Los edificios con más de medio siglo
como el del número 9 de la calle Alcalde García Conde, construido en 1962 y una
de cuyas cornisas se desprendió el domingo y acabó con la vida de María del
Carmen Vilar Arias, no tienen la obligación de someterse a inspecciones
periódicas para evaluar su estado de conservación debido al vacío legal que
existe sobre esta cuestión en estos momentos. Este limbo normativo afecta en la
ciudad a 6.852 edificios que han sido construidos hace más de 50 años, según
los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras
también muestran que en Oviedo hay un total de 118 edificaciones que presentan
un estado de ruina.
El Principado es una de las comunidades autónomas que aún no ha regulado la figura de la inspección técnica de edificios (ITE), que impulsó el Gobierno central en 2011, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y que ha sido ampliada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el anteproyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas al que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes 5 de abril.
La ley estatal marca las directrices que luego las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben seguir. En un principio, la inspección técnica de edificios iba a desarrollarse sobre aquellos inmuebles con más de medio siglo de vida en los municipios que superan los 25.000 habitantes. El Gobierno central dio hasta el año 2015 para que comenzara a aplicarse la ITE con todas sus consecuencias. Algo que ya se hace en varias ciudades españolas.
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De todas formas, la ITE ya ha sido rebasada por el nuevo cambio normativo
diseñado por el Gobierno de Rajoy y cuyo anteproyecto ya ha sido enviado a las
Cortes para su votación. En este caso, la ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas va más allá de la ITE, ya que recoge más puntos a vigilar
por los responsables del control del estado de los edificios. La ITE es
sustituida por el Informe de Evaluación del Edificio (IEE). Éste deberá aportar
información sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
accesibilidad y debe incluir la certificación de eficiencia energética. Lo que
no se concreta en el anteproyecto es si el informe debe abordar el estado de
las fachadas. Este informe será obligatorio para todos aquellos edificios con
más de 50 años de existencia a partir de 2019. El coste correrá a cargo de las
comunidades de propietarios.
El desarrollo de esta ley estatal es a lo que está esperando el Principado para sacar adelante la normativa regional, que desarrolló a lo largo de los meses del pasado verano. Mientras, el Ayuntamiento de Oviedo, donde hay un total de 15.002 edificios repartidos por todo el concejo, espera a su vez que el Gobierno del Principado desarrolle la ley autonómica para poner en marcha las ordenanzas municipales que determinarán cómo debe hacerse la inspección de los edificios antiguos.
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