jueves, 28 de julio de 2011

Nuevo certificado energético en Andalucia

La Junta crea una certificación para garantizar el uso eficiente de la energía en la construcción y la industria. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de Fomento de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, norma que establece las exigencias básicas en estas materias y crea una certificación para garantizar su cumplimiento en la construcción y la industria. Su desarrollo supondrá en los próximos siete años un ahorro previsto de alrededor de 388.000 toneladas equivalentes de petróleo.

Entre otras medidas, el decreto fija objetivos concretos y plazos para la implantación de sistemas constructivos eficientes y el uso de energías renovables en edificios e instalaciones industriales; la utilización de biocarburantes en el transporte, y el aprovechamiento energético del biogás que se genera en los centros de producción y gestión de residuos. Respecto al primero de estos aspectos, la norma propiciará durante los próximos siete años un ahorro energético de 77.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) en la edificación y de 211.000 en el sector industrial. Por su parte, las medidas relativas a biocarburantes facilitarán la sustitución de 100.000 tep de combustibles convencionales.

La consecución de estos objetivos se acreditará, entre otros instrumentos, a través de la nueva figura del Certificado Energético Andaluz, que será imprescindible tanto para el otorgamiento de autorizaciones y licencias como para la puesta en servicio de las instalaciones y el suministro energético. Éste certificado se exigirá en las fases de redacción y finalización del proyecto, y ha incidido en que la exigencia se aplicará tanto a edificios de nueva construcción como a las nuevas instalaciones industriales.

Así, frente al certificado informativo que exige la normativa estatal, el autonómico tendrá carácter de requisito obligatorio previo a la construcción, primera ocupación o puesta en funcionamiento de los edificios e instalaciones, además de proporcionar a la ciudadanía una información adecuada sobre el consumo energético y la calidad en la edificación. La certificación correrá a cargo de técnicos competentes u organismos colaboradores de la Administración, dependiendo de las características concretas de cada edificación o instalación.

En los dos ámbitos, los certificados tendrán una validez de diez años. Para asegurar el mantenimiento en el tiempo de los niveles de eficiencia y ahorro acreditados, el decreto regula la figura de los planes de gestión, que deberán desarrollarse en edificios de gran consumo (con una potencia térmica de instalaciones comunes superior a 70 kw) y en todas las industrias incluidas en el ámbito de la regulación.

En el caso de la edificación, los niveles de eficiencia necesarios para el certificado se calcularán siguiendo la metodología prevista en la normativa básica estatal y deberán alcanzar, como mínimo, la ‘categoría D’ definida en la misma. Los requisitos se exigirán a los edificios de nueva planta, a la totalidad de los del sector público andaluz (incluidos los antiguos) -por su carácter “ejemplarizante”, en palabras de Ávila- y a aquellos ya existentes cuya ampliación o reforma suponga incrementar en más del 30% el consumo de energía primaria, ampliar en más de 1.000 metros cuadrados la superficie útil o renovar más del 25% de los cerramientos. Para los casos en que no sea obligatoria la certificación, se prevé el establecimiento de incentivos económicos y tributarios dirigidos a la adopción voluntaria de medidas. En este último aspecto, Antonio Ávila ha destacado la voluntariedad en el acceso a este certificado y su aportación a la “responsabilidad social corporativa” de las empresas.

Respecto a la industria, los requerimientos serán aplicables en todas las instalaciones nuevas a partir de umbrales de consumo anual definidos para cada sector y fijados por defecto en las 250 tep o en su equivalencia de suministro eléctrico en alta tensión estimado de 1.250 kw. El certificado se exigirá también a los proyectos de ampliación que supongan incrementar en un 30% el consumo de energía primaria, siempre y cuando se rebasen los umbrales mínimos.


Aprobado el decreto de Fomento de Renovables, que crea un certificado para edificación e industria.


lunes, 25 de julio de 2011

Despacho de arquitectura especializado en realizacion de informes de patologias y periciales.

Somos un despacho de arquitectura especializados en la realización de:

- Informes técnicos y periciales de patologías de edificación.

