La voluntad de la Comunidad de Madrid
sigue siendo la de facilitar la destrucción de yacimientos y el expolio
arqueológico a megaproyectos como Eurovegas. Pese a las denuncias
de los arqueólogos madrileños hace un año, el proyecto de Ley de
Patrimonio Histórico sigue abriendo la puerta al destrozo del patrimonio.
El Ejecutivo regional, no obstante, siempre ha negado que los cambios en la
actual ley, vigente desde 1998, estén relacionados con Eurovegas, el plan para
construir en Alcorcón hasta tres campos de golf y seis casinos, con 18.000
tragaperras y un millar de mesas para jugar al póquer, los dados, la ruleta o
el blackjack.
Uno de los grandes agujeros del proyecto de
Ley es la ausencia de la arqueología preventiva
ante proyectos de construcción. Estas investigaciones científicas llevan a cabo
estudios históricos de la zona, sondeos selectivos en el terreno y controlan
los movimientos de tierras para descubrir posibles restos arqueológicos, de
fauna prehistórica o humanos. Sin la arqueología preventiva, las máquinas
pueden arrasar yacimientos desconocidos de incalculable valor. Además, todo lo
que se encuentre en una obra puede llegar a ser considerado “hallazgo casual”.
En 2004, por ejemplo, un matrimonio se
topó en la orilla del embalse de Barbate (Cádiz) con cuencos, hachas, flechas y
otros utensilios, que resultaron pertenecer a una gran necrópolis de la Edad de
Bronce en la que se enterró al menos a una decena de personas hace más de 4.000
años. La Ley estatal de Patrimonio Histórico establece un premio en metálico
para el descubridor y el propietario del lugar (la mitad del valor tasado
legalmente para cada uno), así que la Junta de Andalucía propuso 15.800 euros
como recompensa por los materiales hallados. Sin embargo, hace un año, el
Tribunal Supremo sentenció que los descubridores tenían derecho a recibir un premio por
la totalidad de la necrópolis y no sólo por el puñado de
materiales que encontraron.
Media villa romana para un pastor
Lo mismo ocurrió en 1992, casi una
década después de que un pastor aburrido empezara a arañar el suelo mientras su
ganado pastaba en una finca de Carranque (Toledo). Bajo sus pies apareció un
mosaico, que permitió a los expertos desenterrar otra veintena de ellos,
pertenecientes a una villa
romana del siglo IV. En una sentencia
histórica, el Tribunal Supremo obligó a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a premiar al pastor con la mitad del valor de la villa
romana.
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Al eliminar la arqueología preventiva
de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, estos hallazgos
casuales se pueden multiplicar, según los expertos consultados. En el caso de
Alcorcón, donde se establecerá Eurovegas, existe un yacimiento paleolítico en torno al
arroyo Butarque. En el periodo romano en Hispania, además, el
territorio formaba parte de los dominios de los carpetanos, un pueblo celtíbero
prerromano. Si aparece algún resto durante la construcción de los casinos,
podría darse el caso de que los españoles tuvieran que pagar al magnate Sheldon Adelson, promotor
de Eurovegas y una de las 15 personas más ricas del planeta, la mitad del valor
de lo hallado.
La oposición al Gobierno regional
presidido por Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, va a intentar
frenar el proyecto de Ley en la Asamblea de Madrid. Según las fuentes
consultadas, el PSOE, IU y UPyD presentarán mañana enmiendas a la totalidad.
“El proyecto de Ley incluye barbaridades en temas arqueológicos y abre la
puerta a la destrucción irreversible del patrimonio”, critica María
Encarnación Moya, diputada socialista.
El proyecto de Ley, como ya hacía el
borrador del anteproyecto hace un año, sostiene en su artículo 31.2 que “los
bienes muebles [aquellos que se pueden transportar fácilmente] descubiertos
como consecuencia de intervenciones arqueológicas, paleontológicas o remociones
de tierra o por azar, tendrán la consideración de bienes de dominio público”.
