Valladolid
Entre el desconocimiento y el miedo a enfrentarse a una derrama en un momento económico complicado. La inspección técnica de edificios (ITE), obligatoria por ley para los bloques y naves con más de cuarenta años de antigüedad, no termina de cuajar. Solo 154 de las 9.881 construcciones que tienen que someterse a este análisis en la capital han presentado la documentación al Ayuntamiento de Valladolid. El pasado año fueron 19 y hasta la fecha del presente ejercicio se han formalizado en la oficina municipal otras 135.
Ha sido a raíz de la publicación de un bando de Alcaldía, el pasado mes de febrero, cuando los afectados por esta norma han comenzado a contratar con las empresas especializadas estos diagnósticos de pago, con los que se pretende garantizar la seguridad y salubridad de los inmuebles más veteranos de la ciudad. Hasta entonces, y a pesar de los esfuerzos por divulgar esta norma, el cumplimiento ha sido testimonial.
En las revisiones, que deben ser realizadas por profesionales colegiados (arquitectos, ingenieros o aparejadores), es obligatorio, como mínimo, analizar el estado de la planta baja del inmueble, del bajo rasante, todo el bajo cubierta y del 60% del resto del edificio, con el objetivo de detectar posibles deficiencias que pongan en riesgo la salubridad de los residentes o la seguridad tanto portal afuera como en el interior. El Consistorio está dando un plazo de tres o cuatro meses a las comunidades que ya han presentado la ITE y no han aprobado el examen para que acometan la obra. Si se constata que están realizando las reparaciones, se espera hasta que culmine para lograr el informe positivo a la Concejalía de Urbanismo.
La escasa respuesta ciudadana también ha activado a las Administraciones. Por un lado, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una línea de ayudas por las que los propietarios de inmuebles que tengan que pasar por obligación esta ITV urbanística podrán optar a subvenciones que cubran el 30% de los honorarios del profesional que firme el informe, con un límite máximo de 600 euros.
Por otro, el Ayuntamiento de Valladolid modificaba el pasado mes de mayo la norma municipal en un doble sentido. Primero, respondía a una demanda vecinal para permitir que cuando varias comunidades de vecinos compartan una misma estructura edificada puedan presentar por separado la documentación de la inspección, una petición solicitada por barrios con casas molineras como Girón o San Pedro Regalado. De esta manera no hay riesgo de multa para los propietarios que sí hagan la ITE de su parte. No obstante, hasta que todos los dueños de ese conjunto no revisen su zona no se podrá completar la inspección del edificio en cuestión.
Además, el Ayuntamiento ha incrementado las sanciones económicas por no realizar este análisis obligatorio. Así, la cuantía ha pasado de una primera horquilla que oscilaba entre los 1.000 a los 10.000 euros a otra que prevé multas entre los 10.000 y los 300.000. Fuentes municipales esperan que de aquí a final de año, cuando vence el plazo para que estos 9.881 edificios y naves afronten la inspección, lleguen en aluvión. A partir de entonces, comenzarían a abrirse expedientes a las comunidades que no hayan cumplido con la ley.
La empresa Cité, especializada en esta inspecciones, ya ha realizado más de cincuenta exámenes a otros tantos bloques del parque de viviendas vallisoletano, mientras que tiene otras 200 en cartera. Según los datos aportados por esta firma, el 40% de los análisis, con un coste por vivienda que oscila entre los 30 y los 80 euros, han sido favorables y el resto necesitan de algún tipo de obra para obtener el visto bueno y que son, en la mayor parte de los casos, causadas por una evidente falta de mantenimiento.
Seguridad
Entre las patologías más comunes destacan instalaciones de saneamiento en mal estado y filtración de agua por la cubierta. Los técnicos de esta empresa recomiendan revisar los sellados de ventanas, los vierteaguas, petos de cubierta, la limpieza de sumideros o sacar los canalones al exterior para evitar obstrucciones. Respecto a la seguridad, son partidarios de incorporar luces de emergencia y extintores o abrir las rejillas de ventilación de las calderas que estén bloqueadas o no existan.
Por su experiencia el coste medio de las reparaciones por edificio con problemas cubierta ha rondado los 15.000 euros. La mayoría de los inquilinos de las viviendas inspeccionadas son personas mayores, muy receptivas con los expertos, cuyo piso se mantiene gracias al mantenimiento previo que ellos mismos han ido realizando con los años. «La persona mayor tiene mayor conciencia del valor del piso y culturalmente han sido más conscientes de la necesidad de conservación, no así de las zonas comunes», explican en Cité.
En general, no hay afecciones estructurales destacables en ninguna vivienda, pero sí existen muchos problemas de condensación en los pisos, de los cuales las comunidades de vecinos no son responsables, ya que se deben al cambio de formas de vida: más calefacción, más vapor por duchas e incluso los residentes que han cambiado las ventanas o han cerrado las galerías para habilitarlas como cocina, y que ahora sufren problemas por falta de ventilación.
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