- Valoración de dáños, diagnóstico y posible reparación.

- ITE (Inspección Técnica de Edificios).

-ICE (Informe Conservación del Edificio, en Comunidad Valenciana)

- Estudios de accesibilidad de viviendas.

-Estudios eficiencia energética, calificación energética.

-Estudios acústicos.

- Proyectos de rehabilitación y reformas.

-Proyectos rehabilitación energética edificios.

Cálculo de estructuras y estudio de refuerzos estructurales.

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- Asistencia a juicios como perito.


Nuestro despacho tiene de ámbito de actuación toda España

 
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Expertos analizan la norma sismorresistente de España y la situación de Lorca

El experto, que es profesor universitario de geotecnia y geomorfología, se ocupará estudiar el comportamiento de la norma de sismorresistencia en Lorca y los efectos que los terremotos han tenido en las edificaciones de la ciudad, afectadas en un 80 por ciento por los seísmos.
Su conferencia es la segunda del ciclo ""Movimientos sísmicos en Lorca. Mayo 2011. Una reflexión necesaria", que ha sido organizado por la Confederación de Empresarios de la Comarca de Lorca, Ceclor, y que comenzó el 2 de junio con una ponencia del director de la Red Sísmica Nacional, Emilio Carreño.
Aretxabaleta ha participado recientemente en un proyecto de investigación sobre paleofallas en las instalaciones de la NASA en Robledo de Chavela y en estudios técnicos sobre las fallas y su proyección geotécnica en Guipúzcoa y Navarra, y es autor de varias publicaciones para medios científicos y generalistas.
El próximo 15 de junio terminará la primera parte del ciclo sobre los terremotos de Lorca que ha organizado Ceclor con una conferencia del arquitecto Juan Roldán, experto en patología de la edificación, catedrático de Estructuras Arquitectónicas y director de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación de la Universidad Católica de Murcia.

lunes, 18 de julio de 2011

Más de 9.100 edificios se encuentran en estado ruinoso

Castilla La Mancha

La próxima Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano que tiene previsto aprobar el Gobierno va a suponer un balón de oxígeno para los arquitectos. El motivo no es otro que la obligatoriedad de que los edificios residenciales con más de 40 años de antigüedad pasen una inspección técnica cada 15 años. Algo que en Castilla-La Mancha tendrá una especial incidencia, dado el estado en el que se encuentra un porcentaje importante del parque inmobiliario.
Así, según un estudio realizado por la compañía LCD, dedicada a la administración de fincas y comunidades de propietarios, de los 842.851 edificios destinados a vivienda en la Comunidad Autónoma, casi el 10% no se encuentran en buen estado. En total, poco más de 91.000, siendo la provincia de Toledo la que acumula, en términos absolutos, el mayor número de edificios en peores condiciones, con 25.979. Albacete, por su parte, es la provincia que registra el porcentaje más alto de este tipo de viviendas en relación a su parque, con el 12,3% del total.

Condiciones
Pero con todo, lo más preocupante del estudio es que 9.103 edificios destinados a vivienda en la comunidad autónoma castellano-manchega se encuentran en un estado ruinoso, y que 65.329 están en unas condiciones deficientes.
Algo que para los autores del estudio es especialmente relevante, ya que significa que están en grave riesgo ante un posible seísmo.
Toledo y Ciudad Real son las dos provincias con más edificios al borde de la ruina, con 2.919 y 1.854, respectivamente, mientras que en el lado contrario aparece Guadalajara, con 1.240.
En el conjunto del territorio nacional, la provincia que concentran mayor número de edificios en estado ruinoso es Barcelona con un total de 7.205 edificios, seguida de Madrid con 5.890, Alicante con 5.820 y Murcia, con 4.838 edificios.
Por el contrario, las provincias con menor número de edificios en estado ruinoso son en primer lugar, Melilla, con 195 edificios, a continuación Ceuta con 266, Álava con 391 y Zamora con 811 edificios.
Más información

Más de la mitad de los edificios que están obligados no pasan la ITE, o la suspenden

Las dos primeras convocatorias de la herramienta con las que el Ayuntamiento de Málaga busca controlar el estado de los edificios de la capital, la Inspección Técnica de Edificios (ITE), han concluido con la constatación de que de los más de 2.800 inmuebles obligados a superar este examen en 2008 y 2009 un 54% o no se han sometido al trámite o lo han suspendido al presentar deficiencias en sus instalaciones. El primer año en que se puso en marcha esta acción, las construcciones afectadas, con más de cien años o por estar protegidas, eran 2.073, a las que sumar otras 731 al año siguiente, con entre 75 y 100 años. El resultado constata que la intervención en ambas anualidades permitió examinar 1.551 (1.148 en 2008, y 403, en 2009), a las que agregar 280 que pudieron eludir la inspección por haber sido rehabilitadas con antelación.

Queda pues casi un millar de edificaciones que a estas alturas del proceso, varios años después de los plazos marcados legalmente, que aún no se han sometido al requisito de ser analizadas por profesionales en la materia. De los incumplidores, unos 650 inmuebles estaban obligados a pasar el trámite a finales de 2008, mientras que 290 corresponden a 2009.

Sin embargo, la inacción de estos propietarios no ha generado hasta el momento una intervención contundente por parte del Ayuntamiento, que tiene la posibilidad de imponer sanciones de entre 600 y 60.000 euros a aquellos que ignoren la norma. Antonio Román, uno de los técnicos municipales encargados de la ITE, admite que hasta el momento apenas se han fijado "poco más de 40 multas". El jefe del departamento de Arquitectura, Javier Pérez de la Fuente, justificó el escaso nivel de presión en que la finalidad del Consistorio no es "ser un ente de recaudación, sino el convencer a los propietarios de la necesidad de realizar las inspecciones".

Otra de las vertientes del análisis que se pueden hacer de los datos oficiales de Urbanismo es el relativo a las inspecciones realizadas que cuentan con luz verde, es decir, que corroboran el buen estado de las edificaciones, y aquellas que, por el contrario, tienen borrones en su situación. Román apuntó que de las inspecciones realizadas alrededor del 63% tienen informes positivos, mientras que hay 563 en los que los encargados han detectado desperfectos en su estado. Una circunstancia que, según explicó, obliga a la propiedad a pedir en la Gerencia de Urbanismo licencia de obras para acometer las mejoras necesarias, trámite que, según admitió, no cumplen todos los que debieran.

"Calculamos que el 75% de las ites desfavorables han solicitado licencia para hacer las reparaciones necesarias", aclaró. Otra cosa, como Román comentó, es que estas licencias acaben concluyendo con la ejecución de las obras para garantizar la buena conservación de los inmuebles. En este sentido, los propios responsables municipales confirman que hay un alto porcentaje de casos en los que no se tiene constancia de intervención alguna, a pesar de que desde que se expide el permiso se dispone de seis meses para su desarrollo.

¿Qué ocurre con los que no cumplen este requisito? Por el momento nada, puesto que como bien señalan desde el área de Arquitectura hasta ahora no se ha tramitado una sola sanción para los dueños de estos inmuebles. "Tenemos que hacer una labor de investigación de los edificios y visitarlos, ver si se han hecho o no las obras y enviarles notificaciones", apuntó.

A pesar de la diversidad de datos existentes tras los dos primeros años de la ITE, Pérez de la Fuente valoró el desarrollo de la misma, al tener porcentajes de actuación muy superiores a los que, por ejemplo, se obtuvieron en Sevilla cuando se puso en marcha el mismo mecanismo. Al tiempo, lanzó un mensaje para todos los que hasta el momento han huido de sus obligaciones, a los que recordó que no es lo mismo tener un coche en el garaje que un edificio en malas condiciones.

