Durante los últimos años, el Casco
histórico ha renovado en parte su parque inmobiliario. Poco a poco, antiguos
caseríos se van poblando, convertidos en ocasiones en pequeños apartamentos.
Sin embargo, Toledo está todavía lejos de la recuperación plena. La Concejalía
de Urbanismo trabaja en estos momentos con dos sondeos catastrales elaborados
por la EMV que suman un total de 114 viviendas en ruina en todo el centro
histórico. Una situación alarmante para la ciudad y para la que colectivos como
Iniciativa Ciudadana han venido pidiendo una solución desde hace décadas. El
colectivo vecinal viene reclamando la implicación de las administraciones para
resolver un problema que no sólo perjudica a la ciudad y a su patrimonio, si en
muchas ocasiones también al resto de residentes del entorno, que pueden ver
cómo los edificios en ruina ponen en peligro a sus inmuebles.
Recientemente, el Gobierno regional ha dotado a los ayuntamientos de una herramienta que puede servir de ayuda para la lucha contra el abandono inmobiliario. La Lotau permite a los municipios actuar en los casos en los que el propietario incumple de forma injustificada su deber de conservación y rehabilitación. Lo puede hacer ejecutando con medios propios la necesarias obras y repercutir después los costes a los dueños del inmueble, y en casos extremos, llegar incluso a la expropiación el inmueble por el cincuenta por ciento del precio de mercado, para venderlo o alquilarlo una vez rehabilitado. Además, la inspección técnica de edificios de más de cincuenta años, en vigor desde el pasado mes de julio, también será otra ayuda para la detección y lucha contra los edificios en mal estado.
En Toledo, ya se ha dado uno de estos casos extremos y el Ayuntamiento ha optado por llevar al dueño de tres inmuebles abandonados ante el fiscal. Se trata de un individuo que ha desobedecido en reiteradas ocasiones los requerimientos de rehabilitación de sus propiedades en Azacanes 45, plaza de la Retama y bajada de Infantes 6 y 8. Después de la imposición de hasta siete multas coercitivas de 2.107 euros, que propietario no ha pagado, el estado del inmueble de Azacanes es tal que supone un peligro para el vecindario, y el Ayuntamiento apercibió a su dueño de la ejecución subsidiaria de la demolición del mismo para evitar males mayores. Ante la pasividad de este, el Servicio de Recaudación intentó proceder formalmente al embargo de los bienes del propietario en la ciudad, pero se encontró que todos ellos estaban hipotecados. En consecuencia, explicó el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, el equipo de Gobierno ha considerado que es injusto que los toledanos tengan que asumir el gasto de 25.000 euros de la demolición del inmueble, por lo que ha decidido llevar la situación ante la Fiscalía.
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Los expedientes.
El
caso del propietario denunciado es el más grave. Cada vez que el Ayuntamiento
detecta una situación peligrosa en un inmueble, procede a requerir su
reparación. Si el propietario no lo hace, puede multarle con hasta diez multas
por el valor del diez por ciento de la actuación requerida. Hasta que, al
final, si continúa sin haber respuesta, llega la actuación subsidiaria. Y se
podría dar incluso la expropiación. Hoy el equipo de Gobierno continúa
aprobando nuevos expedientes de ruina e imponiendo multas a los propietarios
que no cumplan. Pero hasta ahora no hay otros casos tan importantes de abandono
absoluto y reiteración en el incumplimiento de los requerimientos.
De los dos estudios de la EMV se desprende una situación preocupantes en varias calles del Casco. Cava Baja, las Bulas, Pozo Amargo, San Miguel y Plegaredo acumulan hasta tres inmuebles en ruina. Aunque también hay problemas en Virgen de Gracia, Corchete, Instituto, San Sebastián, Bécquer, Cárcel del Vicario o Trastamara. Especialmente parece preocupante la situación de la zona cercana a San Miguel y el barrio templario, así como en la judería, donde se acumulan el mayor número de viviendas señaladas.
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