo y en la fachada de las casas, que llevan habitadas desde hace unos dos años.
Los residentes se han puesto en contacto con la empresa aunque «sólo han venido a remendar», relató ayer uno de los afectados, pero «no nos dan un apaño definitivo al problema». Están cansados de enviar burofaxes a la empresa pública, «pero no nos dan una respuesta».

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Dos de los propietarios de las casas no las han ocupado aún «por miedo», relató Carmen Jiménez, madre de uno de los dueños.
Antes de ser entregadas, ocho de estas viviendas unifamiliares tenían ya grietas, motivo por el cual se demoró nueve meses la entrega de las mismas.

Calles afectadas

De otro lado, los afectados se han puesto en contacto con el Ayuntamiento porque la calle también está afectada con una grieta de gran tamaño y socavones, pero, según cuentan, «unos se echan la culpa a los otros». A partir de ahora no van a parar y «estamos dispuestos a sacar pancartas», tanto afectados como demás inquilinos de esta comunidad, que han pagado una media de 60.000 euros por su casa.

Tres meses de obras para legalizar 41 pisos sociales

A Ponte (Galicia)

La junta local de gobierno concedió en su reunión de ayer la licencia de obras para modificación del proyecto básico y de ejecución los edificios para viviendas sociales construidos en la calle Fermín Rivera (A Ponte). El inmueble cuenta con una planta semisótano para garaje y trasteros, planta baja, dos altas en cuatro portales con un total de 41 viviendas y aprovechamiento bajo cubierta. El plazo para la ejecución de las obras es de tres meses.
La concejala de Benestar Social, Carmen Basadre, señaló que el permiso fue concedido «despois de cinco informes emitidos polo Concello de Lugo e de que presentaran a documentación seis veces; o Concello pediu sempre as mesmas cousas para poder facer uso desas vivendas». Se refería, aunque sin citarlo directamente, a que la Xunta apuntó varias veces al Concello como responsable de que el edificio no tuviera las autorizaciones necesarias para poder entregar las viviendas sociales. Basadre aseguró que la última documentación necesaria fue entregada en el Ayuntamiento el pasado 17 de marzo.

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La misma concejala indicó que, una vez ejecutadas las obras autorizadas, el Concello hará otra inspección, antes de conceder el permiso de utilización, para determinar si lo ejecutado se corresponde con lo autorizado.
Algunos aspectos de las reformas a ejecutar no parecen especialmente fáciles de llevar a la práctica. Según explicaron fuentes municipales, en algunos de los pisos más cercanos al talud de roca junto al que se levantan los edificios será preciso tirar o cambiar de sitio algunos tabiques, para cumplir la normativa técnica de edificabilidad.
Otros trabajos están relacionados con la consolidación del talud. Tendrá que estar recubierto de una red de cable de acero. También tendrán que ser cerrados los terrenos situados en la parte superior. Una vez que se den por terminados los trabajos, será efectuada una inspección geotécnica.
Plan de infancia
La junta local de gobierno, en el apartado de Benestar Social, dio el visto bueno al plan integral de infancia y adolescencia. Este plan es una pieza clave para poder solicitar de Unicef que declare a Lugo ciudad amiga de la infancia.
La concejala Carmen Basadre señaló que Lugo es pionera en Galicia en dotarse de un plan como el citado y destacó que la propia Xunta prepara uno de ámbito gallego. El gobierno local presentó días pasados el citado plan, que incluye muchas de las iniciativas que ya venía desarrollando el Ayuntamiento en este campo.

Los expertos en edificación apuestan por las "ITV"

Palencia (Castilla y León)
El consejero de Fomento, Antonio Silván, asistió ayer en Palencia a la inauguración de una Jornada sobre Inspecciones Técnicas y Rehabilitación de Edificios (ITEs), donde intervinieron 165 participantes entre arquitectos, aparajedores, contratistas y técnicos relacionados con el sector constructivo, únicos profesionales capacitados para la realización de una inspección técnica de edificios.