Solo 154 de los 9.881 edificios de mas de 40 años han cumplido con la inspección

Valladolid

Entre el desconocimiento y el miedo a enfrentarse a una derrama en un momento económico complicado. La inspección técnica de edificios (ITE), obligatoria por ley para los bloques y naves con más de cuarenta años de antigüedad, no termina de cuajar. Solo 154 de las 9.881 construcciones que tienen que someterse a este análisis en la capital han presentado la documentación al Ayuntamiento de Valladolid. El pasado año fueron 19 y hasta la fecha del presente ejercicio se han formalizado en la oficina municipal otras 135.
 
Ha sido a raíz de la publicación de un bando de Alcaldía, el pasado mes de febrero, cuando los afectados por esta norma han comenzado a contratar con las empresas especializadas estos diagnósticos de pago, con los que se pretende garantizar la seguridad y salubridad de los inmuebles más veteranos de la ciudad. Hasta entonces, y a pesar de los esfuerzos por divulgar esta norma, el cumplimiento ha sido testimonial.
 
En las revisiones, que deben ser realizadas por profesionales colegiados (arquitectos, ingenieros o aparejadores), es obligatorio, como mínimo, analizar el estado de la planta baja del inmueble, del bajo rasante, todo el bajo cubierta y del 60% del resto del edificio, con el objetivo de detectar posibles deficiencias que pongan en riesgo la salubridad de los residentes o la seguridad tanto portal afuera como en el interior. El Consistorio está dando un plazo de tres o cuatro meses a las comunidades que ya han presentado la ITE y no han aprobado el examen para que acometan la obra. Si se constata que están realizando las reparaciones, se espera hasta que culmine para lograr el informe positivo a la Concejalía de Urbanismo.
 
La escasa respuesta ciudadana también ha activado a las Administraciones. Por un lado, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una línea de ayudas por las que los propietarios de inmuebles que tengan que pasar por obligación esta ITV urbanística podrán optar a subvenciones que cubran el 30% de los honorarios del profesional que firme el informe, con un límite máximo de 600 euros.
 
Por otro, el Ayuntamiento de Valladolid modificaba el pasado mes de mayo la norma municipal en un doble sentido. Primero, respondía a una demanda vecinal para permitir que cuando varias comunidades de vecinos compartan una misma estructura edificada puedan presentar por separado la documentación de la inspección, una petición solicitada por barrios con casas molineras como Girón o San Pedro Regalado. De esta manera no hay riesgo de multa para los propietarios que sí hagan la ITE de su parte. No obstante, hasta que todos los dueños de ese conjunto no revisen su zona no se podrá completar la inspección del edificio en cuestión.
 
Además, el Ayuntamiento ha incrementado las sanciones económicas por no realizar este análisis obligatorio. Así, la cuantía ha pasado de una primera horquilla que oscilaba entre los 1.000 a los 10.000 euros a otra que prevé multas entre los 10.000 y los 300.000. Fuentes municipales esperan que de aquí a final de año, cuando vence el plazo para que estos 9.881 edificios y naves afronten la inspección, lleguen en aluvión. A partir de entonces, comenzarían a abrirse expedientes a las comunidades que no hayan cumplido con la ley.
La empresa Cité, especializada en esta inspecciones, ya ha realizado más de cincuenta exámenes a otros tantos bloques del parque de viviendas vallisoletano, mientras que tiene otras 200 en cartera. Según los datos aportados por esta firma, el 40% de los análisis, con un coste por vivienda que oscila entre los 30 y los 80 euros, han sido favorables y el resto necesitan de algún tipo de obra para obtener el visto bueno y que son, en la mayor parte de los casos, causadas por una evidente falta de mantenimiento.
 
Seguridad
Entre las patologías más comunes destacan instalaciones de saneamiento en mal estado y filtración de agua por la cubierta. Los técnicos de esta empresa recomiendan revisar los sellados de ventanas, los vierteaguas, petos de cubierta, la limpieza de sumideros o sacar los canalones al exterior para evitar obstrucciones. Respecto a la seguridad, son partidarios de incorporar luces de emergencia y extintores o abrir las rejillas de ventilación de las calderas que estén bloqueadas o no existan.
 
