El reciente derrumbe del edificio de la calle Dámaso Merino, en pleno casco antiguo de León, ha vuelto a poner de actualidad un problema al que se enfrentan todas las ciudades históricas de forma recurrente: el deterioro de sus inmuebles. Los datos oficiales ofrecidos con motivo del suceso hablan de tres expedientes de ruina declarados en este momento y otros diez en tramitación, uno de ellos, precisamente, el de la casa derruida en el Barrio Húmedo el pasado sábado. No hace falta ser especialmente observador para entender que la cifra de tres edificios en ruina, e incluso trece, sumando los expedientes en tramitación, no se ajusta a una realidad fácilmente comprobable.
Pero lejos de las meras apreciaciones personales, hay un dato contrastado que permite acercar las cifras oficiales a la realidad. El Ayuntamiento de León puso en marcha la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en enero de 2009 de forma pionera en la comunidad. La ITE, también denominada la ITV de los edificios, persigue precisamente poner coto al deterioro de los inmuebles que llevan a situaciones como la de Dámaso Merino, de la que, en última instancia, cabe recordar que es responsabilidad del propietario del inmueble.
La ITE es una inspección obligatoria y periódica que deben pasar todas las construcciones de León de más de 40 años. Desde su entrada en vigor, se han llevado a cabo más de 1.500 inspecciones en edificios. Este trabajo ha permitido revelar que casi un centenar de inmuebles de la ciudad, fundamentalmente ubicados en el casco antiguo, se encuentran en estado de ruina, lo cual obligaría a sus propietarios a subsanar las deficiencias, principalmente estructurales, o a demolerlos.
Se calcula que en León hay alrededor de 7.000 edificios de más de 40 años. Las primeras inspecciones se están realizando en las partes más antiguas de la ciudad, por lo que el afloramiento de edificios en peores condiciones se tendría que ir reduciendo.
La razón por la que no coinciden los datos oficiales y los reales es que la normativa de la Junta es cada vez es más estricta para declarar una vivienda en ruina y los trámites se pueden dilatar en el tiempo, sobre todo cuando existen inquilinos. Si la ITE ha permitido el diagnóstico también debiera facilitar la cura. Pero, como precisan los expertos, hay un vacío legal que, por el momento, no lo permite. Un vacío legal que los últimos acontecimientos evidencian que hay que salvar.
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Pero lejos de las meras apreciaciones personales, hay un dato contrastado que permite acercar las cifras oficiales a la realidad. El Ayuntamiento de León puso en marcha la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en enero de 2009 de forma pionera en la comunidad. La ITE, también denominada la ITV de los edificios, persigue precisamente poner coto al deterioro de los inmuebles que llevan a situaciones como la de Dámaso Merino, de la que, en última instancia, cabe recordar que es responsabilidad del propietario del inmueble.
La ITE es una inspección obligatoria y periódica que deben pasar todas las construcciones de León de más de 40 años. Desde su entrada en vigor, se han llevado a cabo más de 1.500 inspecciones en edificios. Este trabajo ha permitido revelar que casi un centenar de inmuebles de la ciudad, fundamentalmente ubicados en el casco antiguo, se encuentran en estado de ruina, lo cual obligaría a sus propietarios a subsanar las deficiencias, principalmente estructurales, o a demolerlos.
Se calcula que en León hay alrededor de 7.000 edificios de más de 40 años. Las primeras inspecciones se están realizando en las partes más antiguas de la ciudad, por lo que el afloramiento de edificios en peores condiciones se tendría que ir reduciendo.
La razón por la que no coinciden los datos oficiales y los reales es que la normativa de la Junta es cada vez es más estricta para declarar una vivienda en ruina y los trámites se pueden dilatar en el tiempo, sobre todo cuando existen inquilinos. Si la ITE ha permitido el diagnóstico también debiera facilitar la cura. Pero, como precisan los expertos, hay un vacío legal que, por el momento, no lo permite. Un vacío legal que los últimos acontecimientos evidencian que hay que salvar.
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