«Se trata de informar a administraciones, técnicos y empresas sobre las ventajas económicas de estas inspecciones y rehabilitaciones, junto a las exenciones fiscales que llevan aparejadas. La conservación, el mantenimiento y la habitabilidad, con el consiguiente ahorro y eficiencia energética en viviendas, son conceptos que se tienen cada vez más en cuenta», subrayó.
La jornada de trabajo, organizada por la Consejería de Fomento, contó con la presencia de María Jesús Llanos, arquitecto y directora de Calidad de Inspección Técnica de Edificios (CITE), quien habló sobre los aspectos que se evalúan en las revisiones, qué pasa si no son satisfactorias o qué repercusión tendrá para los ciudadanos. Además, aclaró en general cualquier aspecto que pueda preocupar a los dueños de las viviendas de más de 40 años. Una empresa ya está realizando ITEs en Palencia, Zamora, Salamanca y Valladolid, donde es obligatorio, y por lo tanto, se están empezando a conocer cuáles son las primeras inquietudes y problemáticas a las que se enfrentan los propietarios, informa Ical.

Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) más de 16 millones de viviendas -la mitad del parque actual- requiere de una reforma, de las cuales 12 millones tienen más de 30 años y otros seis millones, más de medio siglo. En Castilla y León hay 294.140 viviendas de más de 40 años en municipios de más de 20.000 habitantes y en Palencia capital existen 20.297.

sábado, 4 de junio de 2011

Humedades, charcos y desconchones en los garajes como sorpresa final

Miranda (Alava)
Después de esperar durante meses esa firma que les convierte en propietarios, se han encontrado con una sorpresa desagradable. Los ya vecinos de los inmuebles de la promoción de carretera de Logroño con Rafael Alberti han detectado problemas de fugas de agua en la zona de garajes. Sin entrar a valorar el estado en el que han hallado sus viviendas, que se concluyeron hace más de un año, han denunciado en la asamblea celebrada en la tarde noche del pasado lunes «fugas de agua constantes, creando humedades, charcos y desconchones en la pintura»; una situación que han querido dejar plasmadas en imágenes que ayer hicieron llegar a este periódico.
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Los charcos son visibles en algunas de las plazas de estacionamiento. De una de las bajantes fluía ayer mismo un hilo de agua y parte del techo se aprecia seriamente tocado por la humedad. Daños que solicitarán a la promotora sean solventados lo antes posible.
Durante la reunión, algunos beneficiarios de la VPO del inmueble de Ronda del Ferrocarril, también pusieron en común una denuncia concreta. Según aseguraron -y así lo reflejaron ayer en una nota- el edificio no pasó en un primer momento «la inspección de Iberdrola a no cumplir con los requisitos mínimos». Una situación que «conlleva un retraso respecto a la entrega de la cédula de habitabilidad».

El ayuntamiento facilitará la revisión técnica de inmuebles del Casco Antiguo

Badajoz (Extremadura)
El Ayuntamiento de Badajoz está preparando con los Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores un convenio que tenga como finalidad facilitar a los propietarios de inmuebles en el Casco Antiguo la realización de una inspección técnica del interior de las viviendas para comprobar las condiciones de seguridad. Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, como reacción a los últimos derrumbes que se han producido en en centro histórico de la ciudad, de los que el concejal exculpó a la administración municipal, pues insistió en que los responsables de garantizar la seguridad de cada vivienda son sus propietarios.
El concejal manifestó que los borradores de estos convenios ya están bastante "avanzados", si bien señaló que no se firmarían hasta después de las elecciones.
Rodolfo explicó que el ayuntamiento habilitará una partida para sufragar una parte o la totalidad del coste de estos informes y para poder determinar la situación de las viviendas se requerirá la autorización del propietario, que deberá permitir la realización de catas. Informó además de que la revisión se realizaría por áreas predeterminadas del Casco Antiguo empezando por los edificios que "aparentemente estén peor".
Pero dejó claro que el ayuntamiento no puede correr con el gasto de la rehabilitación, solo apercibirá a los dueños a que lo hagan. Llegados a ese punto, si el dueño se negase, el consistorio no podría hacerlo de forma subsidiaria porque la inversión necesaria es muy cuantiosa. Por eso, lo único que puede hacer es un "llamamiento" a los propietarios para que mantengan las casas en estado de seguridad y así evitar "posibles desgracias".