Por su experiencia el coste medio de las reparaciones por edificio con problemas cubierta ha rondado los 15.000 euros. La mayoría de los inquilinos de las viviendas inspeccionadas son personas mayores, muy receptivas con los expertos, cuyo piso se mantiene gracias al mantenimiento previo que ellos mismos han ido realizando con los años. «La persona mayor tiene mayor conciencia del valor del piso y culturalmente han sido más conscientes de la necesidad de conservación, no así de las zonas comunes», explican en Cité.
 
En general, no hay afecciones estructurales destacables en ninguna vivienda, pero sí existen muchos problemas de condensación en los pisos, de los cuales las comunidades de vecinos no son responsables, ya que se deben al cambio de formas de vida: más calefacción, más vapor por duchas e incluso los residentes que han cambiado las ventanas o han cerrado las galerías para habilitarlas como cocina, y que ahora sufren problemas por falta de ventilación.
 

Bajo la amenaza de ruina

Álava

El incendio el pasado lunes del edificio de viviendas de la calle Zadorra con Toloño ha vuelto a situar en primer plano el estado de riesgo que presentan algunos inmuebles de la ciudad en situación de abandono. El Ayuntamiento tiene en estos momentos en registró una decena de bloques en distintas fases de un procedimiento administrativo largo que, por lo general, lo arbitran los propietarios: la ruina. La demolición completa o la rehabilitación cuando se trata de estructuras con alto nivel de protección urbanística son las únicas salidas posibles para ellos. Porque su avanzado deterioro hace prácticamente inviable el parcheo; los trabajos de estabilización parciales.
 
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Uno de los bloques más llamativos coge los número 9 y 11 de la calle Vitoria. Cuenta con protección estructural o, lo que es lo mismo, el rango que obliga a seguir a rajatabla el espíritu arquitectónico de la fachada original. En este caso se declaró la ruina económica -cuando el coste de conservación es superior al 50% del valor actual del edificio-.
 
La justicia decidirá
«Se ordenó la rehabilitación. Luego se han presentado dos recursos de reposición por parte de los propietarios. Han sido desestimados y ahora mismo está recurrido en vía contenciosa y, por tanto, pendiente de resolución». Aitana Hernando, responsable en funciones del área de Urbanismo, subraya que pese a esa situación de espera, se «han adoptado medidas cautelares para evitar riesgos». Es visible la marquesina que protegería a los viandantes de hipotéticos desprendimientos. «Tampoco presenta un peligro inminente», apostilla Hernando.
El futuro que le esperaría a ese inmueble si finalmente la justicia resuelve a favor del Ayuntamiento, es una rehabilitación siguiendo patrones similares a los que hace cuatro años debieron seguirse en un edificio situado a escasos metros, en la calle Ciudad de Toledo.
El del bloque de la calle Vitoria es el caso más llamativo por sus dimensiones y por encontrarse también en una de las vías más transitadas de la ciudad. Pero en el centro del casco urbano hay más. Aunque la demolición ya se ha ejecutado tras la pertinente declaración de ruina. La acometieron los dueños de los edificios situados en los números 19, 21 y 18 de la calle San Agustín. La desaparición se ha producido hace escasos meses.
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Trasladándonos hacia el Casco Viejo y su entorno más cercano, el número de viviendas en mal estado se multiplica. El número de la calle La Reja saltó a la Prensa el pasado verano por un derrumbe parcial en su interior. Con anterioridad a este hecho, los propietarios habían recibidos varias notificaciones del Ayuntamiento. También se había abierto expediente de ruina. «Se hicieron varias inspecciones de los técnicos y se les volvió a notificar la ruina». Tras el incidente se citó a los titulares y estos presentaron un proyecto de demolición.
Cuentan ya con licencia para actuar «pero aún no lo han hecho, aunque disponen aún de plazo». Distinto fue el caso del número 4 de la calle San Juan, el edificio en el que perdieron la vida cinco personas de una misma familia hace dos años. La demolición se ejecutó en este caso de forma subsidiaria por el Ayuntamiento. «Uno de los propietarios sí pagó el coste y el otro está en vía de apremio».
En la calle Leopoldo Lewin, el edificio número 6 que albergaba la sede del club de atletismo Cronos, se encuentra en estos momentos en proceso de derribo. Los trabajos se han iniciado por dentro y se completarán con la desaparición completa de un inmueble también condenado por ruina.
 
