Alrededor de 4.500 hogares de Alcázar
de San Juan están recibiendo unas cartas publicitarias de una empresa con
teléfono de Toledo que se ofrece para realizar la inspección técnica de
edificios a la que obliga el Real Decreto 8/2011 de 1 de julio para aquellos
inmuebles con más de 50 años de antigüedad.
Así lo afirmaban este jueves el concejal de Urbanismo, Ángel Montealegre, y el de Obras, Ángel Puente, quienes advertían de lo engañoso de esta publicidad que se presenta en forma de carta con apariencia oficial y en la que se informa que sus técnicos estarán por Alcázar durante unos días determinados y recomienda a los propietarios de los inmuebles que se pongan en contacto con ellos para evitar posibles sanciones.
Según recomendó Montealegre, no hay que hacer caso a estas cartas, salvo que el propietario quiera realmente contar con esta empresa para realizar la inspección de su edificio. En cualquier caso, indicó que los dueños de estos 4.500 edificios pueden escoger al arquitecto o arquitecto técnico que quieran para hacer esta inspección.
En este sentido, Ángel Puente señaló que en función del tamaño del inmueble y otras características el coste de esta inspección puede estar entre los 45 y los 60 euros, más barata, por tanto, que muchas inspecciones de vehículos. Sin embargo, la empresa que está remitiendo dichas cartas está cobrando hasta 180 euros por esa misma labor.
Ampliación del plazo
Por otra parte, el Ayuntamiento ha
decidido aumentar el plazo fijado para la realización de esta inspección de los
edificios de más de 50 años. Aunque estaba previsto que todas las
certificaciones fueran presentadas por los propietarios antes del 31 de
diciembre de 2012, se ha retrasado en un año, hasta el 31 de diciembre de 2013.
De esta forma, los vecinos afectados por esta normativa nacional podrán contar con más tiempo para la realización de estas inspecciones y para la localización de los profesionales que les ofrezcan un mejor precio.
La norma señala que todos los ayuntamientos a los que afecta esta normativa, que son los de localidades de más de 25.000 habitantes, tengan recogidas todas las certificaciones de inspección en 2015. Además, si algún propietario no realiza la inspección de su inmueble de forma voluntaria, la tendrá que hacer de manera subsidiaria el propio Consistorio, obligando después al propietario a pagar por ella.
Hay que tener en cuenta que esta inspección es de gran utilidad para evitar grietas y fallos estructurales en los edificios de mayor antigüedad, lo que redunda en una mayor seguridad tanto para sus propietarios como para la propia ciudad en la que se encuentre.
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