Las viviendas de sa Penya “solo tienen desperfectos por falta de mantenimiento”. Ibiza

El estudio histórico y arqueológico de sa Penya que pide que se conserven las 35 infraviviendas de las calles Alt i Retir podría afectar, sobre todo, a uno de los objetivos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es demoler algunos de los edificios para hacer una plaza cuya finalidad será esponjar la zona.
Esta actuación, sumada a la reforma del resto de los inmuebles para lograr doce VPO y un equipamiento público, completan la propuesta de rehabilitación. Un proyecto que se ve ahora cuestionado por las conclusiones del estudio histórico elaborado por la técnica municipal de Patrimonio, con las que no está de acuerdo la concejala de Cultura de Vila, Lina Sansano, ni la comisión del Pepri, que votó en contra de las mismas. Ahora, la comisión insular de urbanismo y patrimonio (Ciotupha) tendrá que decidir.

Las conclusiones

El estudio concluye que «ninguno de los edificios parece tener problemas de estabilidad ni patologías edificatorias graves» y que su condición actual son «solo de desperfectos producidos por la falta de mantenimiento». Aún así, el estudio destaca que el barrio necesita «una intervención higienizante para limpiar las edificaciones de elementos extraños y para que se pueda recuperar la habitabilidad perdida por la desidia y el mal uso hecho por los ocupantes actuales».

Asimismo, destaca que «es cierto que en gran parte las viviendas precisan una renovación de instalaciones básicas» pero considera que es «compatible con la conservación de los elementos propios de las viviendas, actuando con los criterios patrimoniales de la restauración».

En cuanto a las dotación de condiciones de habitabilidad, asegura «que la mejor forma de conseguirlos es respetando el parcelario histórico y devolver las viviendas a su tamaño original, eliminando las divisiones de las casas que se hicieron, sobre todo, durante la primera mitad del siglo XX».

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Sobre el valor histórico de esta manzana, el estudio indica que la «UA-27 ya aparecía reflejada con mucho detalle en los planos de principios del siglo XVIII».
En cuanto a los valores patrimoniales de los inmuebles, asegura que «hay bastantes que tienen su origen en los siglos precedentes, que en general mantienen en buen estado los elementos estructurales y que en gran parte el barrio conserva los elementos tradicionales». También apunta que aquellos edificios que evidencian transformaciones se hicieron, «en la mayoría de los casos, antes de la declaración de Conjunto Histórico», entre 1950 y 1970.

El problema de las consideraciones jurídicas

Uno de los problemas que ve en el estudio la concejala de Cultura, Lina Sansano, y la comisión del Pepri son sus interpretaciones jurídicas, debido a que no eran objeto de este estudio.

En el mismo, se citan una serie de artículos de la Ley de Patrimonio que inciden en la obligatoriedad de la conservación de los bienes, que entran en contradicción con el planeamiento urbanístico de Vila para la UA-27, que a su vez también incluye un artículo de esta misma ley que permite los derribos siempre que no se desvirtúe el carácter del barrio.

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