El 16 de noviembre de 1972 la
Conferencia General de la Unesco, reunida en París, aprobaba la
"Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural", más conocida como "Convención del Patrimonio Mundial"
o "Convención de París". Este viernes, por tanto, se celebra el 40
aniversario de un documento que puso las bases para implicar a 188 países en la
protección y conservación del patrimonio de todos.
Las normas, recomendaciones,
directrices, programas, iniciativas, pautas,... que emanan del texto de la
Convención, de su Guía Operativa de Aplicación, del Comité y del Centro de
Patrimonio Mundial, son reconocidas por todos esos países los cuales son
guiados de forma efectiva en la conservación de los bienes más relevantes que
atesora la humanidad. Así se comparte un compromiso, y unos principios, para
proteger esos bienes y poder trasmitirlos a las generaciones venideras en toda
su integridad.
Bienes culturales, como ejemplos
representativos de diferentes épocas, creaciones del hombre que se remontan al
arte rupestre o más cercanas en el tiempo como el patrimonio industrial; bienes
naturales, como últimas reservas de naturaleza virgen, parajes singulares con
valores universales; todos ellos sobrepasan las actuales fronteras
político-administrativas y pasan a ser propiedad de toda la humanidad.
La "Lista del Patrimonio
Mundial" otorga un marchamo de calidad y singularidad a los bienes que en
ella se inscriben. No sólo por ser merecedores de tal distinción, por su valor,
también por las garantías que los Estados Parte han dado en cuanto a su
protección y conservación.
Castilla y León, una de las regiones
más ricas de Europa, en cuanto a patrimonio cultural y natural se refiere, está
muy lejos de ser el ejemplo a seguir por aquellas otras que sin tanta
experiencia, y tan diversa, tienen la obligación de preservar su patrimonio. La
ausencia de voluntad política para priorizar la protección del patrimonio (más
allá de aquel que ya ha sido distinguido mundialmente), la lenta catalogación y
protección legal de bienes (siendo incompleta en la mayoría de los casos) y la
escasa inversión económica en el mantenimiento y conservación de los mismos
(por parte de todos los implicados), denotan cómo en Castilla y León todavía
hay mucho por hacer.
El modelo actual basado en la
promoción turística de los bienes más relevantes, que curiosamente tampoco
reciben toda la atención que merecen, es un modelo basado en la rentabilidad
económica y en la aportación de atractivos para el sector servicios. La
prioridad debe ser proteger y conservar, con rapidez y capacidad, puesto que la
diversidad patrimonial de esta región es un hecho que la distingue.
Conservar el patrimonio y protegerlo
es la mejor promoción que se puede hacer del mismo; la difusión únicamente debe
basarse en una amplia valoración del patrimonio por parte de la población local
y del público exterior; y la inversión en materia de patrimonio debería,
precisamente en este momento económico, incrementarse puesto que se trata del
principal y más distintivo recurso que tenemos.
El Estado Español, que ha ratificado
la Convención de París, en virtud de la cual se convierte en uno de los países
con más bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, no debe excusarse
en la transferencia de competencias para dejar de vigilar el cumplimiento de
las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial o de la propia legislación
nacional.
La Convención del Patrimonio Mundial
se considera el texto que más éxito ha tenido entre los distintos países
miembros de la Unesco y es el más ratificado de todos los que ha ido elaborando
la Unesco. En estos días, en los que 188 países organizan actos de celebración,
también se celebra el trabajo llevado a cabo, el éxito global obtenido en
cuanto a protección y difusión del patrimonio y la satisfacción por compartir
un proyecto mundial que es reconocido ampliamente por toda la humanidad.
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