En fase inicial
El de la calle Arenal 5 y 7 se encuentra en la actualidad en trámite de audiencia o, lo que es lo mismo, en la fase inicial del expediente de ruina. La declaración, por tanto, no es definitiva. En este caso también ha sido la propiedad la que ha solicitado la licencia de demolición y «nos encontraríamos, por así decirlo, a punto de concederse», subraya Hernando. Un procedimiento también reciente (de hace apenas dos semanas) es el que se ha iniciado con Los Hornos 2.
El bloque estaba ocupado en tres de sus viviendas, pero en estos momentos está deshabitado. «Se ordenó el desalojo por motivos evidentes de seguridad y se ha otorgado también trámite de audiencia siguiendo lo establecido por la normativa». La declaración de ruina, se insiste desde el Ayuntamiento, es en este caso, la única salida posible.
El número 4 de la calle San Lázaro, también en la parte vieja. Se trata de una edificación de planta única que está también en situación de abandono desde hace años y a cuyos propietarios se les ha concedido licencia de ocupación hace apenas un mes. Las obras aún no se han iniciado, pero previsiblemente lo harán en semanas.
El recorrido por las construcciones en situación límite culmina en el número 29 de Real Aquende. El expediente de ruina también está en marcha y los titulares del mismo han solicitado licencia para rehabilitar.
 

Entra en vigor el nuevo informe de inspección de edificios de la Generalitat Valenciana

La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Comunidad Valenciana, María Jesús Rodríguez, ha anunciado que hoy viernes 3 de junio “entra en vigor el nuevo informe de inspección de edificios de la Generalitat que, por primera vez en España, deberá incluir información sobre el comportamiento energético del edificio y proporcionar las soluciones e intervenciones más eficientes para la reducción del consumo de energía en las obras de rehabilitación”.
Rodríguez ha asegurado que “el Gobierno Valenciano se convierte así en la Administración pionera en la implantación y difusión de un sistema que permite no sólo conocer el estado de conservación de un edificio que se va a someter a una rehabilitación con el apoyo económico de la Generalitat, sino también sus condiciones energéticas. Con ello, se establecen unos criterios para priorizar las intervenciones de rehabilitación que se vayan a hacer en un edificio en los siguientes cinco años y se garantiza que las ayudas sean coherentes con las necesidades reales del edificio”.

“De este modo, el nuevo informe de inspección analiza, como hasta ahora, el estado de fachadas, cubiertas, instalaciones, medidas de accesibilidad, posibles lesiones o deterioros. Y como novedad, evalúa también la energía que consume el edificio, las emisiones de CO2 que emite y lo que es más importante, las propuestas de mejora más eficientes con el porcentaje de ahorro que supondrían, así como su equivalencia en emisiones”, ha continuado la directora.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones en la inauguración de la jornada sobre las mejores técnicas disponibles para la rehabilitación energética y medioambiental en los edificios existentes que ha tenido lugar esta mañana en el Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana. Técnicos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) han informado sobre el nuevo Informe de Conservación y Evaluación Energética del Edificio (ICE), el catálogo de soluciones constructivas y la herramienta informática que lleva asociada.

A partir de hoy la nueva versión del ICE formará parte de la documentación que los promotores o comunidades de propietarios deben entregar para solicitar las ayudas de rehabilitación y ellos serán los que directamente encarguen el informe a un técnico cualificado. La Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda ha puesto a disposición de los profesionales a través de su página web el programa informático ICEWIN, de descarga libre, como la herramienta autorizada para la redacción del informe. También esta disponible de forma gratuita un manual técnico de apoyo.

