El pleno del Ayuntamiento de Talavera
de la Reina ha aprobadotres nuevas ordenanzas municipales que
regularán la contaminación acústica, la inspección técnica de edificios y
la apertura de establecimientos comerciales.
La ordenanza de protección contra la
contaminación acústica ha sido aprobada con los votos favorables de PP y PSOE y
la abstención de IU.
El edil de Medio Ambiente, Florencio
Gutiérrez, explicó que la ciudad se adapta así a la normativa vigente y obliga
a que cada local instale obligatoriamente un tipo de aislamiento específico
según su actividad y la emisión de decibelios que tenga, y también obliga a que
las nuevas viviendas estén adecuadamente aisladas para obtener licencia de
obra. Gutiérrez indicó que la ordenanza «viene a poner orden entre la actividad
empresarial y el descanso de los vecinos» y anunció quehabrá vigilancia y
control de su cumplimiento y que los infractores serán sancionados.
El edil responsable del área considera
razonables y sensatos los límites de ruido fijados en la ordenanza,
pues, «no queremos convertir a Talavera en un convento de clausura». La
abstención de IU la explicó el concejal José María Domínguez, quien considera
que a la hora de elaborar la normativa se han tenido más en cuenta los
intereses de los hosteleros que de los vecinos, que presentaron alegaciones que
no han sido tenidas en cuenta.
La ordenanza que regula la obligación
de revisar cada cinco años los edificios y viviendas de más de 50 años se
aprobó inicialmente con el voto en solitario del PP y la abstención del PSOE e
IU. La concejal de Urbanismo, María Rodríguez, explicó que se busca controlar
la conservación de los inmuebles antiguos, detectando posibles deficiencias y
patologías, para solventarlas y garantizar así la seguridad, estructura y
salubridad de los mismos.
Rodríguez avanzó que los técnicos
municipales revisarán la forma en que se llevarán a cabo las inspecciones y
aseguró que la intención del equipo de Gobierno no es gravar más a los
ciudadanos, si no mejorar la seguridad.
Las estimaciones que se han manejado
sobre el precio que podrá tener la revisión se cifra entre 200 y 600 euros,
aunque el PSOE llegó a indicar que en bloques de pisos los vecinos podrían
tener que abonar hasta 100 euros por vivienda. IU y PSOE indicaron que la
normativa perjudicará especialmente a los vecinos de los barrios más antiguos,
donde la población es especialmente desfavorecida.
La ordenanza reguladora del libre
acceso a actividades y servicios y apertura de establecimientos permitirá que
con una declaración responsable se pueda abrir en pocos días un establecimiento
de menos de 300 metros cuadrados de actividades inocuas, aunque habrá
inspecciones posteriores.
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