¿Cómo están la estructura y la
cimentación? ¿Y la fachada y las medianeras? ¿Qué grado de conservación tienen
las cubiertas y las azoteas? ¿Y las redes eléctricas? ¿Y las de fontanería? ¿Y
las de saneamiento? ¿Y los ascensores? Estas y otras interrogantes deberán
tener cumplida respuesta a fecha 31 de diciembre de 2015 para unas 21.400
viviendas de Santander y casi 7.000 de Torrelavega. Esa es la traducción
práctica -con datos del parque de viviendas recogidos en el estudio
socioeconómico del Plan General de Urbanismo en el caso de la capital- que se
extrae a la hora de fijar el número de pisos que deberá someterse de forma
obligatoria a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), una reconvertida 'itv'
de la edificación que el Gobierno de Cantabria hará obligatoria a partir de
2013, en cumplimiento de la normativa nacional promulgada en julio de 2011.
La conclusión directa es que los
propietarios de los edificios afectados -Antonio González Barrios, director
general de Vivienda, hizo hace un año una estimación preliminar superior a los
2.000 (edificios, no viviendas) en toda Cantabria- tendrán que hacer frente al
pago de un técnico cualificado que haga la inspección. Si el informe detecta
deficiencias, los vecinos deberán sufragar, previsiblemente vía derrama y en
muchos casos buscando financiación, los defectos que haya que corregir, cuya
cuantía dependerá de los daños descubiertos. Un gasto añadido que, de cumplirse
la ley, habrá que acometer obligatoriamente y que gravarán aún más, y en
tiempos de crisis, las economías domésticas.
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