El proyecto de Ley, por lo tanto, deja de nuevo fuera los bienes inmuebles,
como pueden ser un poblado de la Edad del Hierro o una villa romana como la de
Carranque.
Silencio “ilícito”
Otro de los puntos negros del texto es
el silencio administrativo positivo. En el artículo 15, el proyecto de Ley
explica que los promotores públicos o privados de grandes obras, que requieren
una evaluación de su impacto ambiental, “podrán elevar consulta previa” al
gobierno autonómico para determinar los daños que se podrían producir en el
patrimonio histórico. La consulta, por lo tanto, no es obligatoria.
Además, cuando la normativa
medioambiental lo exija, el Ejecutivo regional tendrá que emitir un informe por
la afección al patrimonio histórico. Pero, según el proyecto de Ley, si el
informe no está listo en 30 días hábiles, “se entenderá que es favorable y se
podrá continuar el procedimiento”, salvo que se trate de un Bien de Interés
Cultural, una figura de protección del patrimonio histórico.
“Utilizar el silencio positivo es
ilícito. Sólo se puede emplear con bienes que no sean de dominio público y esto
no ocurre con el patrimonio arqueológico. Es una barbaridad”, lamenta María Ángeles
Querol, catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de
Madrid. A su juicio, “el proyecto de Ley va en contra de la protección del
patrimonio”.
“Cuando se va a llevar a cabo una
ampliación urbanística, una carretera o un aeropuerto, la arqueología
preventiva estudia el territorio para asegurarse de que no hay yacimientos. Con
esta ley no hay nada de eso”, denuncia Querol, que fue subdirectora general de
Arqueología del Ministerio de Cultura.
Arqueólogos
denuncian que Madrid facilitará la destrucción de yacimientos para atraer
Eurovegas.
Un grupo de arqueólogos madrileños
denuncia que el Gobierno de Esperanza Aguirre prepara una legislación a medida
para que la Comunidad de Madrid se quede con el proyecto Eurovegas, que prevé
8.300 tragaperras, cuatro hoteles de 3.000 habitaciones cada uno y varios
campos de golf. El Gobierno regional pretende modificar la Ley de Patrimonio
Histórico, vigente desde 1998, y los cambios “lo único que facilitan es la
destrucción de más patrimonio”, según la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras
en Arqueología (AMTTA). Un portavoz del Ejecutivo autonómico se
limitó a negar que los cambios sean para preparar el terreno a Eurovegas.
“Si se hace una carretera y aparece un
acueducto, la constructora podrá destruirlo sin decírselo a nadie, porque con
el borrador de ley que hay sobre la mesa la protección desaparece”, denuncia
Alicia Torija, secretaria de AMTTA y arqueóloga que ha colaborado, entre otros,
con los proyectos Djehuty en
Egipto y Medio
Éufrates Sirio, ambos participados por el CSIC.
La asociación sostiene que, con el
borrador del anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico que ha preparado la
Comunidad de Madrid, los bienes inmuebles, como un acueducto o un teatro
romano, no serán de dominio público. El artículo 31.2 del borrador, al que ha
tenido acceso MATERIA, afirma que “los bienes muebles descubiertos como
consecuencia de intervenciones arqueológicas, paleontológicas o remociones de
tierra o por azar, tendrán la consideración de bienes de dominio público”. Los
bienes inmuebles, denuncia AMTTA, se quedan fuera.
Prisas en el Gobierno
La asociación, con 50 arqueólogos
socios, critica la “incomprensible premura” con la que el Gobierno de Aguirre
ha preparado el borrador “a oscuras” y expresa su “miedo a una tramitación de
urgencia”. Los enviados del magnate estadounidense Sheldon Adelson, promotor
de Eurovegas, visitaron el martes terrenos en Valdecarros, Alcorcón y una
enorme parcela entre Torrejón y Paracuellos del Jarama.
