miércoles, 7 de diciembre de 2011

Unos 2.000 edificios tendrán que pasar la nueva inspección obligatoria desde 2012

Los edificios con más de 50 años de antigüedad de Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales tendrán que superar una inspección técnica a partir del próximo año que garantice unos requisitos mínimos, principalmente de seguridad. Aunque a priori suene a engorro, esta especie de ITV -según la comparación automovilística más usada en el sector- supone beneficios para los propietarios. Por un lado, el evidente: la detección de problemas, desapercibidos o escondidos hasta que asoman quizá de forma irrevocable. Además, la supervisión otorgará a los inmuebles viejos un valor añadido, un certificado que sus dueños podrán empuñar como garantía acreditada si quieren vender o alquilar. Hasta ahora, no existe ningún sello parecido en el mercado inmobiliario de 'segunda mano'.
La Inspección Técnica de Edificios (nombre oficial, abreviado en ITE) será obligatoria porque así lo decidió el Gobierno central en julio de 2010, dentro de un conjunto de reformas dirigidas a «fomentar las actuaciones de rehabilitación». Cuando la construcción no pudo vender más viviendas libres por saturación de la oferta e incapacidad de la demanda, pasó a levantar viviendas protegidas con el respaldo de las administraciones, que recalificaron suelo. Una solución temporal, porque los pisos no se venden ya ni siquiera protegidos de precio. El Estado busca ahora nuevos cauces que reanimen al ladrillo y a todas las profesiones que pivotan a su alrededor. Y en ese grupo de alternativas se incluyen las rehabilitaciones, que, además de generar negocio, enlucirán los barrios señeros de las ciudades.
Con ese contexto nace la ITE obligatoria. El Estado promulgó en 2010 un real decreto-ley que delimita un marco de funcionamiento genérico: bloques con al menos cinco décadas; poblaciones con más de 25.000 habitantes; y una evaluación de «seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato». El resto de matices los decide cada Gobierno autonómico, pero todos están obligados a empezar antes de julio de 2012. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria ultima su adaptación, mediante un decreto propio que espera tener finiquitado en diciembre.
Entretanto, ha de discutir los pormenores con algunos colectivos. Para empezar, con el Colegio Oficial de Arquitectos, que estudia ya el primer borrador con ojo técnico, y también empresarial: «Es un nicho de trabajo importante», reconoce el decano, Ignacio Pereda, cabeza de una profesión que sufre la recesión como cualquier otra. Si no se construye, los arquitectos no trabajan, obviamente. Y si no hay planos nuevos que dibujar, revisar los de un edificio viejo sirve para capear el temporal hasta que la economía florezca. «¿Quién va a hacer esas inspecciones?», pregunta Pereda, que tiene respuesta para su propio interrogante. Antes, sin embargo, deben aclararse otros. ¿En qué consistirá la ITE? ¿A cuántos edificios obligará? ¿Cuánto les costará a los propietarios?
«Todavía estamos en una fase de borrador», remarca el director general de Vivienda. Es decir, «definiendo» las respuestas a las preguntas anteriores, sobre las que José Antonio González Barrios esboza apuntes breves. El censo de inmuebles «rondará los 2.000» entre las cuatro localidades cántabras, pero el número «no es definitivo». Las inspecciones «harán hincapié en la seguridad». Las elaborarán «los técnicos que marca la legislación», y aventurar un precio «es arriesgado todavía». Tampoco han resuelto sobre los plazos que tendrán las comunidades de vecinos si han de realizar obras.
Las partes implicadas
«Estamos en una primera fase», resume, a la par que aplaude las bondades que aportará la ITE: «Más control», y previsión de accidentes. «Que los centros urbanos vuelvan a tener vida». Y «que económicamente haya actividad, porque son un yacimiento de empleo».
Existen espejos donde mirar. Las inspecciones ya funcionan en Madrid, Cataluña y Castilla y León. Valladolid, por ejemplo, establece la frontera en los edificios de 40 años, y exige una ITE cuyo coste supone entre 3.000 y 5.000 euros por comunidad de vecinos. La Generalitat supervisa los bloques con más de 45 años, donde cada propietario paga una media de 50 euros. Madrid, por su parte, establece distintas categorías de supervisión según la antigüedad del inmueble.
«En el Colegio Superior de Madrid lo tratamos con bastante asiduidad y en esas comunidades está funcionando bien», describe el decano cántabro de los Arquitectos. «Y la gente, cuando se lo explican, no lo acoge tan mal», completa. En estos tiempos, cualquier vecino recibe con mala cara una derrama, sea para una inspección o para cambiar un tendal. Sin contar que los edificios ancianos, en muchas ocasiones, albergan inquilinos ancianos, complicando más ese proceso. De ahí que la aportación de un sello de calidad mejore la imagen de la norma, y su utilidad visible.
Cuestión aparte es la anteriormente aludida: quién inspeccionará, o mejor dicho, quién cobrará por las inspecciones. «Serán arquitectos pero también otros técnicos, a través de pequeñas empresas y sociedades que se creen. Pero a ese bocadillo acudirán empresas de provincias limítrofes donde ya existen, como el País Vasco, así que tendremos que movernos».
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