La Conselleria implantó en 2007 el Informe de Conservación del Edificio como una herramienta eficaz a la hora de recabar las condiciones de los edificios para los que se quieren obtener ayudas a la rehabilitación de la Generalitat. Desde entonces, la Generalitat ha empleado este informe para inspeccionar del orden de 40.000 viviendas.

“Ahora actualizamos y renovamos este informe en materia de evaluación energética. Además, hemos aprovechado para revisar las fichas y simplificar el criterio de introducción de datos, con lo que facilitamos a los profesionales la cumplimentación del informe y la obtención de los resultados”, ha afirmado la directora general de Vivienda.

También ha destacado que “esta iniciativa de la Generalitat contribuye a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de reducir un 20% el consumo de energía y la emisión de CO2 en el año 2020. Los edificios residenciales y comerciales concentran el 40% del consumo total de energía y el 36% de las emisiones de dióxido de carbono, por lo que son un elemento clave para cumplir estas metas de ahorro energético y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero”.

“Con el nuevo informe para las obras de rehabilitación, la Generalitat se adelanta a una de las medidas que incluirá la Ley de Calidad y Sostenibilidad del medio urbano del Gobierno Central que introduce la certificación de la eficiencia energética de la viviendas en las inspecciones de edificios, ya que la nueva versión del ICE ya incorpora este análisis energético”, añadía.

viernes, 1 de julio de 2011

Cierran el castillo de Monzón por riesgo de caída de cascotes

El castillo de Monzón permanece cerrado al público desde la tarde del miércoles por orden de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, uno de cuyos técnicos ha determinado que el deterioro de una de las fachadas de la capilla de San Nicolás encierra peligro para los visitantes.


Fuentes del equipo de gobierno calificaron la medida de "desproporcionada" por cuanto el riesgo se circunscribe a una zona muy concreta que podría ser vallada. "El Departamento de Urbanismo está haciendo gestiones ante Patrimonio para que la orden de cierre no sea tan drástica", indica una nota de prensa municipal.

El IVVSA revisa las viviendas del barrio José Antonio para determinar su posible

Alicante
Los técnicos del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) inspeccionarán las 458 viviendas de los 18 bloques del barrio de José Antonio, situadas alrededor de la plaza División Azul y que son propiedad de la Generalitat, con el fin de emitir un informe de evaluación del estado de conservación de estas casas, la mayoría de las cuales se construyeron hace ya más de cincuenta años. Así se lo comunicó ayer el gerente del Ivvsa, Javier Sogorb, al presidente de la asociación de vecinos Sol d'Alacant del barrio, Rafael Robles, con el que se reunió acompañado de responsables y técnicos de la dirección territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda.
Este estudio, según fuentes del Ivvsa, será determinante para tomar la decisión de si se rehabilitan las viviendas o por el contrario se derriban y se levantan bloques nuevos. Los problemas de estructura que pueden presentar las viviendas desaconsejarían realizar inversiones para rehabilitarlas.
El representante vecinal trasladó a los responsables del Ivvsa las quejas de los residentes por las condiciones de inseguridad e insalubridad en la que se hallan estos pisos y muchos de los locales que permanecen cerrados. Refirió que «hay mucha suciedad, malos olores, humedades y también ratas y cucarachas», lo que le llevó a preguntar para cuándo se podrían realizar las nuevas construcciones.
Sogorb señaló que éstas estarían sujetas a las determinaciones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla la reconstrucción del barrio, y que se abordarán tras su aprobación definitiva, pero que, entre tanto, las intervenciones de conservación y mantenimiento serían puntuales.
También ofreció a Robles la posibilidad de que los locales comerciales se incorporen al protocolo firmado con el Ayuntamiento para reactivar el tejido comercial del barrio, mediante la puesta a disposición de estos locales a los nuevos emprendedores.
El gerente del Ivvsa señaló que hasta ahora se han realizado ya casi la mitad de las inspecciones de las viviendas, motivadas tras la exigencia del Ayuntamiento de Alicante de cumplir con la obligación de controlar y adoptar medidas para mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas. Los técnicos indicaron que se está comprobando el estado de las estructuras, las cubiertas, instalaciones, accesibilidad y otros muchos aspectos técnicos de las edificaciones.
Un estudio que se ha de completar, según afirmó Sogorb, con la revisión de todas las viviendas que faltan, y al que se añadirá una evaluación de la eficiencia energética de los inmuebles, con el fin de establecer las soluciones que son más aconsejables para reducir el consumo de energía.
Este informe, del que Sogorb recalcó que es pionero en España, será necesario para tramitar las ayudas a la rehabilitación de edificios de la Generalitat.
Reconstrucción
La posibilidad de reconstruir de manera integral el barrio José Antonio fue abordada en el mes de octubre del año pasado entre el gerente del Ivvsa y el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Mendoza, con el fin de recuperar este espacio urbano que se halla muy degrado y dotarlo de servicios y zonas de encuentro para los residentes, y a los que se les daría respuesta a las demandas de mejora que vienen planteando desde hace años. En cualquier caso este proyecto está en estudio. El nuevo PGOU permite incrementar el número de alturas de los inmuebles hasta diez plantas, siete más de las que tienen actualmente, si bien se mantendría la misma trama urbana aunque con mayores espacios abiertos para uso de los ciudadanos.
Estructura que estaría determinada en función del aprovechamiento urbanístico que se establezca, lo que permitirá liberar suelo y ganar así terreno para las zonas verdes y dotacionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
 