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En relación al derrumbe de la calle San Pedro de Alcántara, ocurrido la madrugada del pasado domingo, Rodolfo subrayó que "es una cuestión estrictamente privada" que no compete al ayuntamiento pues existen unas obras de derribo, que pueden estar en el origen de lo sucedido, que tienen su correspondiente licencia de demolición donde se hace constar que las obras se tienen que realizar por un técnico competente, bajo su supervisión y responsabilidad.
El concejal añadió que el ayuntamiento no tiene que determinar el origen del derrumbe. Pero apuntó a que lo ocurrido puede tener relación con el hecho de que muchas de las viviendas de la parte alta del Casco Antiguo tienen materiales constructivos "bastante deficientes", pues están hechas de adobe y este hecho se ha complicado con las lluvias de los últimos dos años. Además, en la calle San Pedro de Alcántara concurre la circunstancia de que está en pendiente.

Urbanismo concluye que el Luis Sitjar es ruina y da vía libre a derribo

Palma de Mallorca

Se prevé que la Gerencia de Urbanismo declare el estado de ruina del estadio de manera oficial en su reunión del próximo jueves, en una decisión que resuelve el expediente iniciado por el consistorio el pasado noviembre, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.
La resolución del expediente se basa en un dictamen pericial elaborado por los técnicos del Servicio de Protección de los edificios e Inspección Técnica de Edificios que concluye que reparar o rehabilitar el Luis Sitjar podría costar el doble del valor actual del estadio.
La declaración de ruina tendrá como consecuencia la demolición del estadio después de que se tomen previamente medidas cautelares de forma inmediata, según ha anunciado el consistorio.
Las medidas cautelares lasa deben de ejecutar los propietarios de forma inmediata, en cuanto reciban la notificación de la declaración de ruina.
Según el Ayuntamiento, en el plazo de un mes han de llevar a cabo el desalojo de las personas que se puedan encontrar en este momento ocupando de forma irregular del estadio, tapiar los agujeros en la fachada para impedir los accesos a su interior, reconstruir el muro de cerramiento de la zona oeste y sujetar la barandilla exterior.
En cuanto al derribo, los propietarios del estadio Luis Sitjar tendrán dos meses para hacer un proyecto de demolición e iniciar las obras, una vez recibida la notificación del acuerdo. Comenzadas las obras, deberán estar listas en cuatro meses más.
Si los propietarios no cumplen voluntariamente esta decisión, el Ayuntamiento de Palma procederá de forma subsidiaria la ejecución de la demolición, cuyo coste deberán asumir los dueños del estadio.
Los técnicos han detectado que, debido a la humedad y falta de mantenimiento, la estructura del estadio presenta patologías de fisuras o pérdida de hormigón así como corrosión expansiva de su armazón.
Por todo ello, hay una pérdida de la capacidad portante de los elementos estructurales. Igualmente, la zona de las gradas y el foso perimetral del campo presentan, a consecuencia de la humedad, desprendimientos y partes de hormigón reventadas, y en algunos casos hundidas.
Se han presentado un total de ocho alegaciones al expediente iniciado por el Ayuntamiento de Palma, una del Real Mallorca y otras siete de particulares, tres de las cuales cuestionan la declaración de ruina y las otras cinco aspectos jurídicos relacionados con la tramitación del expediente.
La decisión de iniciar el expediente de ruina que ahora ha concluido se adoptó a raíz de un informe inicial elaborado por los técnicos del Servicio de Protección de los Edificios y ITES el pasado mes de octubre, en el marco de un expediente incoado a consecuencia de denuncia policial y otra particular, ambas de julio, además del incendio ocurrido el 31 de agosto.
Según el consistorio, todos estos hechos pusieron de manifiesto el creciente riesgo de seguridad y salubridad que se derivan de la degradada situación del Luis Sitjar.
El consistorio ha remarcado que el progresivo deterioro del estadio preocupa a la institución pero también a vecinos y comerciantes de la zona, además de al Real Mallorca, que puso de manifiesto al consistorio en marzo de 2009 el estado de riesgo y peligro del estadio.

miércoles, 1 de junio de 2011

Arreglan la fachada agrietada

Vila-Real (Castellón)

Transcurrido algo más de un mes desde que se detectara una grieta de grandes proporciones en la fachada de un edificio de la avenida França, ya se ha iniciado la reparación de la caravista de la misma, en principio, el único elemento afectado. La policía ha habilitado los dos carriles de la avenida França, que se vallaron en parte para evitar accidentes por desprendimientos.

