La nueva ordenanza sobre conservación,
restauración, rehabilitación y estado ruinoso de los edificios que permanecerá
desde el miércoles en información pública para recibir alegaciones durante el
plazo de un mes incluye entre una de sus más llamativas cláusulas la
posibilidad de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda expropiar
aquellas viviendas que se encuentran en estado de abandono y no pueden ser
conservadas por sus propietarios. Esta medida que según se reconoce en el mismo
texto es "extraordinaria y alternativa" se aplicará "cuando
confluyan motivos de interés general, y en su caso, cuando los trabajos y obras
a realizar rebasen el límite del contenido normal del deber de conservar y no
sea efectiva la ejecución subsidiaria" por parte del Ayuntamiento.
A partir de la aprobación definitiva
del texto y dentro del plazo de doce meses se creará un registro de edificios y
construcciones cuya antigüedad supere los treinta años. El deber de conservación
abarca hasta la mitad del valor del inmueble y en caso de que el Ayuntamiento
obligue a aumentar la inversión, ésta correrá a cargo de la propia Corporación
local cuando se trate de inmuebles catalogados o por el interés general. La
ordenanza tendrá una especial aplicación en ámbitos protegidos con la
catalogación de Bienes de Interés Cultural (BIC) como ocurre en El Toscal donde
alrededor de un centenar de inmuebles se encuentran en estado de ruina o
abandono. Los dueños de las casas que sean expropiadas recibirán un justiprecio
y si se trata de su residencia habitual el Ayuntamiento tendrá que
garantizarles el realojo, poniendo a su disposición viviendas en las
condiciones de venta o alquiler en régimen de protección pública.
En este caso se impone al propietario
la obligación de proceder a la rehabilitación de las edificaciones catalogadas
y el Ayuntamiento se compromete a asumir el exceso del precio que supere la
mitad del valor del edificio. Además, en ámbitos como El Toscal sería de
aplicación la posibilidad de recurrir a la ocupación de las casas dado que
muchas de ellas se encuentran en situación de abandono, sus dueños no pueden
costear los arreglos o simplemente se encuentran en paradero desconocido. Las
inspecciones técnicas deberán llevarlas a cabo los propietarios cada diez años
a través de un informe elaborado por n técnico homologado. La declaración de
ruina se llevará a cabo cuando el arreglo del inmueble suponga la mitad del
precio que implicaría construir otro nuevo de características similares. Para
los edificios que estén en ámbitos protegidos será necesario contar con el
informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico y se advierte que en
caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el arreglo, el Ayuntamiento podrá
proceder a su expropiación forzosa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario