Bajantes taponadas, filtraciones que
causan humedades, cornisas con riesgo de desprendimiento y hasta aluminosis. La
crisis económica, la reducción del poder adquisitivo de las familias
valencianas y una cierta dejadez tanto de la Administración como de los
propietarios de viviendas ha comenzado a afectar seriamente al correcto
mantenimiento de los edificios de la Comunitat, sobre todo el de los más antiguos,
que sistemáticamente incumplen la obligación de someterse a las denominadas
inspecciones técnicas de edificaciones (ITE) que garantizan su integridad,
seguridad y salubridad.
Tal y como fijó la Ley Urbanística
Valenciana (LUV) en 2005, todos los edificios con una antigüedad superior a 50
años «deberán promover, al menos cada cinco años, una inspección a cargo del
facultativo competente para supervisar su estado de conservación».
Sin embargo, en la Comunitat la
cantidad de inmuebles de esta edad que están superando las obligadas
inspecciones es ínfima, según alertan desde el Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia, desde la empresa ITE Valencia, una de las más
representativas del sector, y hasta desde el Colegio de Administradores de
Fincas de Valencia y Castellón. Este incumplimiento, según explicaron, está
acelerando el deterioro de dichas edificaciones por falta de mantenimiento y
poniendo en riesgo tanto a sus residentes como a terceros.
«Se ha levantado mucha vivienda en los
últimos años, pero 50 años de vida, para la construcción, es muy poco. Además,
debemos tener en cuenta que hay pueblos que casi todas sus viviendas tienen más
de medio siglo. Por ello, calculamos que, en la Comunitat, alrededor de la
mitad de los edificios tienen esa edad o la superan», explicó a LAS PROVINCIAS
el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Luis Sendra.
Extrapolando datos nacionales, el porcentaje de viviendas que superan el medio
siglo de vida es mayor al 35 por ciento. Por tanto, de los 3,1 millones de
domicilios existentes en la Comunitat, entre 1 y 1,5 millones, aproximadamente,
se encuentran en edificios con 50 años o más.
De este grupo, según Sendra, «es
testimonial los inmuebles que pasan la ITE, diría que menos de un 1 por
ciento», precisó el representante de los arquitectos. «Ni los edificios
públicos tienen la ITE pasada», añadió.
Sólo uno de
cada cuatro
En esta línea se manifestó también el
director técnico de ITEValencia.com, Jesús Primo. «De los pocos que vienen a
preguntar por las inspecciones, sólo uno de cada cuatro acepta que la hagamos.
Los otros, al conocer que hay que pagar, y que existe la posibilidad de que se
detecten patologías que haya que reparar, deciden posponer la actuación»,
señaló. Primo, además, alerta de que «tampoco existe un registro administrativo
de los edificios que sí pasan la inspección».
La presidenta del Colegio de
Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, María Cruz Zabal, pese a no
contar con datos oficiales, aseguró también que «es cierto que bastantes
comunidades deciden no pasar dicha inspección, pese a la advertencia del
administrador de la finca de su obligatoriedad».
Ni la Generalitat Valenciana ni la
gran mayoría de ayuntamientos se preocupan demasiado en que esta norma se
cumpla a rajatabla. Según indicó Primo, «prácticamente ningún ayuntamiento
notifica a los propietarios esta obligatoriedad, y eso que bastaría con ponerse
en contacto con el catastro». «La Administración debería intentar que se cumpla
la ley, al menos notificando o sancionando», sentenció.
La norma, aunque no lo exige, sí
faculta a los ayuntamientos para que puedan «exigir de los propietarios la
exhibición de los certificados actualizados de inspección periódica de
construcciones y, si descubriera que éstas no se han efectuado, podrá
realizarlas de oficio a costa de los obligados».
Sin embargo, para Sendra la obligación
recae en los propios dueños de inmuebles. «No es el ayuntamiento el que tiene
que notificar, es una ley que hay que cumplir. Hay que sensibilizar a los propietarios
porque es una cuestión social».
Además, este representante de los
arquitectos advierte de que «si hay una desgracia y la ITE no está pasada, el
responsable es el propietario del edificio, no el ayuntamiento. Si la ITE está
pasada, la pagaría el seguro del inmueble. La Administración no tiene
responsabilidad». En esta línea, resume que «la obligación del propietario de
cualquier vivienda, tenga más de 50 años o no, es mantener el ornato, la
seguridad y la salubridad»; mientras que con la ITE «se pretende evitar que los
dueños de inmuebles, por dejación, no arreglen elementos generales».
Los propietarios, para que su edificio
pueda pasar esta inspección, bien pueden llamar al Colegio de Arquitectos o al
de Aparejadores para que les asigne un técnico que les haga la inspección; o
bien ponerse en contacto con una empresa privada y encargarle un informe de
inspección. El técnico asignado realizará una primera reunión 15 ó 20 días
antes de llevar a cabo la inspección, con el objetivo que el día escogido haya
alguien en todas las viviendas para facilitar el acceso. Esta primera
inspección visual determina si existen patologías, y si son leves o graves. Si
son leves, programará una intervención a ejecutar en los próximos meses,
mientras que si son graves es necesario llevar a cabo un estudio más profundo.
En el caso de que el inmueble no cuente con ningún tipo de desperfecto, el
técnico elaborará un informe con una validez de cinco años. De este documento
se facilitará una copia a los propietarios y otra al ayuntamiento del municipio
en el que se encuentre el edificio.
En el caso de que el especialista
encuentre deficiencias leves relacionadas, por ejemplo, con el mantenimiento de
la fachada o la impermeabilización, elaborará un informe de deficiencias en el
que se indicará un plazo de ejecución para que los propietarios acometan las
obras, siempre que no haya riesgo de daños a terceros. En ese punto, los
vecinos deben encargar un proyecto, acometerlo y presentar el certificado final
en el ayuntamiento.
Finalmente, si los daños que presenta
el inmueble son graves y pueden provocar un daño inminente, como posibles
desprendimientos, se adoptan medidas preventivas, como la instalación de redes
y puntales, para posteriormente llevar a cabo el programa de intervención
integral.
Al respecto, el director técnico de
ITEValencia.com comentó que «cuando inspeccionamos un edificio y le damos un
determinado plazo a los propietarios para corregir las deficiencias de, por
ejemplo, seis meses, el ayuntamiento debería inspeccionar si se han reparado
las deficiencias en ese plazo o, al menos, instar a los dueños a corregirlas a
la mayor brevedad posible».
La mayoría de los ayuntamientos
también tienen convenios de colaboración con los colegios de arquitectos en los
que se fijan unos precios para las ITE de unos 50 o 60 euros por vivienda.
*Esta noticia cuenta con una galería
fotográfica
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