Trasladan a más de cien alumnos del Ponce de León al caer parte del techo de un aula

Valladolid
Por suerte todo ha quedado en un susto. El derrumbe del techo en una de las aulas de la tercera planta del colegio público de Infantil y Primaria Ponce de León, ubicado en la calle Padre Francisco Suárez, ha llevado a las autoridades educativas a decidir el traslado de forma inmediata de más de un centenar de alumnos al colegio El Peral, en Parque Alameda.
El derrumbe del falso techo se produjo el miércoles por la tarde, momento en el que no se registraba actividad alguna en este centro, ni había alumnos ni docentes en el aula, una de las seis que se encuentran en la última planta que, ha quedado vacía para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. La concejala de Educación, Angelines Porres, confirmó que técnicos municipales habían visitado ayer por la mañana las dependencias del centro afectadas -las clases fueron suspendidas- al objeto de evaluar la situación y hacer un primer análisis de las causas que han motivado el desprendimiento en este singular edificio.
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Tras la inspección, en la que participaron responsables de la Dirección Provincial de Educación, se decidió buscar una rápida alternativa para que los escolares de Primaria pudieran mantener la actividad educativa, interrumpida por este incidente. El colegio El Peral, uno de los más nuevos de la capital, cuenta con espacio suficiente para acoger a estos alumnos. Una flota de tres autobuses estará disponible a partir de hoy para realizar el traslado desde el Ponce de León hasta el que será su nuevo colegio de forma provisional. Esta medida fue explicada ayer por la tarde a los padres de los menores afectados durante la reunión mantenida con las autoridades educativas.
Por el momento se desconoce el alcance que puede tener el derrumbe del falso techo, los técnicos y arquitectos de l Ayuntamiento y la Junta serán quienes lo valoren, ya que se trata de un edificio emblemático que empezó a funcionar en la primavera de 1.934 con el nombre de Manuel Bartolomé Cossío. Aunque inicialmente el centro contaba con dos plantas, en el año 1966 se añadió una tercera, la ahora afectada por el desprendimiento, al aumentar la matrícula.
Durante la Guerra Civil se utilizó con fines militares y fue ocupado por oficinas del arma de aviación. Esta circunstancia motivó el traslado de los alumnos a la Escuela Luis Vives, en la calle Nuñez de Arce en el horario de tarde, lo que motivó que la asistencia a clase se viera muy disminuida por la lejanía.
El impulso en la construcción de nuevos centros de enseñanza en la primera mitad del siglo XX dejó en esta ciudad un amplio repertorio de centros educativos. El Ponce de León, junto con el Miguel de Cervantes, García Quintana, Macías Picavea, Isabel la Católica Gonzalo de Córdoba y San Fernando, forman uno de los mejores conjuntos de centros de enseñanza de esa época, con el ladrillo como base de su edificación.

La Constancia, La Asunción y La Alegría, en estado ruinoso

Jerez
El candidato a la Alcaldía por el Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, ya mostró el pasado martes su «preocupación por la agonizante condiciones que atraviesan las viviendas que construyera la Junta de Fomento del Hogar en los años 50». Entre las que se encuentran: La Constancia, La Asunción y La Alegría.
Fue a principios de esta semana, que Pacheco, acompañado por Juan Flores, presidente de la asociación de vecinos de La Alegría, realizó una inspección de la actual situación de dicha barriada. El diagnóstico fue más que concluyente: «La barriada necesita una inspección técnica urgente antes de que ocurra una desgracia».
Dentro de este contexto, Flores explicó que «tras el acuerdo de rehabilitación alcanzado con la Junta de Andalucía, los vecinos hemos pagado 15.000 euros al ayuntamiento en concepto de permiso de obras, y a estas alturas solo se han restaurado cuatro bloques».
«La Junta nos dice ahora que no hay dinero para más y que renovemos las licencias de obras, con el consiguiente gasto económico que eso supone para los vecinos, muchos de ellos pasando serias dificultades económicas».
Los desperfectos son considerables en toda la barriada, no sólo en las viviendas, sino también en su entorno, ya que faltan de puntos de luz, hay escasez de plazas de aparcamiento e innumerables barreras arquitectónicas, especialmente para el perjuicio de la movilidad de personas mayores y discapacitados. Y es que, las deficiencias son múltiples, tantas que incluso están afectando a los edificios ya rehabilitados. En concreto, la comitiva pudo constatar in situ las carencias que soportan las 115 viviendas de La Alegría.
Pacheco se solidarizó con los vecinos, a la vez que los animó para que prosiguieran con sus reivindicaciones, ofreciendo todo el «apoyo» de su partido.