martes, 17 de septiembre de 2013

Valencia. Terminar de expropiar el Cabanyal costaría a Valencia 804 millones.

El Ayuntamiento de Valencia deberá aplicar una edificabilidad tres veces mayor en el pago de las expropiaciones pendientes del PEPRI del Cabanyal de lo que estaba pagando, en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo que considera erróneos sus cálculos, según el grupo municipal de EU.

De esta forma, el presupuesto pendiente para esas expropiaciones -más de 60 % de la superficie total a expropiar-, que asciende a más de 53 millones de euros, superaría los 804 millones, según ha explicado hoy el portavoz de EU en el Ayuntamiento, Amadeo Sanchis.

Acompañado del abogado José Luis Ramos, Sanchis ha dado a conocer hoy una sentencia de la Sala Tercera del TS que desestima un recurso contencioso-administrativo del Ayuntamiento contra el artículo 21 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo sobre la fórmula aritmética para determinar la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo.

"La sentencia dice que la forma de expropiar no es correcta", ha sentenciado Sanchis, quien ha apuntado que este fallo hace "inviable la política de expropiaciones municipal y, especialmente la del PEPRI del Cabanyal" y tiene "consecuencias directas a la hora de hacer cálculos de las expropiaciones".

"En todo lo que queda por expropiar del PEPRI, la edificabilidad se debe multiplicar por tres en vez de por 1,26 metros cuadrados que se estaban pagando", ha apostillado.

Ramos ha explicado que desde que el Ayuntamiento creó las áreas urbanísticas homogéneas en 2006, los cálculos para expropiar los hacía dividiendo la edificabilidad entre la superficie total, entre la que se incluía las zona verdes y dotacionales.

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Sin embargo, ha incidido en que el fallo del TS recuerda que el cálculo de ese coeficiente tiene que hacerse dividiendo entre la superficie edificable, lo que supone eliminar las zonas públicas.

Para Ramos esta sentencia supone un "revés" para el consistorio, y considera que hizo "trampa" en sus cálculos para "ahorrarse" dinero en el pago de las expropiaciones, lo que ha su juicio ha llevado al tribunal a imponerle las costas por un importe de 10.000 euros.

Ha explicado que en el caso del Cabanyal la superficie delimitada incluye unas veinte unidades con "grandes avenidas, Serrería y paseo Marítimo" y si dividen la edificabilidad por "toda esa superficie", el coeficiente de edificabilidad sale a 1,26 metros cuadrados.

Sin embargo, el Reglamento de 2011, que desarrollaba la aplicación de la Ley del Suelo, decía en su artículo 21 que en suelo urbano "se paga la edificabilidad media excluyendo en reparto las superficies públicas edificables", lo que aumenta ese cálculo, y que por ello el Ayuntamiento lo recurrió.

El edil de EU ha advertido de que "la sentencia es global", por lo que afecta todas las expropiaciones para equipamiento dotacional y zonas verdes que quedan por realizar en la ciudad, unos 430 solares de 1,7 millones de metros cuadrados. "Las expropiaciones serían desorbitadas", ha alertado.

Por ello, ha apuntado que estudian iniciativas políticas para que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989 y se debata sobre fórmulas para "compensar" a los propietarios de terrenos a expropiar con "permutas, convenios o acuerdos", de forma que las arcas municipales no se vean tan afectadas.

Grao niega que la sentencia afecte al plan del Cabanyal.
El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha negado hoy que una reciente sentencia del Supremo, hecha pública hoy por Esquerra Unida, afecte "en absoluto" al plan urbanístico del barrio valenciano del Cabanyal.

En un comunicado, Grau ha respondido al concejal de EU Amadeu Sanchis, quien ha asegurado hoy que, en virtud de la citada sentencia, el Ayuntamiento de Valencia deberá aplicar una edificabilidad tres veces mayor en el pago de las expropiaciones pendientes del PEPRI del Cabanyal, lo que encarecería el proceso hasta más de 800 millones.

Sin embargo, a juicio del vicealcalde "la sentencia del Supremo no afecta en absoluto al Pepri del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento, sino que afectará a los planes urbanísticos en el futuro".

"Por tanto lo que afirma EU no es más que una interpretación interesada y sesgada, porque sabe perfectamente que no es de aplicación en El Cabanyal", ha subrayado Grau.

"El propósito de EU es inducir a la gente al error y poner más trabas en el desarrollo del Plan urbanístico de El Cabanyal -ha destacado Alfonso Grau-, un plan con el que ellos políticamente están en contra, pero que no tiene nada que ver con la sentencia en cuestión".

El vicealcalde ha explicado que la regla para el cálculo de la edificabilidad media de las Áreas Urbanísticamente Homogéneas, establecida en 2008 y en el reglamento estatal de Valoraciones (art. 21), es aplicable sólo a los terrenos dotacionales que no tienen asignada edificabilidad, es decir, a terrenos dotacionales en suelo urbano no incluidos en ninguna unidad de ejecución y que no forman parte de ningún ámbito de gestión.

"Este no es el caso del Pepri del Cabanyal, donde todo el suelo a expropiar está incluido en diversas unidades de ejecución que tienen calculado su propio aprovechamiento, y del mismo modo ocurre con todos los planes urbanísticos aprobados", ha añadido.

"Por tanto la sentencia no es ningún varapalo judicial ni urbanístico para este Ayuntamiento, porque la Ley del Suelo afecta por igual a todos los municipios de España", ha resaltado Grau.

Para Alfonso Grau "las trampas las está haciendo el concejal Sanchis, tratando de inducir a los ciudadanos del Cabanyal al error con supuestos beneficios que sabe perfectamente que no son de aplicación, una maniobra más de EU para engañar a la gente, a las que ya nos tienen habituados".

Un fallo del Supremo multiplica el coste de expropiación del plan de El Cabanyal
El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Ayuntamiento de Valencia, presentado en 2011, contra un artículo del reglamento de la nueva ley del suelo. El Consistorio acudió al tribunal para pedir la anulación de uno de sus artículos porque desautorizaba una figura urbanística que el gobierno local del PP puso en marcha después de 2007 para rebajar el valor de las expropiaciones en la capital.

"En la práctica, la decisión del Supremo, que afecta por igual a toda Valencia, multiplica por tres o cuatro el coste de las expropiaciones delplan de El Cabanyal", ha explicado este jueves el portavoz del grupo municipal de EU en el Ayuntamiento, Amadeu Sanchis.

Acompañado del abogado especializado en urbanismo José Luis Ramos, el edil ha recordado que para llevar a cabo la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de fracturar el barrio marinero falta por expropiar un 60% del suelo. De aplicarse la sentencia, el coste del suelo pendiente de expropiar pasaría de 32 millones a 480, según los primeros cálculos.

El fallo no tiene carácter retroactivo pero si puede afectar a las expropiaciones que se realicen a partir de ahora. El alto tribunal ha condenado al Consistorio al pago de 10.000 euros en costas.

El plan de El Cabanyal, aprobado en el 2001, se encuentra paralizado a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un conflicto de competencias entre el Gobierno y la Generalitat. El Ministerio de Cultura gobernado por el PSOE aprobó a finales de 2009 una orden para proteger al barrio de las demoliciones que el gobierno local estaba llevando a cabo.

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