La Junta de Castilla y León está
intentando que se unifiquen o, al menos, se homogenicen lo más posible las
ordenanzas que regulan en cada uno de los grandes ayuntamientos la Inspección
Técnica de Edificios, ha informado el director general de Vivienda, Ángel
Marinero.
El objetivo es que se pueda diseñar
una herramienta informática que ayude a los profesionales que deben realizar
las inspecciones, algo que no es posible en este momento porque hay una gran
diversidad en la normativa municipal.
El director general de Vivienda, Ángel
Marinero, lleva a cabo reuniones con ayuntamientos y técnicos para relanzar la
Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad e intentar consensuar con ellos
una normativa que sea más homogénea.
El director general ha recordado que
los ayuntamientos tienen autonomía para desarrollar la ordenanza, aunque
también conviene que haya una única herramienta para todos los profesionales,
por lo que su intención es consensuar con los ayuntamientos una mayor
homogeneidad de las normas.
El siguiente paso será el desarrollo
de aplicaciones adecuadas para las evaluaciones de la Inspección Técnica de
Edificios, una herramienta en la que ya trabaja el Instituto de la Construcción
de Castilla y León, que está desarrollando una web específica para la
inspección.
El director general de Vivienda
constata la importancia de que los ayuntamientos se impliquen en coordinar el
proceso y concienciar a los propietarios de que realizar estas inspecciones es
una obligación que previene deterioros futuros en los edificios.
Ángel Marinero ha insistido en que no
se trata de un nuevo impuesto, sino una inversión que supondrá ahorro en el
futuro y de algo tan positivo como las revisiones médicas de las personas o las
Inspección Técnica de Vehículos, que previenen males mayores.
Sólo los municipios de más de 5.000
habitantes están obligados a aprobar una ordenanza que regule las Inspecciones
Técnicas de Edificios, aunque supone un porcentaje importante del parque de
viviendas.
En el caso de Burgos hay seis
municipios que tienen la obligación de exigir a sus vecinos la Inspección
Técnica de Edificios al superar los 5.000 habitantes, aunque concentran el 70
por ciento de la población y más de la mitad de las viviendas.
El
decreto de inspección que afecta a 70.000 edificios entra en vigor.
El decreto sobre inspección técnica de
viviendas que entra en vigor mañana afectará a unos 70.000 edificios en
Castilla y León, en municipios de más de 5.000 habitantes o que cuenten con
plan general de ordenación urbana.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván, ha presidido hoy en Valladolid una reunión con responsables de
Urbanismo de las nueve capitales de Castilla y León, para analizar la nueva
reglamentación de la Inspección Técnica de Construcciones.
La normativa pretende que se mantenga
el patrimonio a través de la conservación y rehabilitación de edificios, ha
explicado el consejero en declaraciones a los periodistas.
Los representantes de estos municipios
han constituido un grupo de trabajo, para coordinar la aplicación del decreto, que
afecta a edificios de más de cuarenta años, unos 70.000 en el conjunto de la
Comunidad, según el consejero.
El consejero ha asegurado que la
mayoría de los ayuntamientos implicados ya se han adaptado a esta normativa,
pero corresponde a los propietarios pasar la inspección en sus edificios, ya
sean particulares, empresas o instituciones.
Por ello, son los ayuntamientos los
encargados de establecer los procedimientos para que los técnicos lleven a cabo
la inspección, que puede certificar que el edificio cumple lo establecido o
determinar las actuaciones de conservación necesarias.
Mientras el consejero hacía estas
declaraciones, un grupo de empleados públicos protagonizaba una protesta en una
zona cercana de la Consejería de Fomento, contra los recortes aplicados a los
funcionarios, en el marco de los conocidos como "viernes negros".
La
"ITV" para los 70.000 edificios de más de cuarenta años será
obligatoria desde abril.
Si bien, durante los últimos años,
muchos edificios han superado ya este trámite hasta ahora consultivo que
permitía detectar carencias estructurales o coyunturales, a partir de hoy la
Inspección Técnica de Edificios será obligatoria para aquéllos que tengan más
de cuarenta años, la denominada 'ITV' de los inmuebles. Así lo establece el decreto
aprobado el pasado 7 de marzo por el Consejo de Gobierno de la Junta, que
modifica el Reglamento de Urbanismo, para asimilarlo a la Ley autonómica de
Vivienda y la norma estatal.
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, reunió por ello, ayer en Valladolid, a los
responsables de Urbanismo de las nueve capitales de provincia, a quienes dio a
conocer los objetivos que persigue su departamento con esta normativa, que
busca mantener en buen estado el parque inmobiliario actual, pero también dar
alternativas a un castigado sector de la rehabilitación, al que con los partes
negativos de las inspecciones se abre una opción de negocio.
Silván explicó que el objetivo del
encuentro fue armonizar las normativas municipales, que han ido desplegando los
ayuntamientos. Por ese motivo, se creará un grupo de trabajo cuyo propósito
final, según palabras del consejero, será «homogeneizar» directrices. La
principal novedad que establece esta ITV es que se fijará una evaluación
periódica y obligatoria del estado de conservación de todos los inmuebles en
municipios de más de 20.000 habitantes, mientras que en aquellos que superen
los 5.000 censados se prestará atención a los edificios colectivos de uso
residencial. Por su parte, los ayuntamientos se encargan de fijar los
procedicimientos para que los técnicos lleven a cabo la inspección, que puede
certificar que el inmueble cumple lo establecido o determinar las actuaciones
de conservación requeridas. Los responsables de la propiedad, por su parte,
están obligados a promover el examen, por vez primera 40 años después de la
culminación de las obras, y posteriormente, cada diez años para sucesivas
revisiones.
«Se trata de concienciar y
sensibilizar más que sancionar para velar por el buen estado de los edificios»,
agregó el consejero, quien remarcó que «tiene que cambiar la mentalidad y
adaptarse a la situación».
Contenido
El nuevo decreto fija pruebas, modelos
y el ámbito mínimo de inspección, además del criterio de exigir la subsanación
de deficiencias detectadas. De igual forma, se regulan potestades municipales
para controlar la aplicación de la ITV a partir de la certificación, en su
caso, acreditativa de la revisión de problemas. La norma valora que municipios
hagan frente a esas correcciones, que se ejecutarán subsidiariamente, lo que
posteriormente revertirá económicamente en quien incumpla.
Desde el sector, el responsable de
Itecova, una de estas agencias que llevan a cabo las inspecciones, Arturo
Zarzuelo, aplaudía la nueva norma y apuntaba a LA RAZÓN que, «llevo desde 2011
afrontando estos trabajos y he de decir que hasta ahora apenas un 5 por ciento
de los casos de gente con la que he empezado a abordarlos, me ha dicho que
hasta que no fuera obligatorio no lo harían». Zarzuelo consideró acertado
también que los ayuntamientos remitan cartas a los propietarios de inmuebles
con más edad de una manera progresiva, porque fórmulas, apuntó, existen. Por
otra parte, reclamó una mayor atención a la gestión de los administradores de
finca en este ámbito.
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