Los alcaldes de estos dos últimos
municipios han ofrecido
10 millones de metros cuadrados para el macrocomplejo de
casinos. Esta opción, por ejemplo, implicaría construir carreteras desde
Eurovegas a las cercanas autopistas M-45, M-50, A-2 y R-2, pasando por encima
de un patrimonio histórico ahora inimaginable. La propia Torija se encontró con
un poblado de la Edad del Hierro cuando participaba en la construcción de la
autopista AP-41 entre Madrid y Toledo.
“La nueva ley que preparan es un
coladero, para Eurovegas y para cualquier proyecto de este tipo. Es una ventana
al expolio tutelado desde la Administración”, clama Torija. AMTTA ha
presentado una batería
de alegaciones para mejorar la ley, en línea con la nueva Ley de
Patrimonio Histórico aprobada en Andalucía en 2007. “Nosotros no
pedimos ninguna locura, sino algo que ya se está haciendo en España”, explica.
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Dinero para Adelson
El arqueólogo Jaime Almansa, también
miembro de AMTTA, cree que el borrador de la Ley, tal como está, es
“inconstitucional”, ya que el dominio público del patrimonio cultural está
regulado por la Constitución. Además, señala Almansa, “si el señor Adelson está
en sus solares haciendo un casino y se encuentra un mosaico romano tasado en
una millonada, por ejemplo, se lo tendríamos que pagar entre todos los
españoles”. El artículo 31.4 postula que “el descubridor y el propietario
del lugar en que hubiera sido hallado casualmente el bien mueble tienen
derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en
tasación legal se le atribuya”.
El borrador, lamenta Almansa, elimina
prácticamente la arqueología preventiva, como se denomina a las
investigaciones que se llevan a cabo antes de ejecutar una obra que puede
destruir restos valiosos, para protegerlos. “Al eliminar la fase de la
arqueología preventiva, todo lo que se encuentre en un solar se considerará hallazgo
casual. Esta ley permite lucrarse con los hallazgos casuales de manera casi
ilícita”, manifiesta el experto, que acaba de lanzar con su editorial JAS el
libro Indiana Jones sin futuro, sobre la lucha contra el expolio
del patrimonio arqueológico.
La sección de arqueología del
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la
Comunidad de Madrid también ha criticado el borrador, en un informe
enviado a la Dirección General de Patrimonio Histórico al que ha tenido acceso
MATERIA. “Nos sorprende que no se hayan incluido aspectos del Convenio europeo
para la protección del Patrimonio Arqueológico de enero de 1992, y que debemos
cumplir desde el 20 de julio de 2011”, apunta el documento. Uno de estos
aspectos no incluidos se echa de menos en el artículo 15, que sugiere a los
promotores de proyectos sometidos a procedimientos ambientales que consulten de
manera previa a las autoridades si algún bien del patrimonio histórico puede
verse afectado por las obras. “Esta consulta debería ser obligatoria”, se queja
el informe del Colegio.
El documento también exige al Gobierno
de Aguirre más arqueología preventiva. “Lo recogido es absolutamente
insuficiente”, afirman los arqueólogos del Colegio.
La catedrática de Prehistoria María Ángeles
Querol, de la Universidad Complutense de Madrid, también es muy
crítica con el borrador, pero no lo vincula al macrocomplejo de casinos, como
hace AMTTA. “Eurovegas es un proyecto tan grande que no se detendrá porque
aparezca un yacimiento arqueológico”, opina. “No obstante, no tengo más que
críticas hacia esta nueva ley que se está preparando. El proyecto es tan malo
que no puede salir adelante”, añade. Querol es autora del Manual de
Gestión del Patrimonio Cultural, editado por Akal en 2010. En el
libro, Querol reivindica la arqueología preventiva, “completamente ausente” del
borrador de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
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