Cort multa a más de 350 inmuebles por no pasar la inspección técnica

Palma
El ayuntamiento de Palma ha impuesto por primera vez 369 sanciones a los propietarios de inmuebles de más de cien años de antigüedad que estaban obligados a pasar, antes del 31 de diciembre de 2009, la Inspección Técnica de la Edificación (ITE) y no lo hicieron.
En esta situación se encuentran otros 317 inmuebles a los que aún no se les ha notificado la sanción de 600 euros por edificio o vivienda ya que de los 2.871 inmuebles que debían pasar la inspección sólo lo hicieron 1.195.
Estos datos fueron dados a conocer ayer por el gerente de Urbanismo, Bartomeu Tugores, en el transcurso del último consejo de gerencia del actual mandato.
En el resumen de las actuaciones del departamento que ha dirigido la concejala ejecutiva Yolanda Garví se pone de manifiesto también el incremento de la recaudación por las sanciones impuestas en materia de disciplina urbanística, que ha superado los seis millones entre 2007 y 2010, con un incremento durante este período del 716 por ciento. También en este mandato se ha comenzado a multar por no haber ejecutado las órdenes derivadas de los expedientes de protección de la edificación al igual que los incumplimientos en materia de licencias de actividad.
El gerente destacó que, si bien el incremento de la cuantía económica recaudada por las sanciones impuestas se ha incrementado considerablemente, no se ha hecho a expensas de una mayor presión inspectora, sino que se debe a una mayor eficacia. De hecho, destacó que tanto el número de denuncias como los expedientes tramitados anualmente por los inspectores se ha mantenido prácticamente igual todos los años.
Tal como se desprende del informe dado a conocer ayer las licencias de obra mayor concedidas entre 2007 y 2010 han sufrido un descenso del 54 por ciento debido a la crisos. En 2007 se solicitaron 1054 licencias de obra mayor, mientras que el año pasado sólo 477. Pese a la disminución habida en el periodo entre 2009 y 2010 se observó un pequeño repunte del 8 por ciento, pasando de las 442 solicitudes de 2009 a las 477 en 2010.
En cuanto a las licencias de obra menor, se observa un incremento tanto en las licencias de obra menor exprés como en las que se conceden via on line, que se atribuye a las mejoras introducidas en cuanto a la tramitación. De hecho en 2010 ya se dieron más licencias de este tipo en 24 horas haciendo la solicitud en las oficinas de la planta baja de Avingudes (897), que con la tramitación tradicional (783). También se ha conseguido reducir consideradamente el tiempo de la concesión ya que para las obras mayores se ha pasado de los 13 meses de media de 2007 al mes y medio, cuando el tiempo legal es de tres.